La industria aeronáutica tuvo un 2020 para el olvido por la pandemia. Las aerolíneas del mundo entraron en crisis, requirieron apoyos estatales y sus recursos disponibles se estrecharon al mínimo. Ocurrió con todos los negocios asociados. Por ejemplo, los aeropuertos.

Los balances del 2020 del operador del aeropuerto de Santiago, la sociedad concesionaria Nuevo Pudahuel, así lo demuestran. En la línea final de los estados financieros de la compañía se lee lo siguiente. Pérdida del año: $ 358.901 millones, lo que equivale a US$ 505 millones, según el dólar del cierre de 2020. La razón es una revisión del valor de su activo intangible -correspondiente a la concesión que la empresa, que tiene una duración de 20 años, hasta 2035-, proceso en el que la sociedad reconoció un deterioro por $ 331.929 millones (US$ 467 millones), explica en sus balances. “Las normas contables que se aplican en Chile requieren realizar una estimación del deterioro del activo, es decir la diferencia entre el valor de los activos en el balance y los ingresos netos que la sociedad va a generar hasta el término normal del contrato para permitir la amortización de dichos activos”, respondió la concesionaria a Pulso sobre esta modificación.

En la operación de su negocio en 2020, Nuevo Pudahuel tuvo una pérdida bruta de $ 11.954 millones (US$ 17 millones): sus ingresos por pasajeros embarcados se desplomaron a casi un tercio del 2019, desde $ 149.367 millones a $ 52.906 millones. Pero la concesionaria debió castigar contablemente una cifra 27 veces mayor a sus pérdidas brutas por el impacto que la pandemia tendrá en todo el período de la concesión. “El trabajo de proyección de deterioro debe contemplar el impacto total, hasta el final del contrato y no solo la pérdida 2020”, responde Nueva Pudahuel. Según la empresa, la revisión no es una decisión arbitraria, sino un ejercicio que debían reflejar en sus estados financieros. “Para la presentación se aplican las normas requeridas por la ley, no es una elección por parte de la sociedad concesionaria. Este cálculo se debe actualizar periódicamente”, dice la firma.

El cálculo del deterioro se sustenta en un estudio económico independiente, entregado al Panel Técnico de Concesiones, que estima que el daño económico alcanza los $ 300 mil millones. “Esta cifra es una proyección muy bien fundada de la pérdida global de la concesionaria provocada por la disminución del tráfico debida a la pandemia”, explica la concesionaria.

En 2020, la firma registró un tráfico de pasajeros de 8.527.737 personas, un 65,4% menos que el año anterior, cuando por el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez se trasladaron 24,6 millones de personas. En comparación, en 2019 había reportado un alza de 5,6% en la cifra total. La reducción fue mayor aún en internacional, con un 72,9%, cayendo de 11 millones de pasajeros a 2,9 millones. En el tráfico local, la baja fue de 59%.

En el reporte de cifras, Latam tuvo una participación de 63,4% en pasajeros domésticos, seguida por un 23,9% de Sky Airlines y 12,2% de JetSmart. En internacional, Latam capturó el 52,1% y Sky el 9,5%.

La concesionaria tiene ahora un patrimonio negativo de $ 216.432 millones, un ajuste que fue certificado además por la empresa auditora de Nuevo Pudahuel, Deloitte, que anotó en su informe que “los accionistas han comprometido recursos financieros para respaldar la operación de la sociedad durante el ejercicio 2021”.

Los accionistas de la concesionaria -Groupe ADP, propiedad del estado francés, VINCI Airports y Astaldi Concessioni- decidieron hacer aportes de capital por US$ 61 millones para enfrentar la pandemia. Hasta el 31 de marzo se han utilizado US$ 16,8 millones.

La empresa es controlada por Groupe Aéroports de Paris, donde, a su vez, el gobierno de Francia tiene el 50,7% de las acciones y sus socios han amenazado con recurrir a tribunales internacionales contra el Estado de Chile. La firma sostiene que el golpe de la pandemia equivale a reducir en cinco sus veinte años de concesión y pide al Estado reparaciones: por ejemplo, elevar el plazo de la concesión. La concesionaria activó además una controversia en el Panel Técnico de Concesiones. “Si bien siguen las mesas de trabajo, el ministro de Obras Públicas se negó a cualquier posibilidad de que el equilibrio financiero de la concesión fuera un tema de conversación en ellas. Asimismo, el ritmo de avance no es compatible con la urgencia de la situación”, analiza la firma.

“Con estas nuevas restricciones que, si bien respetamos, acompañamos y apoyamos a la autoridad sanitaria, mantenemos nuestra posición de que en el contrato de concesión hay riesgos que están implícitos y son de cargo de la concesionaria, pero una pandemia global no puede considerarse entre ellos; pandemia durante la cual los ingresos han sido casi nulos y además, bajo una lógica completamente asimétrica, la concesionaria debe mantener la inversión de US$ 1.000 millones en la construcción que, por cierto, ya estará lista para la entrega en pocos meses. Pese a todos esto Nuevo Pudahuel ha sido un respetuoso y excelente aliado del Estado de Chile. Lamentablemente el Ministerio de Obras Públicas mantiene su posición que ‘la pandemia afecta a Nuevo Pudahuel, es su responsabilidad y debe aceptar que es un mal negocio’”, concluye en una declaración enviada a Pulso.