La OEA pide la “inmediata liberación” de opositores a Ortega en Nicaragua

La resolución, patrocinada entre otros países por Chile, fue adoptada por 26 de los 34 miembros activos del bloque regional. Argentina y México se abstuvieron. Managua declaró "inadmisible” el texto adoptado y acusó una “acción de injerencia”.


La Organización de los Estados Americanos (OEA) condenó “inequívocamente” el arresto de opositores al gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua y pidió su “inmediata liberación”, según una resolución aprobada el martes.

La decisión, rechazada de plano por el delegado de Managua, fue adoptada por 26 de los 34 miembros activos del bloque regional, durante una sesión extraordinaria virtual del Consejo Permanente de la OEA, su órgano ejecutivo.

Además de Nicaragua, votaron en contra Bolivia y San Vicente y las Granadinas, en tanto Argentina, Belice, Dominica, Honduras y México se abstuvieron.

El Consejo Permanente de la OEA resolvió “condenar inequívocamente el arresto, acoso y restricciones arbitrarias impuestos a los precandidatos presidenciales, a los partidos políticos y a los medios de comunicación independientes, y pedir la inmediata liberación de los precandidatos presidenciales y de todos los presos políticos” en Nicaragua, indicó el texto.

Además, expresó su “grave preocupación” por el hecho de que el gobierno nicaragüense no haya implementado a mayo de este año las reformas electorales para garantizar la transparencia de los comicios previstos para el 7 de noviembre, un plazo que había sido fijado por la Asamblea General de la OEA en octubre pasado.

Y exhortó “enérgicamente” al gobierno de Ortega a aplicar “sin demora” todas las medidas acordes con las normas internacionales, “a fin de promover unas elecciones transparentes, libres y justas en noviembre, incluido el buen recibimiento de observadores electorales de la OEA y de otros países”.

La resolución, patrocinada por Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Paraguay y Perú, fue también respaldada por Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Colombia, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Jamaica, Panamá, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela (representada por un delegado del líder opositor Juan Guaidó).

“Acción de injerencia”

Nicaragua declaró “inadmisible, de nulidad absoluta y sin ningún efecto vinculante para el gobierno” de Ortega el texto adoptado por la OEA.

“La política intervencionista del gobierno de los Estados Unidos, y de los países que se suman a esta acción de injerencia en contra del Estado soberano de Nicaragua, son los responsables del fraccionamiento, la falta de relevancia y la atomización de la OEA”, dijo el embajador nicaragüense, Luis Alvarado.

El delegado de Estados Unidos, Bradley Freden, no respondió a las críticas, sino que reiteró el “llamado urgente” de Washington para que el gobierno de Nicaragua “cambie de rumbo” y subrayó la disposición para trabajar en ese sentido con el resto de los miembros de la OEA.

“No podemos permitir silenciosamente que Daniel Ortega consolide otra dictadura en nuestro hemisferio. Debemos defender la democracia y la libertad”, dijo.

En la resolución del martes, el Consejo Permanente de la OEA también se comprometió a “continuar monitoreando el proceso electoral en Nicaragua, para su consideración y posible presentación ante la Asamblea General”, el máximo órgano de la organización

La semana pasada, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, pidió suspender la participación de Nicaragua en el bloque regional por considerar que en el país centroamericano se produjo una “alteración del orden constitucional”.

Una eventual suspensión debe ser aprobada en una asamblea general extraordinaria por dos tercios de los Estados miembros y entraría en vigor de inmediato.

El martes, Almagro dijo que el gobierno de Ortega incumplió todos los acuerdos alcanzados con la OEA en pos de la institucionalidad en Nicaragua en los últimos años, en particular desde el estallido de masivas manifestaciones antigubernamentales en abril de 2018, que dejaron al menos 328 muertos y decenas de miles de exiliados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Las condiciones en Nicaragua se han deteriorado (...). No se cumple con los mínimos estándares democráticos necesarios para garantizar elecciones libres” y “la concentración de poder absoluto en el oficialismo se ha acentuado cada vez más”, dijo Almagro.

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