Cada vez que se discute una reforma previsional, hay expertos y parlamentarios que piden al gobierno de turno que transparente las bases de datos utilizadas para modelar el proyecto. Sin embargo, ahora ha tomado más fuerza dicha petición.

De hecho, ya no son solo expertos que a nivel individual solicitan las cifras: la semana pasada 17 centros de estudio enviaron una carta al Ejecutivo donde sugirieron “la entrega de los microdatos y planillas utilizadas por el gobierno que sustentan los cálculos publicados en los distintos informes”. Ahora se han ido sumando más centros de estudio y ya son 20 los que suscriben dicha petición.

Desde el gobierno aseguran que están evaluando cuál es la información que efectivamente pueden compartir, considerando las eventuales restricciones operativas y legales que pueda haber.

De hecho, a las 10.30 de este lunes concretaron una reunión de coordinación los representantes de los centros de estudio firmantes, David Bravo (Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica) y Juan José Obach (Horizontal); con el subsecretario de Previsión Social, Christian Larraín; la subsecretaria de Hacienda, Claudia Sanhueza; y el superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías.

La subsecretaria de Hacienda comentó que “tuvimos la oportunidad de conocer con más detalle el planteamiento de los centros de estudio. Como gobierno valoramos esta instancia y tenemos mucho interés de poder explicar el contenido de los informes técnicos, despejar las dudas, de manera que podamos enfocarnos en los principales aspectos de la reforma. Planteamos la realización de una serie de talleres sobre los informes técnicos para poder presentarlos en detalle. Esta propuesta fue muy bien acogida por los centros de estudio”.

Obach confirmó lo anterior y agradeció “la premura que tuvo el gobierno para juntarse”. Sobre los talleres por tema, explicó que “vamos a partir con el fondo mixto, para que nos expliquen, por ejemplo, los cálculos de sostenibilidad del fondo, cuáles son los supuestos detrás de los efectos en el mercado laboral por el aumento del 6%, y eso probablemente después dé pie para hacer pedidos concretos de datos”.

Cuando el gobierno anterior presentó su reforma previsional, la mesa técnica de oposición quería poder modelar su propuesta en pensiones, pero no contaba con la data. Si bien ahí no se transparentó a todo el público las bases de datos, la Dipres modeló la propuesta de oposición.

En esta oportunidad, hay énfasis diversos respecto a las cifras prioritarias que se quieren conocer, o los datos más necesarios para entender algunos enunciados o cálculos que ha hecho el gobierno. Acá los principales.

Uno de los temas donde hay más dudas de los expertos, y por lo tanto, esperan conocer mayores detalles, es respecto de los supuestos que se usó el gobierno para diseñar el fondo común, el tamaño total que alcanzará, cuánto se gastará, cuánto se capitalizará, entre otros temas que se relacionan con este fondo colectivo donde el Ejecutivo espera poder destinar el 6% de cotización adicional de cargo del empleador.

La académica de la U. de los Andes, Cecilia Cifuentes, cree que “sería interesante poder modelar lo que dice el gobierno respecto de que el fondo común va a acumular un 32% del PIB al año 2086, en base a qué supuestos se llega a eso. Está siendo muy difícil poder replicar el análisis, del cual el gobierno solo muestra los resultados, pero no enseña los supuestos ni los insumos con los que alimenta el modelo”.

Uno de los centros de estudio que firmó la carta que enviaron al gobierno la semana pasada, fue Libertad y Desarrollo. Su directora ejecutiva, Bettina Horst, también dice que le gustaría conocer lo que se está considerando para estimar el rendimiento del fondo común.

Por su parte, Obach tiene como uno de los temas prioritarios “conocer bien la sostenibilidad del fondo mixto. Es súper importante saber cuál es el flujo de caja del fondo, cuánto del componente de reparto se va a usar en un principio, cuánto en estado estacionario. Así como los supuestos que hay detrás de la rentabilidad nocional”.

