¿La cancha inclinada? ¿Manos en las urnas? Paridad en elecciones, la polémica que no ha terminado
Tras las votaciones del 7-M, la oposición cuestionó que los ajustes dejaran fuera del Consejo Constitucional a figuras con altas votaciones, mientras que el oficialismo valoró que los cambios permitieran la entrada de mujeres. Con todo, hay casi consenso de que el mecanismo debe ser perfeccionado.
La corrección por género aplicada en las elecciones del domingo pasado levantó más polvo que en la pasada elección de convencionales realizada en 2021. En esta ocasión, seis mujeres que inicialmente habían quedado fuera del Consejo Constitucional por haber obtenido menor cantidad de votos que sus compañeros de lista, pudieron sumarse al órgano encargado de redactar una nueva Constitución. Ello ocurrió gracias al mecanismo de corrección por paridad de género diseñado para este proceso, el que estableció que la instancia debía estar conformado por 25 hombres y 25 mujeres, a los que se sumó un representante de los pueblos originarios.
Pese a que las reglas eran conocidas por todos, el gran porcentaje de votos obtenido por algunos de los candidatos que quedaron fuera por paridad, desató que un tema que parecía estar asumido, fuera cuestionado. Uno de esos casos se registró en la Región de O’Higgins, donde el expresidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Juan Sutil (cupo RN), tuvo que ceder el puesto a su compañera de lista Ivonne Mangelsdorff.
Sutil consiguió la mejor votación de su lista en la zona, con un 13,8% de las preferencias, es decir, más de 75 mil votos. Mientras que Ivonne Mangelsdorff sólo obtuvo el 1,7%, equivalente a 9.287 votos. El hecho se convirtió en una de las pérdidas más sentidas para Chile Vamos, bloque que cuestionó que un alto número de votos “se fuera a la basura” al remover a candidatos que obtuvieron un apoyo notable para, en su lugar, ubicar a candidatas con una baja representación.
La fórmula de paridad ha sido duramente criticada por personeros de la oposición, como la secretaria general de la UDI, María José Hoffmann, quien arremetió contra el procedimiento señalando que “me carga la paridad, encuentro que es lo peor para las mujeres. Me carga meterle mano a las urnas. Yo creo que las mujeres no necesitamos ningún tipo de bastón más que la voluntad política de ser incorporadas”.
Desde la otra vereda política, la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, defendió el mecanismo utilizado para conseguir el equilibrio entre hombres y mujeres, y recordó las correcciones que existieron en las elecciones de la extinta Convención Constitucional. “¿Alguien recuerda a alguien reclamar durante las elecciones de la Convención Constitucional cuando 12 mujeres entregaron su escaño electo en favor de hombres? Porque gracias al encabezamiento de listas y al sistema Cebra (método usado para la paridad) fueron las más votadas, entonces se corrigió hacia los hombres. ¿Alguien recuerda haber dicho que se estaba metiendo la mano a la urnas?”, señaló la ministra.
Con todo, expertas constitucionales se han sumado al debate sobre la necesidad -o no- de contar con paridad tanto de salida como entrada, pese a tener sus observaciones en la fórmula aplicada para su cumplimiento.
¿Una necesidad para la democracia?
Para la politóloga, docente de la Universidad Católica del Norte e integrante de la Red de Politólogas, Javiera Arce-Riffo, el sistema paritario de salida utilizado en las últimas elecciones de consejeros constitucionales fue necesario puesto que si sólo se aplicaba la paridad de entrada -es decir, la oportunidad de que una mujer compita en una lista- de todos modos había condiciones que no aseguraban la igual competencia entre hombres y mujeres.
Y lo explica así: “Ocurre que hay pequeñas trampas adentro de la carrera de las elecciones que tienen que ver con los financiamientos y con la preparación que se les hace a los candidatos para correr, lo que no siempre es igual entre hombres y mujeres. En este caso, se demuestra que mientras más centralizadas sea la elección y más a cargo de los partidos políticos estén en los procesos, más elitistas se vuelven y más complicado es para las mujeres. Por lo tanto, en este caso se justifica aún más tener un mecanismo de paridad de salida porque si hubiese sido sólo de entrada, no hubiésemos tenido un resultado paritario como el actual”.
Una idea que es respaldada por la doctora en Ciencias Políticas por la Universidad de Northwestern y profesora de la Universidad Católica (UC), Julieta Suárez Cao, quien también fue una de las autoras de la norma paritaria que rigió en la primera experiencia constitucional. Para ella, se hace imperativo “obligar a los partidos a llevar más mujeres en las listas porque este es uno de los principales obstáculos para las mujeres al no estar en igualdad de condiciones que los hombres”.
Según la experta, en el caso chileno donde la lista es abierta, es necesario no sólo tener paridad de entrada, sino también de salida, puesto que en sistemas electorales como los de Chile “la paridad de entrada no necesariamente se va a traducir en paridad de salida por condiciones históricas y también por las posibilidades de competencia que te da el sistema entre candidatas y candidatos”.
