Tras la seguidilla de emplazamientos de diversos sectores, la presión que impuso la Superintendencia de Educación con una fiscalización al proceso, y luego de cumplir un año y medio cerradas, las universidades han comenzado a concretar el regreso presencial a las aulas. “Hay que hacer los mayores esfuerzos para que ese retorno se haga lo antes posible, en forma gradual, evidentemente respetando los protocolos, pero también en la mayor escala posible, entendiendo que de ese retorno depende en forma importante el bienestar emocional de los jóvenes”, dice el subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas.

En entrevista con La Tercera, Vargas aborda las complejidades del proceso, la postura de los académicos que se niegan al retorno y advierte que está en manos de las instituciones resolver si la presencialidad vuelve a ser obligatoria, un temor que se ha instalado entre los estudiantes: “Las instituciones son autónomas y definen sus procesos formativos”, añade.

¿Cómo avanza la vuelta a la presencialidad en la educación superior?

La Superintendencia de Educación Superior nos ha informado que, de acuerdo al catastro que han hecho, el 96% de las instituciones que le han reportado información han declarado que van a iniciar un retorno gradual a contar del segundo semestre.

¿Qué tipo de instituciones son?

De todo tipo: universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica. Lo que sí es importante es que casi todas las instituciones ya han respondido. Hay algunas que todavía no lo han hecho, que han pedido un poco más de tiempo, pero estas que han respondido representan a una matrícula superior al millón de estudiantes en el sistema de educación superior.

¿Y qué hacer con ese 4% que ha declarado que no retornará?

Lo que nosotros les hemos transmitido a las instituciones es que existe un deber ético de parte de todo el sistema para volver a clases. A eso hay que agregar el altísimo nivel de vacunación que muestran los estudiantes, pues a nivel de educación superior el 92,3% de ellos ya tiene su primera dosis o dosis única, y si eso lo llevamos a las universidades, se eleva a un 94%. Entonces, podemos decir que están dadas todas las condiciones para que el retorno pueda hacerse en todas las instituciones de educación superior.

¿Le parecen aceptables los porcentajes de retorno presencial que han ido informando las universidades?

Es un tema que tendrá que dilucidar la superintendencia, porque también va a depender un poco de la capacidad de cada institución. Es difícil decir, a priori, si un porcentaje es suficiente o si se puede hacer un mayor esfuerzo. No sé cuál debe ser el porcentaje exactamente, siempre que sea el mayor posible, es decir, que todos tengamos tranquilidad de conciencia en términos de que se han hecho los mayores esfuerzos para que la mayor cantidad de jóvenes estén presentes en una sala de clases.

Hay universidades que están postergando titulaciones e incluso algunas han extendido sus carreras para reforzar los contenidos presenciales, ¿lo recomienda?

Una institución, cuando forma a un estudiante, se compromete a un determinado perfil de egreso. Desde este punto de vista, son las instituciones las que deben juzgar si, a la luz de lo que ha sido su proceso formativo, deben extenderlo de forma tal que ese estudiante efectivamente salga tal cual se dice que va a salir esa persona. No es que nosotros les hagamos un llamado a extender (la formación), pero el llamado es que las instituciones se aseguraren de que los jóvenes han desarrollado las competencias o las habilidades que les permitan transformarse en ingenieros, abogados o técnicos de nivel superior. Y si esto lo hacen a través del cursos extraordinarios, de nivelación, de la extensión de la carrera un semestre, es lo que ellos deben ver.

¿Está consciente de que no todas las instituciones tienen la infraestructura ni la conectividad necesaria para para la educación en modalidad híbrida?

El llamado es que esto sea en forma gradual y prudente, considerando las diversas realidades. Por cierto, lo ideal es la sincronía, pero también hago ver lo siguiente: en el protocolo lo que sugerimos es que las clases puedan ser grabadas, lo cual evidentemente tiene un costo menor que la clase híbrida.

¿Y cómo asegurar que la calidad del servicio educativo es el mismo para quienes comienzan a asistir y quienes se mantienen a distancia?