La semana pasada los senadores Ximena Rincón, Matías Walker e Iván Flores también se manifestaron sobre el tema. La senadora Rincón lidera dicha petición “para que transparenten los números y la forma de cálculo de la reforma”, dijo el miércoles pasado. Agregó que “se necesita transparencia máxima para poder chequear la forma en que se han hecho las estimaciones, no es desconfianza, simplemente es transparencia. Hoy cualquier estudio serio en una universidad, tiene que ir acompañado de la base de cálculo, la fórmula, la forma en que se llega a la estimación que se hace en ese estudio. Bueno, en materia de proyectos de ley, este es el ‘desde’”.

Y los senadores enviaron un oficio al gobierno donde, entre otras cosas, piden “conocer estas bases y modelos de cálculo, como asimismo los programas utilizados para procesar dicha información, ya que se informa por parte de la autoridad una rentabilidad diferenciada para el porcentaje del 6% adicional que irá a las cuentas individuales y para el porcentaje destinado al fondo colectivo, 2% y 3,9%, respectivamente”.

El efecto que el gobierno calcula que tendrá la reforma previsional sobre el empleo, junto con el resto de las proyecciones que hace el Ejecutivo en el informe de impacto regulatorio. Ese es uno de los temas que más mencionan desde distintos sectores cuando se les consulta sobre los supuestos y datos que les gustaría conocer del proyecto.

Este domingo el exministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, mencionó que “el gobierno hizo bien en usar el modelo que desarrolló el Banco Central en 2017 para analizar los efectos de largo plazo. Pero los parámetros que utilizó son discutibles y los resultados podrían estar un poco exagerados en la creación de empleo formal, por lo que sugiero que publique el modelo y deje a los técnicos hacer cálculos alternativos. También pienso que se puede decir bastante más sobre el corto plazo, pero parece que están en una estrategia de no dar malas noticias”.

Obach también apunta a conocer lo que hay detrás de las estimaciones del gobierno sobre el efecto de la reforma en el mercado laboral. “Todos sabemos que un aumento de los costos laborales trae aparejado probablemente un efecto negativo ya sea en empleo o en salarios. El gobierno ha dicho que ha utilizado un modelo del BC del año 2017, pero en ese modelo los efectos en el mercado laboral son negativos, y el gobierno en el informe de impacto regulatorio está llegando a resultados donde en el largo plazo hay un efecto positivo en la formalización laboral, 2% para todo el mercado laboral y un 10% para el quintil más bajo. Y ahí nos interesa mucho saber cuáles son los supuestos para llegar a ese efecto que nos llama la atención”.

Cifuentes comenta que “si uno quisiera replicar lo que está estimando el gobierno, no hay de dónde obtener las cifras, algo tan básico como cuáles son las proyecciones de crecimiento de la economía hacia adelante. O qué es lo que está suponiendo exactamente respecto al impacto que tienen las mayores cotizaciones en la formalidad laboral, porque solo ve un impacto positivo, que no es muy razonable”.

Horst dice que le gustaría conocer los supuestos usados para medir el impacto en el mercado laboral, incluyendo la informalidad versus formalidad. Adicionalmente, menciona la tasa de crecimiento que estiman para los salarios y para la economía, entre otros.

La directora ejecutiva de Perspectivas (fundación vinculada con la Asociación de AFP), Elisa Cabezón, sostiene que el informe de impacto regulatorio del gobierno tiene contradicciones. Explica que dicho documento “establece que el aumento de 6 puntos de cotización incentivará el empleo formal, a pesar de la caída de liquidez de los sueldos, aludiendo a que para los sueldos bajos habrá un premio por cotizar en la pensión futura. Pero, respecto al posible desincentivo que tiene la PGU sobre la formalidad, el informe establece que ´las personas de bajos ingresos tienden a subvalorar los beneficios futuros y ponen más atención a los beneficios del presente´, descartando ese posible daño”.

De todos los temas que abarca la reorganización industrial que propone el gobierno con su reforma, la separación de la industria -centralizar las funciones de afiliación, recaudación y pago de pensiones en un ente público y dejar a privados solo la inversión de fondos- es el ítem mediante el cual el Ejecutivo calcula que habrá un mayor impacto en las pensiones, donde proyecta un efecto de 11%: es decir, casi la mitad del total.

