“Este año me tocó despedir a siete carabineros. Es mucho”, decía -en privado a sus cercanos- el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, en octubre de 2022. El 13 de ese mes le tocó ir al funeral del suboficial mayor Carlos Retamal, quien fue agredido de forma mortal en medio de una carrera clandestina en la comuna de San Antonio.

El saldo de uniformados muertos en actos de servicio era algo que preocupaba al general director, pues revelaba que -al parecer- a los delincuentes no les parecía tan arriesgado matar a un policía. Menos, enfrentarse a ellos y ocasionarles algún tipo de lesiones.

Esa sensación se fue instalando en Yáñez y también en gran parte de su alto mando, más todavía en los grados medios y bajos, donde la desazón ante los niveles de agresividad hacia la policía los tiene también con una mirada crítica hacia el generalato.

Es por eso que el lunes, luego de estar con la familia del cabo Álex Salazar -quien falleció este martes luego de ser atropellado en Concepción-, el general Yáñez señaló que “ya basta, ya basta. Si queremos tener un país seguro, si queremos vivir en paz, entreguemos las condiciones, entreguemos las herramientas y trabajemos juntos porque las normativas y leyes entreguen las herramientas suficientes para que el carabinero salga a trabajar con tranquilidad y pueda tener la certeza de que lo que va a hacer no va a ser cuestionado ni por el Ministerio Público ni por las autoridades”.

El emplazamiento a las autoridades legislativas tuvo repercusiones en La Moneda, hasta donde tuvo que llegar este martes para dar explicaciones a la ministra del Interior, Carolina Tohá. La máxima autoridad de Carabineros le explicó el contexto de sus dichos y la secretaria de Estado le manifestó que cualquier situación que él quisiera exponer tenía que hacerlo a través de los canales oficiales con el gobierno y evitar cualquier crítica política.

El general director, dicen en la institución, tenía sus razones para alzar la voz, y es que su preocupación por la agresividad en contra de la policía no es sólo una percepción, a partir de un caso aislado -como el del cabo Salazar-, sino que está refrendado en cifras de la propia institución.

Estadísticas de Carabineros dan cuenta que en 2020 se registraron 6.257 efectivos lesionados en actos de servicio; en 2021, 5.537; en 2022, 5.493, y en lo que va de este año 891 uniformados han sido víctimas de una agresión.

En cuanto a los funcionarios fallecidos, en 2022 fueron siete; uno en 2021; tres en 2022, y dos en 2019.

Fuentes de Carabineros explican que las cifras sobre policías heridos revelan que, a pesar de que se registra una baja anual en estas estadísticas, un grupo de la ciudadanía sigue sin ponderar lo que significa agredir a un carabinero. Y eso, agregan, es lo que quería explicar el general director.

Luego de la reunión con la ministra Tohá, el general Yáñez sostuvo que “no hay que retroceder ningún paso, la institución va a seguir trabajando de pie, con la misma convicción que lo ha hecho todo este tiempo”. En esa oportunidad deslizó que a pesar de la cantidad de carabineros heridos, seguirán cumpliendo su mandato constitucional de brindar protección a la ciudadanía.

Por su parte, la ministra Tohá señaló que el objetivo de la reunión que sostuvo con el alto oficial era “despejar toda duda respecto del apoyo que tiene el gobierno de Chile en relación con las actuaciones policiales que se hacen dentro de su mandato legal que tiene Carabineros”.

Para el exministro del Interior Rodrigo Delgado, “durante el gobierno pasado presentamos diferentes proyectos como Ejecutivo y nuestros parlamentarios presentaron también mociones que endurecían las penas por ataques a Carabineros, que obligaban al Ministerio Público a no archivar o llegar a acuerdo con los delincuentes para cerrar las causas que regulaban de mejor manera el uso de la fuerza, etc. Pero la oposición de esa época, hoy gobierno, no dejó que ninguna avanzara”.

La otrora autoridad agrega que “el Estatuto de Protección de las Policías presentado en diciembre de 2019 por el Presidente Piñera tuvo más de 40 urgencias y no logró salir de la primera comisión en el Congreso”.

Ese proyecto de ley sigue en el Senado y no ha visto avances en la Cámara Alta. Algo levemente similar ocurre en la Comisión de Seguridad Ciudadana, donde el 14 de junio se ingresó el proyecto que “modifica diversos cuerpos legales para aumentar las penas por delitos cometidos contra el personal de Carabineros, la Policía de Investigaciones y Gendarmería de Chile, en el cumplimiento de sus funciones”.

Esa iniciativa no prosperó y el 11 de octubre ingresó otro proyecto para modificar “el Código de Justicia Militar para agravar las penas por delitos cometidos contra Carabineros en el ejercicio de sus funciones”. Este último proyecto no cuenta con ningún tipo de urgencia y sigue en la comisión.