Preocupado se muestras el gerente general de AFP Capital, Jaime Munita, respecto al quinto retiro y el proyecto propio que ingresó el gobierno para un nuevo giro. También levanta dudas sobre lo que aprobó la Convención Constitucional sobre seguridad social y pensiones.

¿Qué le parece el proyecto que ingresó el gobierno para un nuevo giro?

Obviamente nosotros no esperábamos un quinto retiro. Y el hecho de que el Gobierno ya haya presentado un quinto retiro... Teníamos la expectativa de que podría haber una política pública distinta para poder ayudar a la gente. Sabemos que la situación económica está apretada, sabemos que hay gente que tiene necesidad, pero no hubiéramos esperado un retiro patrocinado por el gobierno y, más encima, limitado a pago de deudas financieras.

¿Están bien los plazos que establece el proyecto para que la AFP pague los retiros a la institución acreedora correspondiente?

El primer retiro logramos sacarlo en un tiempo récord, sin haber estado preparados, teniendo que construir todos los sistemas de pago. Y la verdad es que la gente se dio cuenta de que su plata estaba, que las AFP fueron eficientes. Pero después vino el segundo retiro, el tercer retiro, vino el proyecto de enfermos terminales, viene ahora la Pensión Garantizada Universal (PGU), y viene este quinto retiro. Y la verdad es que los riesgos operativos para las AFP están siendo cada vez mayores, porque la presión por tener que pagar de distintas formas, porque cada uno de estos procesos tiene su forma, tiene sus reglas, y es tremendamente masivo. Entonces, eso a las AFP les significa asumir cada vez más riesgo operativo producto de estos cambios, proyectos, y casuísticas. Nosotros, como AFP Capital, pagamos más de 90.000 pensiones de alimentos, y eso tiene sus reglas, donde hay que revisar cada uno de los fallos. Entonces, la verdad que la carga operativa que se le está exigiendo a las AFP, está al límite.

¿Sería adecuado poner más plazo para el desembolso de estos fondos?

Nosotros todavía estamos trabajando en incrementar la PGU, porque hay que recordar que se implementa en tres etapas. Es complejo. De alguna manera se delegó en las AFP hacer todos esos cálculos, cálculos que se le entregan al IPS y que tienen descuentos y un montón de otras cosas en que los equipos están trabajando los fines de semana, en la noche, para poder llegar a los plazos que nos exigen. No hemos terminado (de implementar la parte operativa de) ese proyecto y ya tenemos este otro proyecto, que la verdad es que es altamente exigente. No sabemos cómo va a salir finalmente, pero lo que uno observa es que es de una complejidad muy alta en lo operativo.

¿El hecho de que se haya presentado este proyecto cierra la puerta para nuevos retiros?

Hoy entiendo que se presentó el sexto (retiro). Es lamentable que todos estemos conscientes de que necesitamos reformar el sistema para mejorar y subir las pensiones. Y por otro lado, lo que se está haciendo en el Congreso es justamente sacar recursos que son de los trabajadores para su vejez, para hacer frente a una debilidad en términos de política pública, de ayudar a las personas con otros mecanismos que nosotros esperábamos que hubieran sido mucho más novedosos, o creativos.

¿Cómo evalúa lo que ha aprobado la Convención en seguridad social?

Entendemos que en una Constitución debieran haber criterios más generales y no una solución concreta, un mecanismo específico, o al menos cierta certeza respecto cómo va a ser el futuro de las pensiones. Por un lado, vemos con preocupación el hecho de que el texto que se votó genera más incertidumbre. No es claro, y desde ese punto de vista genera más incertidumbre sobre el futuro de los fondos de pensiones que hoy día administran las AFP. Y por otro lado, tampoco se consideró los aspectos que para las personas son lo más importante, que básicamente era la iniciativa popular más votada, “Con mi plata no”. Había tres cosas que las personas de alguna manera querían resguardar: la propiedad de los fondos, la capacidad de elegir, y que esos fondos fueran heredables, o pensión de sobrevivencia para las familias. Y eso no se consideró. Entonces, claramente vemos con alta preocupación que no se esté considerando lo que las personas realmente quieren del sistema. Tampoco se incluyó, y se votó en más de una oportunidad, explícitamente que la propiedad de los fondos son de las personas, así como la heredabilidad. Y este es un tema en el cual la gente tiene incertidumbre.

Pero los convencionales argumentan que ello no está estipulado en constituciones de otras partes del mundo y que, además, eso queda resguardado en el derecho de propiedad.

Recordemos que en el pasado ha habido proyectos de nacionalización (de los fondos de pensiones que se han presentado en el Congreso). Hay ruido respecto a este tema. Por eso hubiera sido positivo haber tenido un artículo que le hubiera dado la tranquilidad a la gente sobre la propiedad de los fondos. Y no se hizo. Algunos dicen que no es necesario porque está resguardado en la propiedad privada y no se puede especificar cada una de las cosas, pero el ruido que esto genera no lo tiene la propiedad privada. Entonces, claramente hubiera sido mucho más tranquilizador para la gente haber visto que efectivamente en la Constitución se resguardaba esa propiedad.

Tal como quedó el articulado sobre seguridad social, hay distintas interpretaciones sobre cómo sería el sistema de pensiones. ¿A su juicio, cómo sería?

En los artículos 16 y 17, que fueron los aprobados, si bien no es explícito que en el futuro los fondos vayan a ser administrados por el Estado, y aunque no dice literalmente reparto, sí se empieza a dibujar un sistema de contribución definida. Eso, lo que significa, es que la propiedad de los ahorros deja de ser de las personas, porque el Estado se hace cargo para poder entregar una contribución definida y, probablemente, esos fondos pasan a un fondo común. Sí es importante también precisar que esto es lo que nosotros estamos viendo, porque los artículos todavía no son precisos. Entonces, en esto probablemente todavía hay ciertas interpretaciones. Y también es cierto que ninguno de los artículos eliminan la participación de los privados. No lo dice específicamente, pero tampoco es claro cuál es el rol que van a tener en el futuro. Es ambiguo.

Entonces, según lo aprobado, ¿podría haber un sistema mixto, así como también podría haber un sistema de reparto. Y así como podría haber actores privados en el sistema, también podrían no existir. Todo ello dependiendo de la interpretación?

Nosotros todavía vemos que hay ciertos ángulos de interpretación, porque recordemos que esto (que se aprobó) es un sistema público, y es el Estado quien debe dar las garantías de construir un marco legal para poder administrar un sistema de pensiones público (...) Y por eso digo que todavía hay lugar a interpretación y eventualmente algún ajuste en lo que se vaya a hacer (...) Obviamente todos esos temas nos preocupan, porque es importante que las personas conozcan y sepan hacia dónde está yendo el sistema de pensiones, dado que a nosotros nos preguntan permanentemente qué es lo que va a pasar, qué pasa con la propiedad de los fondos. Por eso nos parece importante delinear un poco este tema para transmitir hacia dónde está yendo el sistema.