Por supuesto, lo ideal es que se pueda producir la interacción. Pero más allá de la manera en la que se puede realizar este retorno, hay que ver la realidad en cada caso. Hay actividades de carácter práctico que evidentemente exigen o hacen altamente aconsejable que la presencialidad sea una realidad. Evidentemente, habrá alguna excepción, algún estudiante que efectivamente no pueda, pero la idea es que sea para la mayor cantidad de ellos.

También hay estudiantes que han dicho que están complicados y piden que esta vuelta sea optativa, ¿qué se hace en los casos en que se los obliga al retorno?

El llamado que hemos hecho, y yo personalmente les he dicho a los rectores, es que actuemos con la mayor prudencia posible. No hay una línea exactamente clara para decir dónde cortar respecto de la exigencia de presencialidad. Las instituciones son autónomas y desde ese punto de vista pueden ellas definir qué parte de su proceso formativo lo van a hacer en forma voluntaria y qué parte las pueden hacer en forma obligatoria. Evidentemente, se debe tener en consideración la situación puntual de ciertos estudiantes, pero también hay que entender que determinadas instancias formativas difícilmente pueden ser reemplazadas.

La semana pasada la Federación Nacional de Asociaciones de Académicos de las Universidades del Estado de Chile emitió un comunicado en el que dicen que no están dadas las condiciones para el retorno. ¿Ha podido hablar con ellos o teme que esto escale?

Por lo menos, en lo que yo me he fijado, hablando con los rectores, es que existe una muy buena disposición para volver. No es la realidad, al menos, con la que yo he podido toparme en estas conversaciones.

También hay federaciones de estudiantes que dicen que a las universidades se les ha presionado para este retorno...

Lo que hemos hecho ver a las instituciones de educación superior es que todas las condiciones están dadas para que el retorno pueda hacerse en forma decidida, a la mayor escala posible. Y les hago ver a las instituciones que ellas se deben a sus estudiantes. Hay un deber ético de parte de todo el sistema, que incluye también a las instituciones, en términos de que haciendo sus mayores esfuerzos van a poder aportar a la mejora del bienestar socioemocional de los jóvenes.

Pero más allá de ese deber ético, el oficio de la superintendencia apunta a forzar este retorno...

La mirada de la superintendencia es más la mirada legal. De hecho, habla de que deben ser respetados los contratos que fueron firmados entre los estudiantes y su institución de educación superior, que tiene un deber legal que es el que quiere de alguna manera resguardar la superintendencia. Nuestra mirada es distinta como subsecretaría, en el sentido de que nosotros instamos y apoyamos a las instituciones a que este retorno se realice.

¿Cree que el asegurar la presencialidad y la mayor cobertura de esta va a ser considerada por los estudiantes a la hora de elegir institución?

Es un evento que evidentemente aporta información al momento de la toma de decisión del postulante. De hecho, a fines del año pasado hicimos un catastro respecto de cómo las instituciones iban a iniciar su año académico 2021. ¿Y eso con qué propósito? De ponerlo a disposición de los estudiantes, de forma tal que los postulantes pudieran saber de boca de las propias instituciones cómo que iban a iniciar sus clases. Nos parece tremendamente relevante poder hacerlo para el próximo año.

En general, las universidades se han quejado mucho de estar pasando por un momento económico difícil, ¿cómo se hacen cargo de esto?

Hemos desarrollado diversas acciones en pro de apoyar a las instituciones de educación superior y en particular a las universidades, entendiendo que estos años han sido difíciles. Lo que hemos hecho en términos de apoyo dice relación con las transferencias que hemos ido entregándoles, con los diversos fondos que ponemos a su disposición y también con el redireccionamiento que hicimos de ciertos fondos el año pasado para hacer frente a necesidades. Y no solamente eso: también pusimos a disposición de las universidades del Consejo Rectores la posibilidad de acceder a los excedentes del Fondo Solidario. De esta manera, esas instituciones están accediendo a un estimado de 45.000 millones de pesos.

Y, finalmente, ¿qué piensa de la acusación constitucional contra el ministro Raúl Figueroa?

Por supuesto que estaremos el día entero apoyándolo en el Congreso este jueves. Nos parece que esta acusación no tiene ningún asidero, bajo ningún punto de vista. Nos parece una injusticia máxima en razón de los denodados esfuerzos que ha hecho el ministro por apoyar a los niños y jóvenes de la educación en general