El abogado Claudio Uribe fue el presidente de la Asociación Nacional de Fiscales (ANF) desde 2013, por tres periodos. Ayer, cansado del exceso de trabajo y frustrado por la falta de apoyo, renunció al Ministerio Público. La razón: durante su paso por la institución, que se dedica a la persecución penal, dice que se dio cuenta de muchas cosas que no le parecen correctas y que lo llevaron a tomar la decisión de dejar el organismo por el que trabajó desde 2003.
Entre ellas, señaló que “el fiscal nacional está más preocupado de terminar su período que de conducir la institución” y que “no ha existido suficiente fuerza para resistir las presiones políticas”. Sobre este tema, Uribe indicó que desde que Jorge Abbott fue acusado constitucionalmente en 2018 por un grupo de parlamentarios del Frente Amplio y la Nueva Mayoría, la preocupación de la Fiscalía Nacional ha sido protegerlo, mantenerlo a salvo de la crítica y “en el camino no se ha sido lo suficientemente valiente para tomar decisiones”. Esa vez, todos los magistrados de la Corte Suprema rechazaron las acusaciones de negligencia presentadas por los diputados en contra de Abbott.
Nosotros como fiscalía vivimos una ficción, en que se supone que dirigimos las investigaciones pero es poco lo que podemos hacer”.
Claudio Uribe
Según el exfiscal adjunto de Valparaíso, hoy no ve que se cuestione por qué el Ministerio Público obtiene malos resultados en relación al bajo número de condenas, por qué no tiene una buena imagen pública y por qué actualmente las causas demoran más tiempo en tramitarse: “No veo un análisis de fondo en esos puntos y qué mejoras de gestión se pueden hacer. Lamentablemente, la experiencia de que el fiscal nacional haya sido criticado fuertemente y llevado a defenderse frente a la Corte Suprema originó que las preocupaciones se centren más en blindar a Abbott que en darle conducción al Ministerio Público. En ese sentido, los fiscales adjuntos fuimos dejados en la orfandad, cada cual entregado a su suerte con un gran número de causas y sin apoyo, porque la Fiscalía Nacional derechamente está en otra”.
Sostuvo que en total cada fiscal ve entre mil y dos mil causas anuales con miles de víctimas y que los apoyos administrativos son mínimos para ese volumen de casos. En ese sentido, señaló que “un fiscal común y corriente tiene una carga de causas tal que en la práctica no hay una revisión adecuada de los procesos”. De acuerdo a Uribe, “esa situación es insostenible y del punto de vista profesional es bastante frustrante no poder hacerse cargo de la forma debida de las causas que se supone que están a tu resguardo”.
En la misma línea, el abogado planteó que ha habido debilidad de parte de la cabeza del Ministerio Público para soportar las presiones. “Hay que investigar con igual celo las circunstancias que sirven para absolver que las que sirven para condenar y hay que hacer una persecución dura y hasta las últimas consecuencias, sin importar las motivaciones políticas. Y acá uno siente que hay más preocupación por el impacto comunicacional de algunas investigaciones, por quedar bien frente a grupos de presión, cuando esas son cuestiones que los fiscales no debemos mirar”, señaló Uribe.
Además, dijo que los persecutores no tienen control sobre lo que hacen las policías e “igualmente debemos soportar las críticas por las malas investigaciones”. Sobre este tema, sostuvo que los fiscales están expuestos a muchos cuestionamientos y se les dice que no investigan adecuadamente, pero en la práctica no tienen capacidades investigativas propias, ya que tienen que indagar a través de las policías, quienes “no investigan de acuerdo a lo que nosotros les pedimos, sino que bajo sus propios parámetros, en la medida en que les importa el caso. Más bien hacen una tramitación burocrática y administrativa”. Asimismo, hace un llamado a la necesidad de más policías para investigar y que las pocas unidades de Carabineros destinadas a esa materia finalmente las usan para otra cosa.
Así, indicó que los tratamientos para investigar y las prioridades las fija en Ministerio del Interior: “Nosotros como fiscalía vivimos una ficción, en que se supone que dirigimos las investigaciones, pero es poco lo que podemos hacer”.
En relación a las causas del estallido social, cree que “la autoridad parece estar más preocupada de dejar tranquilos a los grupos de presión que de buscar sanción para quienes cometieron delitos”. Sobre esto, indicó que los fiscales no deben ver si hubo o no una motivación política en la comisión de ilícitos en estos casos. “He echado de menos una reacción más fuerte de la Fiscalía Nacional, dejando claro que los fiscales no hacemos política, no somos instrumento de la represión ni liberador, simplemente hacemos nuestra labor y si a alguien no le gustan las leyes que las cambie, pero que no acusen a los fiscales”, aseguró.
Pese a las críticas, dijo que para sus compañeros de trabajo solo tiene palabras de agradecimiento por el esfuerzo que hacen a diario por tratar de mantener la labor institucional y un rol que es cada día más difícil.
