“Ninguna institución está por encima de la ley ni debe exigir condiciones diferentes”, señala la respuesta del Ministerio de Salud -bajo la firma del ministro de Salud, Enrique Paris, y el subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Dougnac- a la misiva de Clínica Las Condes que, en tres carillas, acusó de “hostigamiento” al coordinador de camas críticas de la red público-privada, Luis Castillo.

Y es que recién durante la tarde de ayer -y tras la publicación en Pulso de La Tercera- llegó hasta la oficina de partes del edificio de Mac-Iver 541 la carta firmada por el gerente general de Clínica Las Condes (CLC), Jerónimo García.

En el escrito, García apunta a que en el contexto de los cuatro decretos emitidos que exigen el aumento de camas de cuidados intensivos, tanto a los prestadores públicos como privados, Castillo, en su calidad de vigilante del cumplimiento de estas resoluciones, “ha desconocido el cumplimiento de CLC y se ha obstinado, en forma reiterada y abusiva, en comunicarse con ejecutivos y funcionarios de la clínica para anunciar visitas de inspección (que finalmente no tienen lugar), requerir aumentos de camas para las atenciones a pacientes Covid-19 (más allá de lo exigido por la normativa), entre otras solicitudes”.

Clínica Las Condes, además, plantea que Castillo no tendría esta potestad, en el marco del rol que le fue encomendado antes del peak de la primera ola por el exministro de Salud Jaime Mañalich. “Ha excedido sus facultades usurpando las atribuciones de órganos de resolución, ejecución y planificación de la política pública de salud, como son la Subsecretaría de Redes Asistenciales o los Servicios de Salud”, rematan.

La respuesta de Salud no se hizo esperar, ante lo que consideran un “nuevo impasse” con el prestador privado. Y en su misiva manifiestan una “total disconformidad” a la postura de Clínica Las Condes.

El documento -al que tuvo acceso La Tercera- expone que el exsubsecretario Castillo “ha desempeñado una labor extraordinaria y ha sido un actor fundamental en el proceso de complejización de camas críticas para el país, promoviendo el aumento de estas unidades en las instituciones públicas y privadas, sin distinción alguna, de acuerdo con lo que disponen las resoluciones emitidas desde este ministerio”.

A renglón seguido, describen que la naturaleza del cargo de Castillo contempla visitas presenciales -las que se han realizado a otros prestadores en el último mes, tales como Clínica Indisa, Clínica Dávila y a hospitales de la red pública- junto al equipo de gestión clínica del Minsal o de forma individual. “Sin embargo, se hace imposible visitar permanentemente todos los establecimientos, por tanto, comunicarse periódicamente con los equipos directivos de las diferentes instituciones, como Clínica Las Condes, pareciera una acción de toda lógica”.

En esa línea, y haciendo referencia a antiguas disputas con el prestador, Salud señala que “el lograr aumentar la capacidad de camas críticas a nivel nacional, pasando de 1.200 en marzo de 2020 a las 4.500 que hoy disponemos en la red integrada de salud ha implicado un compromiso país y un esfuerzo mancomunado de todos los prestadores, el cual se ha cimentado en la premisa de que ninguna institución está por encima de la ley ni debe exigir condiciones diferentes, y menos llevar a cabo acciones disímiles a las de los demás prestadores públicos o privados. Esto cobra aún más relevancia cuando nos enfrentamos a una emergencia sanitaria como la actual y hablamos de la vida de miles de compatriotas. Es nuestra responsabilidad con todos ellos hacer frente a esta pandemia”.

Lo anterior se menciona a propósito de la acción comunicada a inicios de febrero por parte de Las Condes, donde acusaban “discriminación” y acciones legales contra el Fisco tras el pago a otros prestadores privados por atenciones a pacientes durante pandemia por parte del Fondo Nacional de Salud (Fonasa), en las que -según versiones de la clínica- no fueron contemplados.

Sin embargo, desde el seguro público han recalcado que no se pueden cursar los pagos mientras CLC no celebre el convenio establecido con las clínicas privadas, el cual fija un costo estándar a pagar (”valor GRD”) para la atención de pacientes Covid-19 en pandemia.

Hacia el final del documento, desde la cartera sanitaria defienden que “el actuar del ministerio ha estado enmarcado en el estricto cumplimiento de la Constitución y las leyes (...). El trabajo de la red integrada ha sido un ejemplo de trabajo colaborativo para hacer frente a esta pandemia y ha demostrado que instituciones públicas y privadas podemos trabajar unidas en salvar vidas. Es nuestro deber moral seguir fortaleciéndola”.

El 26 de marzo, Dougnac y Castillo se dirigieron hasta Clínica Las Condes en una visita que desde el prestador y en privado calificaron como “sorpresiva”. La fiscalización buscó constatar las versiones de que en el centro se mantenían operativas las cirugías electivas, pese a que habían sido suspendidas por decreto, y la declaración de cupos “fantasmas” para pacientes, es decir, que desde el recinto se informaba disponibilidad de camas para cumplir las disposiciones del Minsal, pero que, en la práctica, no estaban realmente operativas.

“Nos corresponde resguardar la salud general de los chilenos que tienen graves problemas desde el punto de vista pulmonar. La Clínica Las Condes finalmente se ha integrado a la salud pública y privada del país, con la máxima cantidad de cupos posibles para el número de pacientes que sea: 20, 30, 40, 50. Los que sean. Van a intentar poner la clínica en modo Covid y servir al país”, sostuvo Castillo, luego de la inspección realizada.