Calificándolo de “dictador” durante el fin de semana, el Presidente de Chile, Gabriel Boric, marcó un precedente entre los líderes de izquierda en Latinoamérica al criticar personalmente al gobierno de Daniel Ortega, su par nicaragüense, por el acto de expatriación y expulsión del país que llevó a cabo contra 222 personas primero y luego despojando de su nacionalidad a otros 94 disidentes.

Su protesta, sin embargo, no tuvo eco entre los otros líderes izquierdistas de Latinoamérica, al menos a título personal entre los presidentes de la región. Colombia y México emitieron comunicados a través de sus cancillerías, pese a que este último se ha acogido a la política de no intervención respecto a algunos temas –exceptuando a Perú, donde la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) rechazó abiertamente al gobierno de Dina Boluarte-. Brasil y Argentina, por otro lado, no se han pronunciado de manera oficial al momento de la publicación de este artículo.

Consultado por La Tercera, el expresidente del think tank Diálogo Interamericano y profesor de la Escuela de Asuntos Exteriores de la Universidad de Georgetown, Michael Shifter, aseguró que, “lamentablemente, Boric parece estar solo en su postura de principios entre los llamados líderes progresistas de la América Latina actual”. Sin embargo, la decisión del mandatario de criticar abiertamente la situación en el primer país lo “diferenciará de sus homólogos de izquierdas”.

El proceso fue veloz, y sus consecuencias siguen generando olas hasta hoy. Dos semanas atrás, la administración de Daniel Ortega y Rosario Murillo aprobaba en tan solo un día una reforma que permitía la expulsión y expatriación de 222 personas, incluidos entre ellos los cinco candidatos a las elecciones presidenciales de 2021, donde obtuvo acceso a su quinto gobierno consecutivo y el segundo de su esposa como vicepresidenta.

La jugada contó con el trabajo conjunto del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y dio cabida a una nueva tanda de eliminaciones de nacionalidad a otros 94 disidentes políticos del gobierno bajo el cargo de “traición a la patria”. Entre los afectados destacan el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, la escritora Gioconda Belli, su par Sergio Ramírez, el director del diario Confidencial, Carlos Fernando Chamorro, y la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez. Además de expatriarlos, el gobierno confiscó sus bienes al interior del país.

La acción de eliminar la nacionalidad de una persona de forma arbitraria está expresamente prohibida en el artículo 15 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, donde se afirma que, “conforme al derecho internacional, la nacionalidad no puede ser privada, salvo en circunstancias muy excepcionales por razones no discriminatorias (incluyendo los motivos raciales, étnicos, religiosos o políticos) previamente establecidas en la ley, con pleno derecho al debido proceso, incluida la notificación y la posibilidad de impugnar la decisión”.

La acción fue condenada por el mandatario chileno a través de su cuenta de Twitter, donde escribió que enviaba “un abrazo fraterno a Gioconda, Sergio, Sofía, Carlos y a todos quienes Ortega ha pretendido despojarlos de su nacionalidad nicaragüense”, agregando que “no sabe el dictador que la patria se lleva en el corazón y en los actos, y no se priva por decreto. ¡No están solos!”.

Con sus palabras, Boric se posicionaba como el único presidente latinoamericano en criticar abiertamente a Ortega, mientras que en el resto de la región las muestras de condena no abundaban.

En Colombia, la cancillería emitió un comunicado demostrando “preocupación por la decisión de retirar también la nacionalidad nicaragüense a otros 94 ciudadanos”, llamando a “generar medidas de confianza que contribuyan a la reconciliación nacional, al respeto del Estado de derecho y al bienestar del pueblo nicaragüense”.

“Estas medidas vulneran el derecho a la nacionalidad, contemplado en un conjunto de instrumentos jurídicos internacionales, incluyendo, entre otros, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tratado del cual Nicaragua es Estado parte”, agregaron.

Desde Ecuador, el mismo ente afirmó que la expatriación arbitraria era una “aberración jurídica” que “va contra los principios que norman la vida de las naciones y los derechos humanos”.

