“Este es un proyecto constitucional que intenta hacerse cargo de algunos problemas reales que tiene el país, pero cuyas soluciones creo que van a tender a profundizar muchos de los problemas que tenemos, más que solucionarlos”. Ese es el balance que hace el presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, sobre el borrador de la nueva Constitución que aprobó la Convención Constitucional.
Villarino estima que el estatuto minero, dependiendo de las leyes que se dicten, a futuro “no debiera interferir el desarrollo de la actividad minera”. Sin embargo, aclara que “mirar la minería solo por la ventana -el estatuto de los minerales- la verdad que es muy parcial. Aquí hay que mirar también el ordenamiento ambiental, territorial, los derechos de los pueblos originarios, el régimen de los recursos hídricos. Y cuando uno analiza todos esos elementos, se da cuenta que potencialmente se puede sacrificar aproximadamente un 30% de la producción de la gran minería del cobre del país y que va a ser muy difícil desarrollar minería en Chile... por lo menos hasta que se dicten una serie de normas que clarifiquen la aplicación en el mundo real de algunas de las disposiciones constitucionales”.
¿Cuáles son los temas que más le preocupan del borrador?
Esta es una Constitución que tiene un gran desequilibrio entre los derechos de los pueblos originarios, el cuidado del medio ambiente y el desarrollo económico. Olvida que sin desarrollo económico y sin crecimiento económico es muy difícil cuidar del medio ambiente y es muy difícil satisfacer los derechos sociales que está garantizando la misma. Entonces, yo creo que lo más preocupante de este proyecto de Constitución es un desequilibrio profundo entre los tres pilares del desarrollo sostenible, que son básicamente el cuidado del medio ambiente, el desarrollo social y el crecimiento económico. Cuando no hay crecimiento económico en el corto y mediano plazo, suele dejar de haber desarrollo social y suele dejar de haber cuidado del medio ambiente. Los países más pobres son los que menos cuidan el medio ambiente, los más ricos son los que más lo cuidan.
¿Cómo se ve reflejado esto en aspectos puntuales del borrador?
Se ve reflejado en la creación de muchísima burocracia, sin enfrentar el principal desafío que tiene el Estado hoy día, que es su modernización (...) Lo segundo, es la creación de enclaves que van a generar necesariamente muchos conflictos, en vez de solucionar los conflictos. Y son los enclaves con los estatutos especiales de los pueblos originarios, la creación y reconocimiento de territorios y terrenos con jurisdicciones propias, con tratamiento de los derechos de agua propios, con respeto a derechos y tradiciones propios, sin ninguna conversación con el resto del país, que son el 90% de los que habitamos este gran territorio. Creo que la división profunda entre pueblos originarios y el resto de las personas que habitan este territorio, en vez de ir a solucionar un conflicto vigente, lo que va a hacer es profundizar dramáticamente los conflictos que hoy existen, creando muchísima incertidumbre y creando pugnas, sobre todo de poder y de desarrollo, que son muy dramáticos (...) Y tercero, nos parece que el paso desde determinados regímenes de explotación de recursos naturales a uno totalmente distinto, como el que se está proponiendo, no considera muchos aspectos de la realidad del país que son francamente complejos de cambiar a fuerza de textos constitucionales.
¿Por ejemplo?
Los derechos de agua. Creo que es el tema más potente. No cabe ninguna duda que era necesaria una reforma del recurso hídrico y ésta fue objeto de una discusión de más de una década en el Congreso que dio origen a un nuevo Código de Aguas aprobado transversalmente después de diez años de discusión. Aquí, en menos de seis u ocho meses, se olvida toda esa discusión que ha tenido democráticamente el país y se pretende instaurar un régimen que va a traer mucha burocracia, mucha incertidumbre y probablemente poco aprovechamiento de manera eficiente y efectiva de los recursos hídricos, sin solucionar el problema más importante, y es que los habitantes de zonas rurales tengan acceso a agua potable y alcantarillado. Lo que va a generar es una gran entidad burocrática cuyos criterios son más bien arbitrarios y que no está enfocada en solucionar el problema real, que es darle un acceso prioritario en zonas rurales.
Se aprobó una norma transitoria que señala que apenas entre en vigencia la nueva Constitución, todos los derechos de agua pasan a ser autorizaciones de uso. Las sanitarias llamaron a buscar una transición más gradual. ¿También genera incertidumbre en la minería? De todas maneras están avanzando en desalar agua de mar...
Sí, claro, pero de aquí al año 2030 vamos a tener un 50% (del agua que usa la minería será de mar), pero el otro 50% va seguir siendo agua continental (...) La minería solo consume el 3,5% del agua (continental), pero sigue siendo un insumo indispensable para su desarrollo y sigue siendo un elemento sin el cual la minería no se puede desarrollar y, por lo tanto, lo que vamos a tener van a ser conflictos, incertidumbre, y al final, ignoramos cuál va a ser la forma en que van a actuar los tribunales. Además, se tiene que crear toda una judicatura paralela, que es la judicatura que resuelve los conflictos en los cuales intervienen los pueblos originarios. Y si son territorios donde se desarrolle minería, y que también se consideren de pueblos originarios, vamos a tener un primer problema: ¿Cuál es la judicatura competente para conocer de estos temas?. Entonces sí, evidentemente estas normas transitorias también introducen una incertidumbre para el sector.
