El caso de Sandra Pavez Pavez (62). Así, a secas, no dice mucho, porque no es una causa que esté actualmente en la contingencia, pero hace 14 años sí lo estuvo. Corría el año 2007 y el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) citaba a conferencias de prensa para dar a conocer la historia de esta profesora de religión, a quien la Diócesis de San Bernardo le había cancelado su “certificado de idoneidad” por no dar “testimonio de vida cristiana”, tras enterarse de que mantenía una relación con otra mujer. Llevaba 21 años impartiendo esta clase en el Liceo Cardenal Antonio Samoré.

Desde entonces pasaron 14 años y su caso llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, instancia que este año resolverá finalmente si la profesora podrá o no dictar clases de religión, independiente de su condición sexual. Antes de llegar a este tribunal, el periplo de Sandra no fue fácil, aunque el colegio -y donde aún se desempeña- la mantuvo en un cargo técnico, como inspectora general.

Esto último ocurre porque no fue el colegio la entidad que la imposibilitó de dar sus clases, sino que fueron los representantes de la Iglesia Católica en la comuna. Con la certeza de mantener el trabajo en el colegio, pero con la incertidumbre de si era o no legal el que le suspendieran su “certificado de idoneidad” por su orientación sexual, es que Sandra decidió comenzar un camino legal que ya se ha extendido por 5.110 días.

En noviembre de 2017 Pavez interpuso un recurso de protección ante la Corte Suprema, en contra del vicario para la Educación del Obispado de San Bernardo, acusando “injerencias abusivas” contra su vida privada. En el escrito expuso que “la carta del vicario hace referencia a la condición de homosexualidad” de la profesora. Sin embargo, no le fue bien: el máximo tribunal rechazó la reclamación y resolvió que “en la medida en que la decisión de dejar sin efecto el certificado de idoneidad otorgado por la Vicaría para la Educación de la Diócesis de San Bernardo ha sido adoptada en aras de dar satisfacción a los fines propuestos con toda la regulación a que se ha hecho referencia, no es posible calificar aquella como un acto arbitrario en términos de que carezca de razonabilidad y proporcionalidad, precisamente en relación a las metas propuestas, y/o que se traduzca en un mero acto de obstinación y capricho del agente”.

Con el portazo de la Suprema, la profesora expuso su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2008. Allí, la instancia atendió sus argumentos y le dio la razón, afirmando “su derecho” a hacer clases de religión católica, “aun contra la objeción de su Iglesia”, y que las comunidades de fe no pueden requerir de los profesores una conducta de vida fiel a sus creencias, ni aun en colegios privados. La CIDH determinó que “dicha discriminación resulta atribuible al Estado chileno por ser una diferencia de trato injustificada” y recomendó al Estado de Chile reincorporar a la profesora a sus funciones. Además, elevó el caso ante la Corte Interamericana de DD.HH. para que finalmente zanje la contienda.

Lo que está en juego en la corte activó distintas preocupaciones. Por un lado está la fundación ADF International, organización que se plantea como objetivo “proteger las libertades fundamentales y promover la dignidad inherente de toda persona”. En ese sentido, lanzaron una campaña denominada Religión Libre, en que aseguran buscar la “defensa de la libertad religiosa y el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos”.

Tomás Henríquez, representante de ADF para América Latina y el Caribe, indicó que “este es un caso donde está en juego la libertad religiosa. Nosotros defendemos el derecho a la autonomía de las comunidades religiosas, no estamos en contra de su labor profesional, incluso, ella mantiene su trabajo como inspectora. Acá no hay una intervención al trabajo, sino que la protección al derecho de los padres de escoger la educación para sus hijos, en el marco de sus creencias”.

En tanto, desde el Movilh acusan un trato discriminatorio. “Esperamos que se obligue Chile a derogar o reformar el Decreto 924 del Ministerio de Educación, garantizando que nunca más podrá negarse el derecho a educar a los/as docentes en razón de su orientación sexual, expresión o identidad de género, ni tampoco permitirse a ninguna religión interferencias contrarias al Estado laico y a la separación entre las iglesias y el Estado. De igual manera, y muy especialmente, esperamos que Sandra sea indemnizada por todo el daño causado, que el Estado se disculpe públicamente con ella y que se implementen políticas para fomentar el respeto a la diversidad y una educación en sexualidad integral, con mínimos obligatorios para todos los establecimientos educacionales, desde la etapa parvularia”, sostuvo el miembro del Movilh Rolando Jiménez.

El decreto al cual hace mención se refiere al que señala que el docente que hace clases de religión “deberá estar en posesión de un certificado de idoneidad otorgado por la autoridad religiosa que corresponda, cuya validez durará mientras esta no lo revoque, y acreditar, además, los estudios realizados para servir dicho cargo”.

Por su parte, el abogado del Movilh, Ciro Colombara, indicó que “tenemos certeza que la Corte Interamericana de DD.HH. debe resolver en favor de Sandra Pavez y de Movilh y el caso va a sentar un precedente internacional muy relevante en estas materias. En casos de interés internacional es habitual que ONGs, Universidades o instituciones conocidas y prestigiosas presenten amicus brief para plantear sus análisis jurídicos. A FDA no la ubico”.

“No quiero hacer declaraciones. Estoy a cargo del cuidado de un familiar, así que prefiero no hablar”. De esta manera, Sandra Pavez se excusó de hablar con La Tercera. Sin embargo, desde su entorno señalaron que está expectante de lo que resuelva la corte.

Asimismo, está a la espera de su jubilación, por lo que la resolución del tribunal es, en realidad, una batalla por la honra de la cátedra que dio por más de 20 años. Quienes la conocen indicaron que presenta algunos problemas de salud, pero que “jamás ha decaído de ánimo”.

“Sandra siempre ha contado con el respaldo de toda la comunidad educativa: docentes, directivos, padres, madres, apoderados y estudiantes, tanto actuales como pasados. Toda la comunidad educativa, sin excepción, la aprecia, la quiere y llegó incluso a mostrar públicamente su respaldo a la docente con manifestaciones cuando la Iglesia y luego la Corte Suprema le quitaron el derecho a educar, tras más de dos décadas de intachable trayectoria como profesora”, señaló Rolando Jiménez, quien también es amigo de la docente.