A fines de noviembre, el periodista peruano Jonathan Castro escribía en The Washington Post sobre el momento político del entonces Presidente Pedro Castillo, luego que un mes antes solicitara a la Organización de Estados Americanos (OEA) la activación de la Carta Democrática Interamericana, alegando que en Perú se estaba gestado una nueva modalidad de golpe de Estado. “El gobierno (…) ha presionado a la oposición en el Congreso para que su reacción los deslegitime frente a la visita de un Grupo de Alto Nivel de la OEA. Pero es la reacción del Ejecutivo la que está empujando la crisis política hacia una situación crítica en la que el protagonismo lo tomará el Tribunal Constitucional. No dejaron una pausa ni durante el Mundial de Fútbol”, se lamentó.

A juicio de Castro, la de Castillo era una respuesta a la denuncia constitucional contra él que fue presentada ante el Congreso por la fiscal de la nación, Patricia Benavides, por considerarlo cabecilla de una organización criminal. “Cuando se requería una salida política ante la inestabilidad del gobierno, Castillo huyó hacia adelante buscando respaldo internacional”, comentó. Cual pitoniso, el periodista peruano advertía que la posición del Ejecutivo abría “escenarios bastante peligrosos, pues ya apuntan al Congreso con la amenaza de la disolución”.

Un escenario que se materializó este miércoles, luego de que Castillo anunciara la disolución del Congreso y la instauración de un “gobierno de emergencia” en Perú. Poco después, sin embargo, el pleno del Legislativo lo destituyó, por “permanente incapacidad moral”, con 101 de 130 votos a favor.

“Sería ingenuo creer que, en algún momento, Castillo tuvo la posibilidad de conciliar con la oposición, pues varias de sus cabezas querían vacarlo antes de que asumiera su mandato. Él tampoco tenía mayoría parlamentaria ni habilidad para generar consensos que permitan mantener el balance de poderes y centrarse en algunas reformas. Pero esta vez, en especial, la agudización de la crisis es consecuencia de sus acciones para escapar de las investigaciones fiscales contra su gestión”, había argumentado Castro en su columna.

Ya en febrero pasado, el portal Open Democracy alertaba que, en sus primeros seis meses en la presidencia, Castillo había nombrado hasta cuatro gabinetes diferentes (de un total de cinco que alcanzó a designar), lo que hacía del suyo el “peor arranque” de un gobierno electo en décadas. “La incapacidad de Castillo para gobernar efectivamente en estos primeros meses ha confirmado las dudas sobre la capacidad de este exlíder sindical de poner fin a la inestabilidad que parece haberse instalado permanentemente en la vida política de los peruanos”, señalaba el artículo.

Perú vive en una constante crisis institucional desde las elecciones de 2016, caracterizada porque los Parlamentos y presidentes de turno buscan eliminarse por desacuerdos entre sí. Ese año la victoria del Presidente Pedro Pablo Kuczynski desencadenó intensos conflictos con un Congreso liderado por Keiko Fujimori. La crisis se intensificó con el escándalo de corrupción que llevó a la renuncia de Kuczynski en marzo de 2018. En septiembre del año siguiente, su sucesor, Martín Vizcarra, disolvió el Congreso, que a su vez suspendió al presidente por un año por “incapacidad temporal”.

Los meses siguientes, recuerda Open Democracy, estuvieron marcados por la falta de gobernanza. Para diversos sectores de la población, la vacancia de Vizcarra simbolizó el abuso de poder por parte de los parlamentarios, un reclamo atenuado por la crisis social y económica desencadenada por la pandemia de Covid-19. Cuando el Congreso designó a Manuel Merino como presidente interino en 10 de noviembre de 2020, los peruanos tomaron las calles de diversas ciudades para protestar contra el “Congreso usurpador”, en manifestaciones que dejaron dos muertos y 200 heridos. Como resultado, Merino duró cinco días en el cargo y fue reemplazado por Francisco Sagasti, quien tras nueve meses entregó el puesto a Castillo.

Pero el precedente de lo hecho por Castillo se remonta a 1992, cuando el entonces Presidente Alberto Fujimori operó de igual forma: disolvió el Parlamento. Permaneció en el cargo ocho años más, hasta que dejó el poder acosado por escándalos de corrupción en la compra de congresistas de otras bancadas. Fujimori, quien cumple una condena en prisión por 25 años por su responsabilidad en el asesinato de 25 peruanos en los primeros años de su gobierno, también está condenado por corrupción.

En este constante enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo peruano, la figura de la vacancia presidencial juega un rol clave. La figura de vacancia por incapacidad moral del presidente se incluyó en la Constitución de 1893 y se ratificó en las 10 que le siguieron, siendo incluida en la Carta Magna actual (1993).

Esta figura, pese a que ha estado presente en la Constitución desde el siglo XIX, había sido usada con poca frecuencia, destaca la agencia Bloomberg. En el año 2000, en medio de escándalos de corrupción y un proceso de vacancia, Fujimori renunció a través de un fax. Sin embargo, el Congreso terminó por aprobar la vacancia para poder nombrar a un presidente de transición y convocar a nuevas elecciones.

Pero en los últimos años, ante la creciente inestabilidad política en Perú y los diferentes escándalos de corrupción, se ha convertido en un mecanismo cada vez más consultado por el Congreso para sacar del cargo al mandatario de turno y los procesos han logrado su cometido.

De hecho, el de este miércoles fue el noveno proceso de este tipo que un presidente peruano afronta desde 1992 y el tercero para Castillo, quien sorteó un primer pedido en diciembre de 2021, cuando la moción no fue admitida a trámite, y un segundo proceso en marzo pasado, cuando recibió solo 55 votos a favor.

Hace una semana, con motivo de la admisión a debate de la tercera moción de vacancia contra Castillo, el analista político peruano y director de la consultora Vox Populi, Luis Benavente, dijo a La Tercera que la disputa entre el Ejecutivo y el Legislativo era por “quién vacaba a quién primero”. Y esta vez el triunfo fue para el Legislativo.

Sin embargo, el Parlamento es muy impopular entre los peruanos, más que el actual exmandatario, de acuerdo con diversos sondeos. El 86% desaprobaba su gestión, mientras 10% lo aprobaba. Castillo sumaba 61% de impopularidad y 31% de popularidad, según una encuesta de noviembre del Instituto de Estudios Peruanos.

Recientemente, Denisse Rodríguez-Olivari, politóloga de la Universidad Humboldt de Berlín en Perú, señaló a Bloomberg que el artículo de moción de vacancia por incapacidad moral, que data desde hace más de 100 años, se tendría que “repensar” en la política de Perú. “El tema de la incapacidad moral puede ser todo y puede ser nada. Hay ciertas causales que deberían ser especificadas para evitar que sea utilizada como una herramienta política, que lo ha sido”, señaló.