¿Qué tanto afecta a la minería las normas sobre pueblos indígenas que se aprobaron?
Muchas de las faenas mineras que hoy día se están desarrollando en el país se desarrollan en territorios que pueden tener una pretensión de dominio por los pueblos originarios y, por lo tanto, la conversación con ellos, la regulación del diálogo y acuerdo con ellos, va a ser tremendamente condicionante para el desarrollo del futuro de la minería, sobre todo si se tiene en consideración que este proyecto constitucional establece algo que no se establece en ninguna Constitución del mundo: que un grupo de habitantes del territorio, que se denominan pueblos originarios, tienen que prestar su consentimiento para cualquier resolución que pueda afectar sus derechos. No están definidos los territorios y terrenos, ni cuáles son sus derechos. Toda esta aplicación de normas transitorias de recursos hídricos no se aplica a los pueblos originarios. Ellos son dueños, las utilizan de acuerdo a sus usos ancestrales, no prescriben, no se transforman en autorizaciones temporales, no tienen que pasar por la Agencia Nacional del Aguas y, por lo tanto, es evidente que aquí va a haber un conflicto. ¿La no posibilidad de transar los recursos hídricos que se aplica a los permisos se va a aplicar o no se va a aplicar a los derechos de agua de los pueblos originarios? Este proyecto tiene potenciales conflictos muy graves para el desarrollo de actividades productivas en general, en todos los territorios que se reclaman como territorios de pueblos originarios. Eso, además de tener un altísimo costo económico para el país, va a significar larguísimos procesos judiciales. Por lo tanto, esto es una verdadera pausa que se va a poner al desarrollo de actividades económicas en una parte importante del territorio del país.
Se aprobó una norma transitoria sobre las zonas de exclusión de la minería, entre las que se encuentran los glaciares. ¿Quedó bien formulado?
En general, la prohibición que da origen a estas normas transitorias es una prohibición que genera muchos inconvenientes, porque emite un juicio a priori, sin haber analizado cuáles son los impactos ambientales que las actividades pueden producir en esas zonas excluidas. Hay algunas zonas excluidas que racionalmente parece lógico aprobar, por ejemplo, los glaciares blancos. Pero (aprobar la exclusión en) glaciares en general, sin hacer ningún tipo de distinción entre rocoso, no rocoso, etcétera, puede generar muchísimo problema.
¿Cuantificable?
Estas prohibiciones generales, mientras no tengamos una bajada en la ley que defina cuáles son las áreas que realmente quedan afectadas, abre un tremendo espacio de incertidumbre y, a priori, al menos cuatro faenas de la gran minería del cobre podrían verse afectadas y obligadas a iniciar su proceso de cierre de aquí a dos años. Eso implica aproximadamente un 25%-30% de la producción de cobre del país. Los próximos dos años vamos a tener que esperar a ver cuál es la bajada y definición del origen de las cuencas hidrográficas y la definición que se da de glaciares, tema que ha tomado, al menos en el Congreso, una discusión de cuatro años.
¿Eso, incluyendo producción de Codelco?
Incluye (producción) pública y privada.
Actualmente no hay nuevas inversiones en el país. En el caso de la minería, solamente se están desarrollando los proyectos que ya estaban comprometidos. ¿Con este borrador al menos se despejan algunas dudas?
Se despejan mal las dudas que tenemos, en vez de despejarse bien. Quedan todavía una serie de incógnitas a ser resueltas por el poder legislativo, porque tienen que dictarse algunas leyes a propósito del texto constitucional. Pero, en general, los principios que se están consagrando aquí tienden a indicar que va a ser más difícil hacer minería en Chile y no solo porque se suban los estándares, cuestión a la cual estábamos muy acostumbrados (...) Lo que pasa es que aquí lo que vemos es que impera más una especie de visión que tiende a prohibir el desarrollo de la actividad. No se entiende que se prohíba la minería en los glaciares y no se prohíba el desarrollo de centrales eléctricas en los glaciares, o de otra actividad económica. Ese sesgo anti minero creo que obedece más bien a un desconocimiento de qué hace la actividad minera, cómo se desarrolla hoy día, y viene a constatar que va a ser muy difícil desarrollar nuevos proyectos mineros en el país.
Siempre se ha dicho que la minería, el cobre, es el sueldo de Chile. ¿Con esta nueva Constitución se le baja el sueldo a Chile?
Vamos a ver, pero es bastante indicativo que no hay de verdad una preocupación por el desarrollo de actividades económicas en general, y tampoco la minería en particular. Eso es bastante evidente de la lectura del proyecto de Constitución. Por lo tanto, va a ser muy difícil ver proyectos mineros nuevos y va a ser muy compleja la viabilidad de algunos que ya existen.