Por otro lado, en México afirmaron que han “dado puntual seguimiento a la situación de las personas nicaragüenses deportadas de Nicaragua”, y que el gobierno mexicano “se mantendrá atento a que se respeten y protejan los derechos humanos de este grupo de personas, incluidos sus derechos a la nacionalidad y a no ser privada de esta de manera arbitraria”.

En Brasil de Lula da Silva y Argentina de Alberto Fernández, ninguna declaración había sido emitida al momento de la publicación de esta nota.

Según Shifter, “el grupo de presidentes de izquierdas que ahora domina la región está fracturado en casi todos los aspectos”, como lo son la economía, el cambio climático y la energía, o en “temas controvertidos, como Nicaragua, Cuba y Venezuela”.

El académico dijo a este medio que “lo que une a todos ellos -incluidos los presidentes de centro y centroderecha- es la oposición al embargo estadounidense contra Cuba. Pero, a diferencia del mexicano López Obrador, no abrazan el régimen represivo liderado por Díaz Canal y buscan encumbrar a Cuba para desafiar la política de línea dura de Washington. Nicaragua debería ser el caso más ‘fácil’ para construir un frente común porque es tan atroz e indefendible y no tiene el aspecto simbólico de Cuba ni el estatus de una economía sudamericana importante como Venezuela, pero aquí también las opiniones varían mucho”, argumentó.

Allí radica la importancia del posicionamiento de Boric, dijo Shifter, ya que este “intentará, con razón, evitar la confrontación directa sobre estos temas con otros líderes de izquierda, incluido López Obrador, y mantener buenas relaciones con otros gobiernos. Sin embargo, al expresar su indignación por los horrores de Nicaragua, por ejemplo, adoptará claramente una postura más ética y, por tanto, se diferenciará de sus homólogos de izquierdas”.

No es la primera vez que el mandatario se enfrenta verbalmente con Ortega. En noviembre de 2022, el Presidente Boric cuestionaba los comicios municipales donde solo vencieron alcaldes oficialistas. “El domingo se realizaron elecciones municipales en Nicaragua. De 153 alcaldías ‘en disputa’, Ortega ganó las 153. Un proceso electoral que se realiza sin libertad, justicia electoral confiable y opositores presos o proscritos no es democracia en ninguna parte del mundo”, aseguró en la fecha.

Meses antes, el líder frenteamplista llamaba ante la 70° Asamblea General de las Nacionales Unidas a “contribuir” a la liberación de presos políticos en el país, a lo que Ortega respondió calificándolo como uno de los “perritos falderos” del “imperio yanqui (EE. UU.)”. Para inicios de enero, el mandatario nicaragüense retiró a sus embajadores ante Chile, Bélgica y la Unión Europea debido a las críticas contra su gestión.

Según Michael Shifter, “el Presidente Boric merece un enorme reconocimiento por condenar la dictadura de Ortega/Murillo en los términos más elocuentes y apasionados. Está claro que no habla por conveniencia, sino por convicción”, lo que es relevante porque “la situación de los derechos humanos en Nicaragua es la más espantosa que hemos visto en 30 años y, sin embargo, los líderes de izquierda no se pronuncian. Es vergonzoso para una región que dice estar comprometida con la defensa de la democracia”.

Durante este domingo, los escritores nicaragüenses exiliados en España, Sergio Ramírez y Gioconda Belli, se mostraron agradecidos ante las palabras del mandatario a través de redes sociales. Ramírez, ganador del Premio Cervantes en 2007, afirmó que le daba “muchas gracias (al) presidente Gabriel Boric por encarnar la dignidad y la entereza al no callar sobre Nicaragua. Un abrazo”.

Por otro lado, Belli aseguró durante una entrevista con Infobae que “el sentido de esas palabras de Sergio es que América Latina no ha tendido la mano, como lo ha hecho España, a los que hemos sido sometidos a esta arbitrariedad de Ortega. Aparte del Presidente Boric de Chile, que ha tenido una posición de respeto a los derechos humanos desde un principio, los demás gobiernos no se han pronunciado contra este atropello”, se lamentó.