Las empresas de Gonzalo Vial Concha (58 años), dueño de Graneles de Chile e hijo del controlador de Agrosuper, propusieron en las últimas semanas al sistema financiero un nuevo aplazamiento para el pago de deudas por US$ 290 millones reprogramadas a fines de 2017. Desde esa fecha ha habido seis prórrogas para el pago completo de las acreencias. La última fue en septiembre y se fijó un nuevo plazo final para el 16 de marzo de 2021. En dos semanas más.
La cercanía de la fecha ha generado movimientos de distinto tipo. Santander, uno de los mayores acreedores, con US$ 60 millones, presentó dos medidas prejudiciales destinadas a involucrar en el caso a las sociedades dueñas de Agrosuper y a su controlador, Gonzalo Vial Vial (85 años), abriendo una disputa con el holding alimenticio, cuyos personeros acusan un intento de intimidación.
Pero Vial Concha también ha estado activo. Junto a sus asesores, entre ellos el abogado Nelson Contador, especialista en quiebras y reorganizaciones judiciales de empresas en crisis, propuso a los bancos un programa de pagos a dos años para el pago de las deudas de Agrogestión Vitra S.A. y Graneles de Chile S.A., los titulares de las deudas. En 2017, el propio Gonzalo Vial Concha entregó su aval personal para esas deudas. Vial Concha trabaja también con el abogado Luis Hermosilla.
Durante enero, los asesores de Vial Concha hicieron llegar a los bancos borradores de propuesta, dijeron personas ligadas a los acreedores. Y esta semana pidieron una respuesta formal a los bancos. Al menos uno de ellos, el Santander, ya comunicó al Banco de Chile, coordinador del comité de acreedores, que no aprueba la solución. Otros dos bancos también estarían en esa disposición. Y para una nueva reprogramación se requiere la unanimidad de los apoyos.
Según uno de los acreedores, la propuesta de Graneles de Chile consiste en un programa de pagos a dos años plazo: pagar menos de un 1% del capital el primer año y cerca del 8% el segundo año. Todo ello con dineros que se obtendrían de la venta de activos y negocios ligados a las sociedades operativas, Vitra y Graneles. Incluso se ha planteado, dicen desde un banco, la enajenación de esas compañías, hoy los principales negocios de Vial Concha. En el programa de ventas también se consideran pertenencias mineras de hierro, terrenos en Mendoza y la participación controladora del grupo en Puerto Panul, el operador del terminal granelero del puerto de San Antonio.
De cualquier manera, difícilmente la venta de la totalidad de los activos permitiría al grupo solventar todos los pasivos repactados. Por ello, Graneles habría propuesto que el saldo insoluto de las deudas totales -tras las ventas de activos- se pagara con los flujos de dividendos que acuerde Gonzalo Vial Concha en las sociedades donde tiene participación social, directa o indirectamente. Pero aquello, dicen los bancos, es una promesa vana: ya se ofreció antes y, como demostró la acción judicial de Santander, Vial Concha no ha recibido ningún peso de los dividendos y utilidades que genera Agrosuper, un gigante agroalimentario de finanzas sólidas.
Si llegado el plazo del 16 de marzo no hay acuerdo, una opción es presentar una propuesta de reorganización judicial, pero es una alternativa que no convence a los bancos, por la baja recuperación de dineros.
Los acreedores: mayores y menores
Las deudas consolidadas de Graneles y Vitra con el sistema financiero suman US$ 290 millones, pero en las empresas del grupo Vial Concha afirman que llegaron a ser más del doble antes de la reprogramación de 2017 y que se pagaron porciones relevantes de las deudas con otro ciclo de venta de activos. Y que, además, en los últimos tres años, dicen que han pagado los intereses respectivos, algo que desde los bancos admiten.
Lo que no se ha cancelado es el capital. Y en esa distribución, el acreedor más relevante es Itaú, con US$ 74 millones, el 26% del total de las acreencias. Le siguen Santander, con el 21% y el BCI, con el 16% del total (unos US$ 45 millones). Más atrás están Scotiabank (US$ 41 millones); el Banco de Chile (US$ 22,6 millones); Rabobank (US$ 17 millones); Consorcio (US$ 11,7 millones); Bice (US$ 11,1 millones) y Security (US$ 6 millones).
