El informe ya llevaba meses en el escritorio de la Procuraduría General del Estado boliviano, pero recién este fin de semana, y por la prensa, la opinión pública pudo tener conocimiento de la investigación llevada a cabo por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y que vincula a Evo Morales con los policías que dieron muerte a tres extranjeros en el año 2009. Todo esto, gracias al periódico cruceño El Deber, que filtró el documento.

Según el informe, se determinó que en 2009, mientras Evo Morales era presidente de Bolivia, las fuerzas del Estado ejecutaron extrajudicialmente y torturaron a cinco personas, que se especulaba, formaban parte de un supuesto grupo armado. En esos años se habló de un movimiento “secesionista” que pretendía alzarse y separar el país, vinculado con un grupo de mercenarios encabezados por el boliviano de origen húngaro Eduardo Rózsa. Este último murió, junto con otras dos personas, el 16 de abril de 2009, día del asalto al hotel Las Américas, en la ciudad de Santa Cruz.

La situación dejaría al actual Presidente, Luis Arce, en una encrucijada: Bolivia puede, o aceptar el contenido del informe y probablemente juzgar al anterior mandatario, o rechazarlo, y dar lugar a que CIDH presente una acusación ante la Corte Penal Internacional.

El caso Rózsa, como se le llamó entonces, implicó una supuesta célula terrorista cuyo fin era asesinar a Evo Morales y fracturar el Estado boliviano. En este contexto, el 16 de abril de 2009, la Unidad Táctica de Resolución de Crisis de la policía boliviana ingresó al hotel Las Américas, en la ciudad de Santa Cruz, realizando detonaciones e irrumpiendo en los cuartos donde se hospedaban Eduardo Rózsa Flores, Árpád Magyaroisi y Michael Dwyer. Todos ellos fueron abatidos y muertos en el lugar. Durante esa misma madrugada fueron detenidos también Elöd Tóásó y Mario Tadic, de quienes el informe señala, sufrieron torturas por parte de los agentes estatales.

El asalto, que podría haber caído en las manos de las policías del departamento de Santa Cruz, fue ordenado en cambio por el Ministerio de Gobierno, desde La Paz, señaló el diario El Deber. En ese momento, Evo Morales estaba en Venezuela, mientras que el ministro correspondiente en el caso, Alfredo Rada, andaba en Brasil.

En el informe, la CIDH señaló que fue el gobierno quien le dio la Unidad Táctica las instrucciones de proceder, en lo que constituyó un operativo sin orden ni judicial ni fiscal. Entre los detalles del asalto policial, el informe acusa que las cámaras de seguridad del hotel fueron apagadas desde el día anterior, y que internet se cortó minutos antes del operativo, a las 3:10 de la mañana, restableciéndose horas después de este terminado.

Una de las fuentes que citaría este informe es desde la misma policía, en cuanto Walter Andrade, entonces integrante de la fuerza policiaca involucrada, envió un reporte al comandante de la institución. En esto informa que “se intervino exitosamente, de acuerdo al plan acordado por Ministerio de Gobierno, Vicepresidencia y Unidad de contingencia de la Embajada de Venezuela”.

Al respecto de lo sucedido en el hotel, el periodista John Arandia de la Radio Fides comentó el informe, señalando: “Asesinato fue lo ocurrido en el Hotel Las Américas. No hay duda. Existieron también violaciones a los DD.HH. contra Tadic y contra Tóásó en el momento de la detención”. Uno de los testimonios citados en el informe comenta: “Ni bien los encontré en El Alto, compré frazadas y ropa para protegerlos porque los tipos estaban semidesnudos. Les hice quitar las manillas y otros fiscales les tomaron declaraciones y otros los que cometieron torturas”.

Una de las conclusiones principales del informe de la entidad es que el Estado boliviano cometió graves violaciones a los derechos humanos: ejecuciones extrajudiciales, torturas, en conjunto con un uso de la detención preventiva de manera punitiva, ya que hubo casos de acusados que pasaron entre 6 a 10 años, sin que se respetase el principio de inocencia. Entre los firmantes del informe se encuentra la hoy ministra de Relaciones Exteriores chilena, Antonia Urrejola, que en ese entonces era la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El mismo Evo Morales no tardó en comentar la filtración a través de las redes sociales. “Denuncio ante mi pueblo y militancia del MAS-IPSP –su partido político– que operadores del plan negro, al ver que fracasó investigación y acusación, con cartas falsificadas para proscribir al MAS-IPSP y su dirigencia nacional, ahora tratan de direccionar caso de terrorismo separatista en nuestra contra”, tuiteó el expresidente, que gobernó desde La Paz entre 2006 y 2019.

“Como hemos advertido anteriormente, el ‘lawfare’ o instrumentalización de la justicia con fines políticos es un método de la derecha interna y externa”, aseguró el líder del MAS, que ya venía comentando desde hace años lo que podía salir del CIDH. “Si se admite la demanda del caso hotel Las Américas, entonces, la CIDH es defensora del terrorismo y del separatismo que quiso dividir la Patria y enfrentar a hermanos bolivianos en 2009″, señaló en 2018.

Lo que se viene ahora para Morales queda en manos del gobierno boliviano. Según lo mencionado por El Deber, Bolivia está en la antesala de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entidad paralela a la Comisión. Para evitar que un juicio internacional comience, La Paz tendría que cumplir las cuatro recomendaciones del informe: reparar las violaciones cometidas con medidas de compensación, tomar medidas de atención en salud física y mental para las víctimas, tomar medidas para que en el futuro no se produzcan hechos similares, e investigar y sancionar a los responsables.

A Infobae, el exembajador de Bolivia ante la OEA, Jaime Aparicio, señaló: “El Estado boliviano puede aceptar esa decisión de la comisión y ahí se acaba el proceso. La opción dos es que se nieguen a aceptar, y en ese caso la petición pasaría a la Corte Interamericana, en Costa Rica. Se iniciaría un proceso jurídico internacional”.

Marco Antonio García Claros, expresidente del Colegio de Abogados de Cochabamba y exvicepresidente del Colegio Nacional de Abogados de Bolivia, explicó a Infobae que el caso podría incluso llegar hasta la Corte Penal Internacional (CPI), ya que la familia de Dwyer también presentó el caso ante el Parlamento Europeo y ante el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales.

El politólogo Marcelo Silva comentó a RFI la situación del expresidente, que no cuenta hoy, precisamente, con el favor de su compañero de militancia Luis Arce. “No se establece que se haga inmediatamente, esto hay que aclararlo bien, un juicio determinado a ciertas personas, sino una investigación. Y esto va directamente en relación o en línea al expresidente Evo Morales -habrá que ver cuál es su grado de responsabilidad en esto- y a los ministros de Estado que en su momento tomaron también esta determinación, especialmente al ministro de Gobierno de ese entonces, quien indudablemente estuvo a cargo del operativo”, matiza Silva.

“Esto se hace un poco más complejo ahora, debido a que en el país existe una pugna abierta entre el Presidente Luis Arce Catacora y el jefe del partido político, Evo Morales. Y claro, todo apunta a ver con muchísima atención cuál es la determinación, si este informe se hace oficial, que podría tomar el gobierno del presidente Luis Arce en relación a esta conminación que estaría haciendo la CIDH”, agrega el politólogo.

Aunque Arce aún no ha comentado la situación directamente, diputados del MAS sí han dado declaraciones. “Se tiene que investigar a los exministros y exgobernantes, y no vamos a cubrir a ninguna de las exautoridades, así sea el expresidente Evo Morales”, señaló, por ejemplo, el parlamentario Andrés Flores.