La Moneda se despliega para postergar las elecciones: el oficialismo plantea dudas y la oposición sube el precio

No aparecer reaccionando ante alguna propuesta parlamentaria, sino que liderando en beneficio de la salud de las personas. Esa es una de las razones que motivó al Presidente Sebastián Piñera a cambiar su postura e impulsar él mismo una reforma constitucional para cambiar las elecciones de alcaldes, constituyentes, gobernadores regionales y concejales fijadas para el 10 y 11 de abril.

En un inicio La Moneda planteó que el Congreso era colegislador y podía tomar la iniciativa para presentar la reforma. Sin embargo, con el aumento a siete mil casos diarios de contagios por Covid y con la disminución de camas críticas aumentó también la presión por fijar un planteamiento.

En ese escenario, el Mandatario decidió hacer el anuncio en la noche del domingo y no esperar hasta el lunes. Con los tiempos así de ajustados no hubo espacio para socializar la propuesta con la oposición. Así, si bien durante el fin de semana hubo conversaciones informales, el despliegue oficial del gobierno para asegurar el apoyo al proyecto lo comenzaron a realizar este lunes los ministros del comité político y el titular de Salud, Enrique Paris.

Paris y su par de la Sepgres, Juan José Ossa, y del Interior, Rodrigo Delgado, participaron de una sesión conjunta de las comisiones de Gobierno Interior y de Constitución, instancia en la que detallaron el contenido de la reforma constitucional que requiere ⅔ de los votos para ser aprobada.

Si bien Piñera dijo que la reforma ingresaría este lunes, hasta el cierre de esta edición aún no la enviaban al Congreso. La idea, según afirman en Palacio, era ganar tiempo y lograr un acuerdo en torno al mensaje.

La apuesta del Ejecutivo, aunque saben que es complejo, es conseguir que el proyecto sea despachado este jueves. “El proyecto va a entrar por la Cámara de Diputados y esperemos que haya sido despachado a ley el día jueves”, dijo Ossa.

Durante su intervención en el Congreso, el titular de la Segpres, además, planteó que el envío del proyecto se justifica, porque “no solo queremos proteger la salud y la vida de las personas, queremos también proteger la salud de la democracia y así cumplir nuestro compromiso y asegurar un proceso electoral democrático, participativo y seguro”.

La propuesta del gobierno partió desde la base de postergar los comicios para el 15 y 16 de mayo y que la segunda vuelta de los gobernadores quede para el 4 de julio, que es cuando se realizarán las primarias presidenciales.

Sobre la campaña electoral, Ossa explicó que “propondremos que quede suspendida a partir de la entrada en vigencia de la reforma constitucional. Y se retomará un mes antes de cumplir el plazo legal de la elección de acuerdo al criterio ya aprobado en la última reforma que modificó el calendario electoral. Es decir, el plazo de campaña expirará a las 24 horas del jueves 13 de mayo. Creemos, eso sí, que debemos exceptuar de esta suspensión la propaganda que ya esté instalada en lugares privados, de acuerdo a las normas generales que regulan la materia”.

En cuanto a la franja electoral, una vez que termine oficialmente el 8 de abril, planteó que “a partir del momento en que se promulgue la reforma constitucional, trasladará los seis días remanentes hacia la fecha de mayo al momento que se defina cuándo será la elección”, mientras que sobre el financiamiento de las campañas sostuvo que lo que “estamos proponiendo es que no se permita un mayor financiamiento y que aquel financiamiento adicional que puedan obtener los candidatos no puedan obtenerlo mientras la campaña está suspendida”.

La decisión del gobierno aún no termina de convencer al oficialismo, que en su mayoría se oponía a la idea de correr las elecciones por las implicancias que tiene para los candidatos. De hecho, intentaron durante el fin de semana levantar ofensivas sin éxito para evitar que el Ejecutivo enviara un proyecto de ley.

Aunque en privado algunos personeros del sector dejaron ver su incomodidad, la decisión fue mayoritariamente respaldada en público. “Se ha tomado una decisión fundada en consideraciones sanitarias y creo que no es momento para generar aprovechamientos ni cálculos políticos”, aseguró ayer en un punto de prensa el presidente de la UDI, Javier Macaya.

En particular, algunos dirigentes de Chile Vamos comentaron su sorpresa por la fecha escogida por el Mandatario, pues -aseguran- el 15 y 16 de mayo no había estado sobre la mesa como propuesta en las conversaciones previas al anuncio. Una fecha que, en todo caso, sí había sido socializada con los timoneles de las colectividades. Asimismo, causó reparos la falta de detalle inicial en torno a los contenidos de la modificación para las campañas y su financiamiento.

