Eran las 7.00 del pasado 10 de febrero cuando Carabineros se constituyó en el fundo “La Engorda”, ubicado en el kilómetro 25 de la Ruta S-568, de la comuna de Nueva Imperial. Con una orden judicial, la policía llegó hasta el lugar para desalojar la toma de terreno donde, hacía casi un mes, se habían instalado 15 personas.

En la policía uniformada reciben casi diariamente solicitudes de desalojos en predios privados, ubicados en las zonas rurales de La Araucanía. Pero en el último tiempo han visto un nuevo patrón en las comunas costeras que ha cobrado fuerza: las usurpaciones de tierras asociadas a otros delitos, como extorsiones, robos y amenazas.

Por lo mismo, la Fiscalía Regional de La Araucanía decidió crear un equipo especial para indagar, con un nuevo foco investigativo, las usurpaciones y los delitos asociados a este fenómeno. Estos casos quedarán a cargo del persecutor Mauricio San Martín, quien indagará las tomas de predios agrícolas en la zona costera de la provincia de Cautín.

El fiscal jefe de Alta Complejidad de La Araucanía, Héctor Leiva, explicó a La Tercera que “se empezó a ver que el fenómeno que se estaba repitiendo durante el verano de este año decía relación con las usurpaciones, pero no tan solo con el ingreso testimonial de personas a los terrenos, sino que había casos relacionados a extorsiones a los propietarios de estos terrenos. Lo que se detectó, en la mayoría de los casos, es que se les pide una parte de la cosecha, a cambio de evitar la toma del predio”.

Según los datos del Ministerio Público, en La Araucanía, “al 22 de febrero de 2021 se registran 56 casos de violencia rural por el delito de usurpaciones, es decir, los ingresos del año 2021 ya representan un 51% del total de los casos recepcionados en 2020 (109 casos). Eso, con un alza de cinco veces el número de casos para el mes de febrero del presente año respecto del año anterior”. El fiscal Leiva advirtió que “se trata de un alza exponencial” de estos hechos, “asociados, además, a otros delitos”.

En las policías, tanto la PDI y Carabineros, han detectado también que el problema radica en que no hay capacidad policial para abordar este fenómeno y la violencia rural a la vez. En la policía uniformada ponen como ejemplo que disponen de 600 uniformados para medidas de protección en predios, lo que merma el trabajo preventivo y de rondas en otros sectores de la Macrozona Sur.

Esto se suma a que, en abril de 2018, la Corte Suprema resolvió que las policías deben considerar la flagrancia del delito de usurpación no violenta, con un límite temporal de 12 horas desde verificada la ocupación. Transcurrido ese plazo, Carabineros necesita una orden judicial requerida por intermedio del Ministerio Público.

Hay tres ejes claves a los que se abocará la Fiscalía de La Araucanía. Lo primero que se buscará es lograr proteger a las víctimas a través de un sistema de coordinación con Carabineros para prevenir las tomas y extorsiones, por lo que se implementarán rondas dinámicas en los focos con más riesgo de conflicto.

Lo segundo, explicó el fiscal Leiva, será fortalecer la persecución penal en los delitos asociados a las usurpaciones. Y lo tercero, y que más urge en el Ministerio Público y las autoridades, será verificar si hay organización o una coordinación por parte de grupos específicos para cometer estos ilícitos.

“No puede ser casual que haya un aumento espontáneo de este tipo de delitos bajo una misma modalidad, que tiene elementos particulares, donde, además de las extorsiones, estas tomas tienen un mayor tiempo de duración, las ejecutan en masa, con más personas. Ya no van a pie, sino en camionetas y son más hostiles. Cada vez más”, indicó el fiscal Leiva.

Ayer, ante la Comisión de Seguridad Pública del Senado, el general Carlos González, jefe de la Macrozona Sur Control Orden Público e Intervención de Carabineros, señaló que “nuestra única preocupación es poder brindar seguridad, tranquilidad y la paz tan esperada por toda la gente que vive en la Región de La Araucanía y la Macrozona Sur. Creemos que de una vez por todas debemos aunar criterios y esfuerzos y buscar las modificaciones legales que esta situación amerita”.

Carabineros explicó que actualmente hay más de 60 predios con reivindicaciones, de los cuales 22 se encuentran con personas ocupando la propiedad en forma permanente, otros 11 con ocupaciones esporádicas, y sobre 36 no se cuenta con la información, al no existir mayor precisión por parte del propietario.

En tanto, el senador Evópoli Felipe Kast presentó un proyecto de ley para tipificar como delitos la toma de terrenos. “Es urgente que el Congreso pueda aprobar la de usurpaciones para hacer efectiva la protección de las personas y así puedan vivir en paz en La Araucanía y Arauco. Esto no da para más”, dijo.