Más de cuatro años pasaron para que la alta comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pudiera concretar un viaje a China, y específicamente a la región de Xinjiang. El itinerario de seis días de duración empezó este lunes en Cantón con una reunión con el canciller Wang Yi y que marca un precedente al ser la primera visita de un alto comisionado de la Organización de Naciones Unidas (ONU) desde que Louise Arbour lo hizo en 2005. La comitiva también visitará las ciudades de Kashgar y Urumqi, la capital regional, en un viaje que busca esclarecer posibles violaciones hacia comunidades musulmanes uigures.

Pero la llegada de la comitiva no ha estado exenta de cuestionamientos por parte de organizaciones de derechos humanos, las que se agruparon para enviar una carta a la expresidenta chilena donde casi 200 ONG expresaron su preocupación. Misma línea que la del gobierno de Joe Biden, quienes han señalado que China utilizará la visita como propaganda política para alegar falsas acusaciones en cuanto a derechos fundamentales. Fue el portavoz del Departamento de Estado norteamericano, Ned Price, quien afirmó que están “profundamente preocupados por la próxima visita de la alta comisionada”.

En 2014 se registraron múltiples atentados en la región de Xinjiang, ubicada al noreste del país y una de las más grandes del gigante asiático. Tras esta ola de ataques, el gobierno decidió intervenir completamente el lugar. A la ofensiva le llamaron “Campaña de mano dura contra el terrorismo violento”.

Según los funcionarios chinos, algunos de los autores de los ataques fueron el Movimiento Islámico de Turkestán Oriental, quien es sindicado por la ONU como un grupo terrorista. Tiempo después surgieron los primeros reportes de denuncias sobre centros de reeducación levantados por China, los que fueron corroborados por diversos informes internacionales, acusando un intento por borrar la identidad cultural de los afectados.

Cuando ya se hacía imposible esconder la presencia de estas construcciones erigidas especialmente para las comunidades uigures, el gobierno salió a defenderse asegurando que son “centros de formación vocacional” donde se les enseña la cultura china y el mandarín. Las cifras, reportaron instituciones ligadas a derechos humanos, serían cercanas al millón de musulmanes uigures retenidos contra su voluntad.

Según un informe de la Clínica de Derechos Humanos y Resolución de Conflictos de la Facultad de Derecho de Stanford, en conjunto con Human Rights Watch, la presencia de estos campos de reeducación demuestran que China “ha cometido, y sigue cometiendo, crímenes de lesa humanidad contra la población musulmana turca”, lo que ha sido constantemente rechazado por funcionarios del gobierno chino.

Con un informe elaborado por la ONU sobre la situación en Xinjiang que nunca vio la luz, la delegación encabezada por Michelle Bachelet partió hacia la zona. El problema escaló cuando el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Wang Wenbin, aclaró que la visita se realizaría en una “burbuja sanitaria” debido a las estrictas medidas que China implementó en gran parte del país. Esto se traduce en que la comisión dirigida por Michelle Bachelet no podrá hablar libremente con quien ellos decidan, pues romperían la burbuja.

Las alarmas se encendieron de forma inmediata. El portavoz del Departamento de Estado de EE.UU. criticó duramente a Bachelet al plantear que “su continuo silencio frente a la evidencia indiscutible de las atrocidades en Xinjiang y otros abusos a los derechos humanos en toda la República Popular China es profundamente preocupante, particularmente porque ella es y debería ser la principal voz sobre el tema”. Crítica que se acumula desde hace un año atrás, cuando el gobierno estadounidense calificó la situación de los uigures como un genocidio.

Desde Human Rights Watch también mostraron su preocupación sobre la posibilidad de que el gobierno chino “manipulara la visita para usarla como relaciones públicas”, considerando que está entre las alternativas el que la investigación no se lleve a cabo de la forma ideal gracias a los bloqueos que el gobierno chino realizará alegando la prevención del Covid-19.

La directora de Human Rights Watch China, Sophie Richardson, aseguró, por su parte, que “desafía toda credibilidad que el gobierno chino permita que la alta comisionada vea cualquier cosa que no quieran que vea, o que permita que los defensores de los derechos humanos, las víctimas y sus familias hablen con ella de manera segura, sin supervisión y sin temor a represalia”.

Similar es la postura del gobierno estadounidense, ya que Price afirmó que “no esperamos que la República Popular China otorgue el acceso necesario para realizar una evaluación completa y no manipulada de Xinjiang”. Pero amplió las críticas a la exmandataria chilena al no publicar el informe que la ONU realizó sobre la región china.

“A pesar de las frecuentes afirmaciones de su oficina de que el informe se publicaría en breve, aún no está disponible para el público y le pedimos a la alta comisionada que lo difunda sin demora y que no espere la visita”, dijo el portavoz del Departamento de Estado. El plazo se cumplió y el documento no se liberó.

Durante la última jornada de los seis días de visita, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos aseguró que se informará sobre los resultados de la visita en una conferencia de prensa. El resultado, dijo Richardson, sellará el legado de Michelle Bachelet, pues “medirá por su voluntad de responsabilizar a un Estado poderoso por crímenes de lesa humanidad”.