Alta expectativa hay en los intervinientes del caso fraude del Ejército por una última jugada judicial que hoy está en manos de la Corte Marcial. Se trata de una petición de sobreseimiento definitivo, presentada por la defensa del general Pablo Onetto, único oficial activo de alto rango procesado en la investigación de la ministra en visita Romy Rutherford.

El alto oficial castrense fue encausado en febrero de este año y se le imputó haber defraudado al Fisco por $ 18 millones, tras haber utilizado el sistema de devolución de pasajes que la magistrada indaga en la causa. Onetto permaneció en la institución pese a ser procesado, y actualmente se desempeña como director de Proyectos e Investigación del Ejército.

El caso siguió su curso -actualmente se encuentra en una serie de interrogatorios a otros generales en ejercicio-, hasta que la defensa de Onetto, en manos del abogado Daniel Mackinnon, apeló a la resolución. La Corte Marcial rechazó la reclamación, pero dejando un precedente de 4-1 en favor del fallo de la ministra.

Pese a esto, la defensa de Onetto volvió a la carga, pero con otra estrategia. Se trata de una presentación a la Corte Marcial que pide el sobreseimiento definitivo por prescripción: “El hecho se encuentra prescrito, ya que desde la comisión del supuesto delito transcurrieron más de cinco años sin que se dirigiera determinada y nominativamente la persecución penal en contra de mi patrocinado”, dice la solicitud al tribunal militar.

En el texto se añade que “la primera ocasión en el proceso en que se imputó a Pablo Andrés Onetto Jara la realización del hecho ilícito investigado fue con fecha de 19 de enero de 2021, ocasión en la que declaró por primera vez en dicho proceso exhortado a decir verdad. La acción penal se dirigió en contra del procesado transcurridos más de cinco años contados entre la realización del supuesto hecho punible y su individualización determinada en el proceso como imputado del delito, tomándosele declaración ‘exhortado a decir verdad’”.

Con esta presentación, algunos intervinientes en el proceso pensaron que sería un “trámite más”, como cuando se falló en contra de un argumento similar en las aristas Tecnodata, donde la ministra condenó al general (R) Jozo Santic y otros cuatro militares por fraude al Fisco, en la presunta emisión de boletas falsas. “Tratándose de ilícitos que tienen asignada pena de crimen, como precisamente ocurre en la especie con los delitos de fraude al Fisco y de falsedad en materia de administración militar, resulta que el término de prescripción es de 10 años”, dijo esa vez un fallo de la Corte Marcial. Sin embargo, esta vez el tribunal militar marcaría una diferencia.

La semana pasada, la corte pidió antecedentes del caso Onetto a Rutherford para conocer en mayor profundidad la causa. Esto causó una primera sorpresa de los intervinientes, dado que eso antes no ocurrió y siempre se rechazaban este tipo de solicitudes. De esta manera -creen los consultados- se atrasaba el fallo final del tribunal militar.

De ser favorable una resolución a favor de Onetto marcaría el camino para todos los generales investigados en la causa, ya que podrían recurrir a esta misma estrategia. Algo que generaría el atraso en las pesquisas de la jueza, quien termina su visita en este caso en marzo de 2022.

Hoy, en tanto, llegó hasta el despacho de la ministra Rutherford el comandante de Educación y Doctrina, general de división Osvaldo Vallejos. El alto oficial fue citado para declarar en calidad de inculpado en la arista “empresas de turismo”.