Siguen las repercusiones por la querella que presentó el 29 de diciembre de 2022, la exseremi de Desarrollo Social, Patricia Hidalgo por los presuntos delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias. La denuncia apunta a la ministra del Interior, Carolina Tohá; el exministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson; Francisca Perales, subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo; Constanza Martínez, delegada presidencial de la Región Metropolitana, y Maisa Rojas, ministra del Medio Ambiente. Tras una extensa investigación de la Fiscalía, hoy sus declaraciones salen a la luz. Los tres negaron haber efectuado presiones a seremis de la Comisión de Evaluación Ambiental.

La querella se presentó a raíz de la evaluación del Proyecto Solución Sanitaria para Quilicura, de la Empresa de Servicios Sanitarios San Isidro. El 10 de abril de 2022, el entonces jefe de gabinete de Constanza Martínez, Miguel Concha, creó un grupo de WhatsApp llamado “Comisión Ambiental”, para coordinar a los participantes en la comisión, pero que, acusa la querella, se usó para aprobar o rechazar ilegalmente proyectos ambientales.

Según esa misma acción penal, el 23 de noviembre de 2022, antes de la votación del proyecto, Patricia Hidalgo recibió una llamada de Sonia Reyes, Seremi de Medio Ambiente, para discutir el proyecto. Poco después, Perales le informó que no podía excusarse, por “órdenes de la ministra del Interior”.

La exseremi aceptó asistir, pero advirtió que votaría en contra del proyecto debido a sus reservas sobre la legalidad del proceso. Según ella, Perales insistió firmemente, reiterando que “la instrucción es asistir para aprobar el proyecto”, dejando claro que había una directiva superior que esperaba que el proyecto fuese aprobado sin objeciones.

A cargo de la investigación está la fiscal Patricia Cerda, de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte. El 17 de mayo de 2023, Maisa Rojas -quien declaró que no milita en ningún partido y que solo perteneció a “Convergencia Social, por alrededor de una semana”-, aseguró que “nunca” la seremi de Medio Ambiente, Sonia Reyes, ni la delegada presidencial, Constanza Martínez, ni la subsecretaria Francisca Perales le hicieron un comentario sobre la situación del proyecto de Quilicura.

Consultada si considera que el actual Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y la normativa vigente dan a la comunidad la tranquilidad que los proyectos aprobados, cumplen y tienen el estándar requerido para su implementación, respondió: “Chile tiene una institucionalidad adecuada que da garantías a todas las partes, incluyendo a las comunidades. De hecho, si la comunidad se siente afectada puede re recurrir a los tribunales ambientales después del SEA”, dijo. “Toda decisión del SEIA, puede ser reclamada en el propio SEA o ante Tribunales Ambientales”, acotó.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, declaró por la misma investigación en el Palacio de La Moneda el 25 de julio de 2023 y la fiscal Cerda le consultó si por su cargo conocía los proyectos que son sometidos a evaluación ambiental en la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana, y si existen proyectos de importancia para el gobierno.

“No, no tomo conocimiento. No tenemos participación en los COEVA. Sí, por supuesto, son importantes para el país y el gobierno, por ejemplo, los proyectos Los Bronces, Dominga. Existen distintas escalas de importancia. El gobierno, a través de las áreas, sus ministerios, toma postura de acuerdo a la legislación y los criterios técnicos, pudiendo ser a favor o en contra o con observaciones”, respondió.

“A la delegada no se le dan instrucciones de cómo se tiene que votar en las sesiones de la Coeva, sí, en cambio, en otras materias de seguridad, como el manejo de conflictos, coordinación de gabinete regional, desarrollo de proyectos públicos, como el tema de los mausoleos o el plan Calles sin Violencia”, dijo.

Once días antes de dejar su cargo, el 31 de julio de 2023, el entonces ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, sostuvo ante la fiscalía que no tuvo ninguna vinculación con la tramitación del proyecto sanitario en Quilicura y que “nunca” se comunicó con un miembro de la Comisión de Evaluación Ambiental de RM.

“Para las y los seremis, no existen informes de desempeño como ocurre en el caso de otros funcionarios. Durante las reuniones periódicas de coordinación del ministerio con la subsecretaria Perales y su equipo, se mencionaron reiteradamente las dificultades con la Seremi de la Región Metropolitana. Recuerdo una situación particular en la cual Patricia Hidalgo solicitó autorización para viajar a Colombia para participar en un encuentro sobre cuidados. La autorización fue negada porque la representación del ministerio estaría a cargo de la subsecretaria Francisca Perales. Sin embargo, estando en Colombia, la subsecretaria se percató de que la seremi también estaba presente, lo que generó una tensión o conflicto de autoridad”, añadió.

“Aunque los cargos de exclusiva confianza, como una Secretaría Regional Ministerial, no requieren manifestación de razones para solicitar una renuncia, más allá de la pérdida de confianza, en esta oportunidad me pareció prudente expresar a la exseremi las razones de dicha pérdida. Cuando se le pidió la renuncia y le expliqué que era por pérdida de confianza, ella interpretó que se debía a desavenencias con la subsecretaria respecto a las votaciones de proyectos ambientales. Mencionó más de un proyecto, uno en Ñuñoa (Eco Egaña de Fundamenta) y otro en Quilicura, de los cuales no manejaba el detalle”, concluyó.

El 15 de marzo de 2023, el jefe de gabinete de Martínez, Miguel Concha, declaró ante la fiscalía y debió declarar por la creación del grupo de WhatsApp “Comisión Ambiental”.

“Se creó para coordinar el trabajo de los Seremis que participan en la comisión ambiental, los cuales no son todos los que nos toca trabajar como Gabinete Regional. También existe un WhatsApp con todos los Seremis de la Región Metropolitana de la misma índole, es parte de mis funciones como jefe de gabinete, coordinar el trabajo de los distintos seremis y servicios con relación a las atribuciones de la delegación Presidencial”. “La atribución de crear ese grupo de Whatsapp la tomé yo, porque era necesario no mezclar las conversaciones y el trabajo entre los seremis que participan en la comisión Ambiental y los que no participan”, acotó.

El 30 de mayo de 2023 lo hizo Constanza Martínez, quien sostuvo que le solicitó a Concha crear un grupo de WhatsApp para coordinar el trabajo en la comisión ambiental. “Miguel Concha me agrega al grupo de WhatsApp. En ese grupo estaban los seremis que pertenecen a la comisión, Miguel Concha y yo. Actualmente somos once personas. En el momento de los hechos eran doce personas aproximadamente”, añadió.