La última embestida de Rutherford: jueza cita a declarar como inculpado a actual comandante en jefe del Ejército por fraude en uso de pasajes aéreos

A diez días de hacer entrega del mando a su sucesor el general Javier Iturriaga, el actual comandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez, recibió un oficio que esperaba no tener hasta después del 9 de marzo. Se trata de la citación formal a declarar en calidad de inculpado en la investigación que encabeza la ministra en visita, Romy Rutherford, quien indaga el denominado caso “Fraude en el Ejército”. La causa ya cuenta con más de 40 aristas, pero son dos de estas hebras investigativas las que han desencadenado una serie de procesamientos por el mal uso de los fondos institucionales.

La primera es “Pasajes y Fletes”, donde la jueza pesquisa a quienes habrían hecho uso irregular del dinero asignado para viajes oficiales de integrantes de la repartición castrense; y está también la arista “Gastos Reservados”, en la que se detectó la presunta malversación de platas destinadas a Seguridad e Inteligencia, pero que habrían sido desviadas para costear un estatus de vida para quienes ostentaron el máximo cargo en el Ejército. En esta última hebra del caso ya fueron procesados los tres últimos comandantes en jefe del Ejército: Óscar Izurieta (2006-2010), Juan Miguel Fuente-Alba (2010-2014) y Humberto Oviedo (2014-2018).

Y será precisamente en estas dos aristas donde Martínez será requerido durante su interrogatorio ante Rutherford como inculpado, según aseguraron conocedores de la citación. La pesquisa es comentada en los pasillos de la institución castrense y ha generado tensión. Esto, principalmente porque se trata de tomas de declaración extensas y cuyo citado nunca sabe si podrá o no volver a su casa, comentan fuentes del Ejército. En la justicia militar -en la que se tramita con las reglas del sistema penal antiguo-, Rutherford tiene la facultad de ordenar dejar al interrogado detenido por -al menos- cinco días, antes de decidir si lo procesa, o lo deja libre.

Es lo primero lo que inquieta a los uniformados, dado que sería la primera vez que un comandante en jefe del Ejército -en funciones activas- enfrentaría un procesamiento judicial y además, su arresto. El tema inquieta y molesta en la entidad castrense, tomando en cuenta que Martínez entrega su mando el miércoles 9 de marzo, y la citación es para este jueves 3 de marzo, es decir, a solo seis días de dejar la institución.

Por lo mismo, Martínez ya fichó al abogado penalista Juan Carlos Manríquez para que lo represente ante el tribunal. Consultado por La Tercera, el defensor sostuvo que “el comandante en jefe del Ejército, general Ricardo Martínez, se halla abocado a sus deberes institucionales relativos a la pronta entrega del mando a su sucesor, el general Javier Iturriaga. De igual modo, a través de su representación legal, se encuentra atento al avance de los procesos judiciales en que pudiera decretarse alguna diligencia que suponga su intervención”.

Fuentes del caso señalaron que las próximas horas serán clave, pues Martínez podría pedir un reagendamiento de su interrogatorio y así no declarar en calidad de comandante en jefe en ejercicio; o, también, para evitar ser captado llegando al tribunal militar. Para enfrentar esto último podría solicitar que la diligencia sea en su casa, sin embargo, el estilo Rutherford siempre ha sido que todos los testigos e investigados son iguales ante la ley y por lo mismo no ha hecho distinción, salvo por enfermedad o razones humanitarias.

De hecho hay quienes desestiman pedir un cambio de lugar del interrogatorio. En la retina de estos asesores del generalato del Ejército está lo que ocurrió con el excomandante en jefe, Humberto Oviedo. El general (R) pidió esta prerrogativa e igual salió detenido desde su casa, en Vitacura, y posteriormente fue procesado por la malversación de más de $ 4.500 millones en gastos reservados, y por $ 60 millones en la arista viajes.

Los abogados e intervinientes en la causa recuerdan que desde que Rutherford asumió la causa en 2017, nunca ha cedido a consideración de tipo “políticas” en cuanto al trato con los generales. En ese sentido, agregan, no debería tener algún tipo de atención sobre Martínez, al momento de citarlo como jefe en ejercicio de la institución, ya que -desde el tribunal manifiestan- tampoco tuvo en consideración si estaba activo o no. “Los tiempos de la justicia no tienen que ver con la contingencia”, repite siempre la magistrada ante su equipo policial y del Poder Judicial.

Son 15 los viajes que la PDI pesquisa en torno a Martínez. Se trata de entradas y salidas al país, entre 2009 y 2019, donde se analizó en cuántos de estos hubo conductas irregulares con los fondos que eran otorgados a los oficiales para sus viajes internacionales. Para decidir citarlo a declarar la jueza estaba esperando un informe policial acabado respecto a estas conductas que involucran al actual mandamás del Ejército.

De acuerdo a los procesamientos de otros generales en la causa, el modus operandi para la presunta defraudación daba cuenta de un sistema donde una agencia de viajes prepara las salidas, buscaba pasajes con escalas duraderas, y a un menor precio de lo presupuestado. Así, según lo que se descubrió, había una diferencia de dinero que terminó muchas veces en los bolsillos de los altos funcionarios.

En 2018, cuando estalla esta arista, el Ejército manifestó que fue una “práctica errónea”, aunque se advirtió que según la regla interna de la institución, todo funcionario tenía “derecho a pasaje”, es decir, que el presupuesto destinado era un derecho adquirido.

Sobre si ejerció o no esta “práctica errónea” será una de las respuestas que Martínez deberá entregar a Rutherford, como también sobre algunas declaraciones que funcionarios del Ejército ya entregaron a la jueza, donde manifestaron que el general viajó con su esposa, en ocasiones que eran actividades sin compañía extra. El pasaje de su cónyuge, dijeron, habría sido financiado con fondos públicos.

Otro antecedente que preocupa en los mandos uniformados es que cuando estalló esta arista, el Ejército abrió una cuenta corriente para que quienes hayan obtenido dinero en base a esta práctica lo devolvieran, ya sea de manera anónima o personal. Martínez fue uno de los que optaron por depositar con nombre y apellido, lo que lo tendría ahora en la mira de la justicia.