En Evópoli, por ejemplo, consideran que la suspensión del periodo de campaña debe ser más acotado y que se retome con la misma cantidad de días que actualmente quedan. Por su parte, el jefe de bancada de la UDI, Juan Antonio Coloma, manifestó que “cambiar una elección faltando sólo 12 días, sin tener un plan robusto en esta materia que nos permita asegurar que en mayo sí se podrían realizar, es evidentemente muy complejo (...). Hay cronogramas que se deben modificar, por ejemplo la inscripción de candidaturas a la primaria presidencial, y no mezclarla con la segunda vuelta de gobernadores regionales”.

La bancada de RN, en tanto, decidió convocar a una reunión para este lunes, a las 19.30, la cual continuaba hasta el cierre de esta edición. En ella participaría el abanderado presidencial de la colectividad, Mario Desbordes. Esto, con el objetivo de fijar una postura común sobre la materia.

En la oposición, en tanto -desde donde intentaron impulsar que la elección se mantuviera en abril, pero añadiendo un día más- fueron aún más duros y comenzaron a diseñar una ofensiva en contra de La Moneda. Ayer, por primera vez durante este período legislativo, los partidos y bancadas parlamentarias de la centroizquierda se reunieron con un objetivo común: analizar y consensuar una postura unitaria ante la reforma anunciada por el gobierno para posponer los comicios.

La cita, que fue convocada por la presidenta del Senado, Yasna Provoste (DC), contó con la participación de representantes del Frente Amplio, el PC, Unidad Constituyente, Nuevo Trato, el Partido Humanista, la FRVS, el Partido Ecologista Verde e Igualdad.

Y, pese a los matices, según presentes, el diagnóstico fue compartido: la decisión del Ejecutivo refleja -a su juicio- el “fracaso” del manejo del gobierno frente a la pandemia. Y, por lo mismo, dicen en el sector, no pueden ser los partidos los que paguen el costo político de la determinación. “Se planteó que esto no puede ser gratis, ese costo hay que traspasarlo directamente a Piñera”, dice una fuente del bloque.

Lo anterior en el entendido de que ningún partido político estaba por cambiar los comicios, por los distintos problemas prácticos y jurídicos que se abren con la prórroga, aunque la mayoría admite que no están dadas las condiciones para realizar las elecciones.

Bajo ese cuadro es que la oposición concordó salir a condicionar su apoyo a la reforma a que el gobierno extreme las medidas sanitarias y de apoyo a las familias. Desde el sector, además, plantearon dudas respecto de que en cinco semanas la situación actual esté controlada y, por lo mismo, llamaron al Ejecutivo a cambiar la estrategia para obtener resultados distintos.

“La oposición estima que la postergación de las elecciones debe estar sujeta al compromiso de una serie de condiciones que le den sentido a este cambio y mejoren la situación sanitaria del país”, afirmó Provoste tras la reunión, agregando que “si el gobierno no es capaz de avanzar en esta perspectiva, la oposición no está en condiciones de garantizar su respaldo a la propuesta del Ejecutivo”.

Mientras que Jorge Pizarro (DC), vicepresidente de la Cámara Alta, advirtió que “si el gobierno al hacer esta propuesta quiere tener algún éxito, necesariamente tiene que cambiar su política sanitaria, su política económica y su política social. Si no lo hace, lo más probable es que no tenga los votos”.

Sin embargo, entre las distintas fuerzas de la centroizquierda pusieron el foco en condiciones disímiles. Algunos, por una parte, manifestaron la necesidad de una renta básica, mientras otros abogaron por la aprobación del tercer retiro del 10%. Asimismo, destacaron la necesidad del cierre de fronteras, la realización de cuarentenas efectivas y mayor fiscalización, que la votación de mayo se haga en tres días y el “congelamiento” del periodo de campaña.

En La Moneda, en tanto, reaccionaron a las peticiones de la oposición y acusaron “chantaje”. El ministro de la Segegob, Jaime Bellolio, indicó que “lamentamos que desde la oposición haya quienes digan ‘mire, nosotros no vamos a cambiar la fecha de las elecciones si es que no nos aprueban todo este paquete de otras medidas’. Ese chantaje es inaceptable para los chilenos”.

Y agregó: “Estamos seguros de que esta reforma cuando llegue al Congreso va a ser votada por unanimidad. No me imagino que ningún parlamentario quiera poner los intereses políticos de la calculadora electoral antes de la salud de las personas”.