Es más, Suárez da un ejemplo: “En 2021, 12 mujeres tuvieron que ceder su banca y ninguna salió en los diarios a hacer ningún escándalo. En esta elección, seis hombres tuvieron que corregirse y salir. Ahí uno se da cuenta del acceso que tienen al financiamiento y a los medios de comunicación. Eso ya te da una indicación de lo inclinada que está la cancha en política a favor de la candidatura de los hombres, porque la política históricamente ha sido un juego de hombres y, por lo tanto, si queremos cambiar eso tienes que obligar a los partidos y si quieres mantener el sistema electoral en Chile necesitamos paridad de salida”.
La idea ha sido debatida por la coordinadora de Asuntos Jurídicos y Legislativos de Libertad y Desarrollo, Pilar Hazbún, ya que, según la experta, no es necesario que para lograr una mayor participación femenina en la política se tenga que definir una ley de cuotas de género y/o mecanismos de paridad, sea de entrada o de salida, pues existirían otros factores en juego a ponderar.
Es más, para Hazbún, en una democracia representativa “nuestros representantes encarnan nuestras ideas, de ahí que no sea necesario que tenga que existir una identidad entre el representante o el representado. O acaso, por ser mujer ¿sólo una mujer podría representar mis intereses e ideas? No creo en esa lógica identitaria”. Y profundiza: “Un mecanismo de paridad de entrada como el que existe desde la última elección parlamentaria del año 2017, en que existen cuotas mínimas y obligatorias para las candidaturas de diputados y senadores, es en todo caso un mejor mecanismo que uno de salida, pues sigue quedando en el votante la elección. En un mecanismo de paridad de salida, en cambio, siempre existirá una alteración del resultado electoral, distorsionando la voluntad de las personas manifestada en el voto”.
Pero el problema de que haya personas que resulten electas con menos votos que otras que no resulten electas, no es privativo de la paridad, según sostiene la exconvencional, abogada constitucionalista y profesora de Derecho Constitucional en la Universidad Alberto Hurtado, Bárbara Sepúlveda. Al contrario, relata la jurista, es una característica “del sistema electoral chileno que combina voto por candidatura con asignación de escaños por lista, y también del diseño para la representación regional (donde en una región los votos valen más que en otra)”.
“No era el único mecanismo disponible”
Otro de los afectados por las cuotas de género fue el exsenador Ricardo Núñez (PS), quien declaró estar de acuerdo con la paridad por ser uno de los logros de la sociedad. No obstante, planteó que “tenemos que buscar métodos mejores, que no vulneren otros principios como el de igualdad ante la ley”. También alertó el peligro a la democracia que esto conlleva “porque muchos de los ciudadanos y ciudadanas ven con frustración que ellos, votando por una persona que ganó la primera mayoría, resulta que no forma parte del Consejo. Por tanto, hay que preocuparse porque puede generarse una corriente muy contraria al tema de la paridad”.
Pese a que el mecanismo de paridad cumplió con el objetivo central, la doctora en Ciencias Sociales Julieta Suárez hace un alcance frente al diseño utilizado para entablar pisos mínimos para hombres y mujeres. Un mecanismo que fue zanjado por un grupo de asesores de los partidos políticos, varios de quienes conforman hoy la Comisión Experta: Paz Anastasiadis (DC), Máximo Pavez (UDI), Gabriel Osorio (PS) y Domingo Lovera (RD). Junto con ellos trabajó el abogado Pablo Celedón (RN).
“Este no era el único diseño posible para lograr la paridad, había otros. Esta fue una decisión que salió del Congreso, fue un sistema diseñado por los partidos y apoyado ampliamente por oficialismo y oposición. De hecho, fue bastante rápida la discusión de paridad, a diferencia de 2019-2020, donde ahí sí la sociedad civil y los expertos tuvimos un rol mucho más preponderante”, agrega Suárez.
Bajo ese panorama, según la politóloga Javiera Arce, “para hacer la corrección para asignar escaños no podía ser en base a los votos efectivos, porque había un riesgo de empezar a corregir por las regiones más chicas con menor representación. Y ahí es donde perjudicas a las zonas con menos candidatos. Pero los expertos no escucharon e hicieron lo que quisieron”.
Incluso, una de las indicaciones que surgieron luego de que la reforma fuese aprobada en el Senado proponía que se considerara el porcentaje de votación y no el total de votos por circunscripción, una opción que Arce evaluaba de mejor manera.
Como sea, hoy la Comisión Experta tiene una nueva oportunidad de debatir los mecanismos de paridad en el anteproyecto de nueva Constitución que se encuentran redactando. Hasta ahora, el debate ha estado marcado por una propuesta de la derecha en la que consagran la igualdad como un principio al cual el Estado debe aspirar. Mientras que la izquierda se ha inclinado por una ley que establezca mecanismos de integración que aseguren una composición paritaria entre hombres y mujeres en el Congreso.
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