Pero hay quienes tienen dudas respecto de las eficiencias que el gobierno estima que habría al separar a la industria, por lo que también ahí quieren conocer los supuestos y el modo en que se hicieron los cálculos. Uno de los sectores más interesados en este tema, es precisamente el de las AFP. El gerente de estudios de la Asociación de AFP, Roberto Fuentes, hace un par de semanas rebatió algunos de dichos cálculos del gobierno.

En tanto, el presidente de Credicorp Capital Chile, Guillermo Tagle, cree que “las cifras más impresionantes, son la cantidad de procesos, gestiones y operaciones que hoy realiza el sistema de pensiones y que el nuevo proyecto asume que el Estado será capaz de gestionar con eficiencia, menores costos y mejores resultados por peso contribuido por trabajador, para generar mejores pensiones”.

Desde el gobierno tienen distintos estudios de expertos internacionales en los que sustentan su propuesta de separación de la industria, con foco en las economías de escala que se generarían. Las AFP tienen una opinión distinta, y se apoyan en un informe que encargó el gremio al economista y presidente de Gerens, Patricio Arrau.

Pero no solo sobre separación de la industria quieren conocer las AFP, sino también sobre los otros supuestos que se usaron para calcular la reorganización industrial. Eso, aparte de todo lo que tiene que ver con la metodología de cálculo para el fondo común.

Una de las dudas que tiene Elisa Cabezón y que le gustaría que el gobierno transparente, es lo siguiente: “A través del 6% se financiará la pensión que entrega la ´seguro social´. Según el proyecto de ley, ese monto de pensión depende de muchos factores: la rentabilidad nocional para mantener sustentable el fondo colectivo, la solidaridad intrageneracional que dependerá de los sueldos cotizados cada año y de los mercados de capitales. Luego, el gobierno ha presentado montos concretos de esa pensión futura para hombres y mujeres de distintos sueldos, sin transparentar los supuestos detrás de los factores que la determinan”, puntualiza.

Por otro lado, Cabezón también dice que el informe de impacto regulatorio del gobierno “tiene omisiones”. Ahí detalla que “en el diagnóstico señalan que la pensión autofinanciada mediana para los jubilados que cotizaron entre 30 y 35 años es de $329.248. Pero omite que, para ese mismo tramo, la mediana de los sueldos fue de $530.000. Si le sumas la PGU, llegas a una pensión total de $522.248, lo que es una tasa de reemplazo de casi el 100%”.

En una carta a El Mercurio, el expresidente del Banco Central, José De Gregorio, también solicitó que el gobierno transparente datos. Entre otras cosas, ahí decía que “la reforma contiene muchas estimaciones en los ámbitos demográfico, fiscal y financiero. Por ejemplo, muchos quisiéramos revisar las estimaciones de impactos sobre sueldos líquidos o retornos del administrador público, toda vez que varios pagos vendrán de la rentabilidad del fondo colectivo de cuentas nocionales”.

Por otro lado, desde el mercado uno de los datos que más esperan es cuánto es el dinero del fondo común que efectivamente se va a poder capitalizar año a año, y los supuestos que hay detrás de eso.

Pero aparte de que el gobierno podría transparentar bases de datos, desde el Ejecutivo también tienen hechos algunos cálculos e informes adicionales que en adelante podrían darse a conocer, entre ellos, el de la sostenibilidad que proyectan para el fondo común, o los efectos que esperan de corto plazo en el mercado laboral.

Eso está calculado, pero por ahora han preferido no revelar todos esos detalles, los que podrían publicarse a medida que el debate lo requiera.

Respecto del efecto en el corto plazo sobre el mercado laboral, ahí se podría ver cuántos empleos proyecta el gobierno que se destruyen, pese a que estima efectos positivos de largo plazo.

El exministro de Hacienda Rodrigo Valdés comentó este domingo en entrevista con Pulso que existen “efectos negativos de corto plazo efectivamente: distorsiona márgenes de oferta de trabajo y destruye empleo dependiendo de cómo reaccionen los salarios. Y también los tiene si todo es capitalización individual. Pero la disyuntiva es que si no hacemos nada, nunca mejoraremos las pensiones”.

Pero lo cierto es que desde el gobierno han dicho que tienen informes para respaldar cada uno de los temas que abarca el proyecto, por lo que también se podrían dar a conocer otros documentos.