El gobierno y los parlamentarios de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados acordaron en la sesión del 11 de julio trabajar en conjunto con asesores técnicos indicaciones para perfeccionar el proyecto de rentas regionales, que está en su primer trámite en esa instancia legislativa.

Y si bien los problemas de los gobiernos regionales con el manejo de sus recursos que se han ido conociendo durante las últimas semanas podría impactar su discusión, en el gobierno han afirmado que esta iniciativa apunta precisamente a mejorar los controles y rendición de cuentas. El propio ministro de Hacienda, Mario Marcel, señaló en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados en la presentación del miércoles que lo que hace este proyecto “es combinar una regulación de los ingresos con su gestión financiera y establecer obligaciones de transparencia y rendición de cuenta”.

En ese sentido, detalló los elementos que se introducen para mejorar el control de los gobiernos regionales. “Frente a irregularidades o problemas en la gestión financiera de los gobiernos regionales se permite suspender las transferencias desde el gobierno central hacia los gobiernos regionales, la obligación de general un plan de normalización, se permite la intervención del gore por parte de Hacienda y la destitución del gobernador”.

De acuerdo a Marcel “por esta vía se está haciendo mucho más estricta y exigente la rendición de cuenta de los gobiernos regionales. Probablemente hay cosas que hay que pulir, quizá se requiere una definición más clara de lo que entendemos por transgresión de las normas de gestión financiera. Todo esto es factible de mejorar, pero lo que no se puede decir, a la luz de este proyecto, es que el gobierno este proponiendo un cheque en blanco a los gobiernos regionales”.

En la comisión, el ministro sostuvo habrá requerimientos de auditoría externa, calificación de riesgo y rendición de cuentas con estándares superiores a los que hoy tienen los servicios públicos.

Además, se entregan más facultades y se refuerza al Consejo Regional, tanto para la autorización como la fiscalización de la gestión financiera del Gobierno Regional.

Los proyectos de inversión deberán estar incorporados en los instrumentos de Planificación Regional –donde participan gobiernos regionales, servicios y municipalidades-, y deben formar parte de los presupuestos de los Gobiernos Regionales.

Desde el gobierno afirman que las indicaciones acordadas con los parlamentarios se ingresarán durante agosto y de esa manera avanzar en su discusión y votación. No obstante, entre los parlamentarios de oposición que integran la Comisión de Hacienda, ven que debido a la situación que ha pasado con los gobiernos regionales, solicitarán al Ejecutivo aplazar el inicio de la votación y de esa manera tener una discusión más pausada.

La diputada de Renovación Nacional (RN), Sofía Cid, afirmó que “la mesa técnica sigue trabajando, pero se ha dilatado un poco la discusión porque desde todos los sectores políticos mostramos preocupación por la facultad que se le entregaba a los gobiernos regionales para pedir créditos al extranjero”. Además, dijo que “preocupa la posibilidad que tendrían de endeudarse, sin respaldo por parte del Estado ni mayor control de Contraloría, lo que no puede ser”.

Mientras que su par también de RN, Miguel Mellado, acotó que “no hay mucho ánimo de avanzar en este proyecto dado lo que ha pasado”. Por eso, plantea que se debe dar un mayor plazo para el debate más “de fondo” para analizar algunos artículos relacionados con el endeudamiento que podrán tener las regiones.

Agustín Romero, diputado Republicano, dijo que ha ido avanzando “bastante en el trabajo técnico y ha habido una buena recepción de nuestras propuestas” y anticipó una de las preocupaciones que hará presente cuando se retome el debate legislativo. “La virtud de este proyecto no es que las regiones tendrán más control con su presupuesto, sino que es porque también se le entregarán más atribuciones que a mi juicio son peligrosas, porque independientemente que se intervenga el gobierno regional las deudas se mantendrán. Y ahí no vemos una solución clara, qué es lo que pasará después de esa intervención”.

Para Romero es mejor “hacer una discusión más lenta y por ello, plantea que es mejor que “el gobierno se tome todo el tiempo necesario para ampliar el debate”.

Desde el oficialismo, el diputado Boris Barrera (PC) sostiene que se han hecho alcances que van en la dirección de mejorar las regulaciones y el endeudamiento que pueden tener cada región. En cuanto a si los problemas de los gobiernos regionales podrían retrasar esta discusión, el diputado dijo que “al contrario, debería servir para poner mayor atención ante este tipo de situaciones y mejorar la estructura que tienen actualmente”.

La iniciativa contiene modificaciones a las fuentes de ingresos de los gobiernos regionales, entre ellos a los actuales fondos, particularmente al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), y otras transferencias del Gobierno Central. También reconoce la facultad para establecer derechos regionales, por ejemplo, asociados a concesiones nacionales de uso público y permisos por el uso de bienes fiscales, entre otras modificaciones. Además, se le otorga mayor autonomía presupuestaria a los gobiernos regionales para decidir sobre el destino de sus ingresos, junto con establecer un régimen financiero propio, con mejores instrumentos de gestión presupuestaria.

Junto con esas normativas, habrá una mayor rendición de cuentas. Una será a nivel local. Aquí, los gobiernos regionales tendrán que incluir en su cuenta pública anual el estado de las finanzas regionales y, por lo mismo, se le otorgan más atribuciones al Consejo Regional para fiscalizar sobre el uso de los recursos públicos. Además, se fortalece el rol de los Consejos de la Sociedad Civil. A nivel nacional, Hacienda entregará los detalles del cumplimiento de la regla fiscal regional a través de un reglamento. Los perfiles de solvencia también los desarrolla Hacienda, junto con someterse a revisión de clasificadoras de riesgo.

Las regiones también podrán tener crédito público, pero esto está acotado a que puedan tomar préstamos con organismos internacionales como el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) -o el Banco Interamericano de Desarrollo- y será para proyectos de inversión de alta pertinencia territorial y de enfoque estratégico.