Antes de completar dos semanas desde la asunción del Presidente de Perú, Pedro Castillo, su gobierno enfrenta una serie de complicaciones que implican directamente a su primer ministro, Guido Bellido, y al líder del oficialista partido Perú Libre (PL), Vladimir Cerrón, en una investigación por lavado de activos de una presunta organización criminal. El caso “Los Dinámicos del Centro” estalló en plena recta final de la campaña en Junín, pero ahora la indagatoria fue trasladada a Lima y la fiscalía cuenta con una serie de conversaciones telefónicas que podrían poner a prueba la estabilidad del Ejecutivo izquierdista.

“Por si acaso, estoy sin balas. Para la actividad de Cusco, apóyame, pues, con balas”, señala Bellido en una llamada a Arturo Cárdenas, el exsecretario nacional de PL y presunto cabecilla de “Los Dinámicos del Centro”, con fecha 4 de enero. En uno de los cinco audios interceptados por orden judicial y a los que tuvo acceso el diario Perú 21, se escucha cómo el actual jefe de gabinete solicita “balas”, o sea dinero, para un acto de campaña.

De acuerdo con el Ministerio Público, mediante una red de contactos del partido, la dirigencia recibía millonarias coimas a cambio de facilitar licencias de conducir en Junín. Por cada documento en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones (DRTC) habrían solicitado entre US$ 121 y US$ 170. Después de la victoria en primera vuelta de Castillo, el 11 de abril, los líderes ordenaron aumentar el número de ingresos.

La investigación apunta a que el dinero de la supuesta organización criminal tenía dos objetivos: financiar la campaña presidencial de Castillo y juntar el pago de “reparación civil” de US$ 206.000 al Estado por la condena de corrupción de 2019 en contra de Cerrón, así como los gastos de los distintos procesos judiciales en su contra. Justamente la semana pasada, Cerrón anunció en sus redes sociales que terminó de pagar su deuda con la justicia.

De una de las escuchas se desprende que Bellido -también congresista electo- coordinó la recepción de dinero con el plan de pedir US$ 8.000 por región para solventar las cuentas judiciales de Cerrón. Además, Cárdenas solicitaba al ahora primer ministro organizar reuniones virtuales por Google Meet con los dirigentes regionales del partido para negociar.

“Luego de obtenidas las ganancias ilícitas provenientes de dichos ilícitos penales, se habría tenido como fin que estas sean destinadas para financiar indebidamente a las diversas campañas políticas del partido, así como financiar los pagos, servicios y gastos relacionados a los distintos procesos legales y judiciales que tuvieran los integrantes de la presunta organización criminal”, asegura la fiscalía.

Hace una semana, el fiscal Richard Rojas decidió ampliar el proceso de “Los Dinámicos del Centro” para incluir a 17 personas más, entre ellos Bellido y Cerrón. Este es el segundo proceso judicial que enfrenta Bellido, ya que el jefe del Consejo de Ministros mantiene abierto un proceso por apología al terrorismo y presuntos vínculos con la agrupación Sendero Luminoso.

Asimismo, la fiscalía acusa a Cerrón, exgobernador de Junín, de los delitos de organización criminal y tráfico de influencias, así como ser la cabeza de la red criminal “constituida dentro” de Perú Libre. Entre sus funciones, denuncia, estaba “dirigir, coordinar, ordenar y ejecutar la comisión de diversas actividades criminales”. Entre las pruebas surgen los intentos del político por retirar US$ 91 mil desde una cuenta bancaria y un depósito a otra cuenta por US$ 146 mil.

El destape del caso, que hasta ahora había remecido sólo a Junín, hoy tiene una mayor relevancia. Según el diario El Comercio, la investigación ahora cuenta con “repercusión nacional”, por lo que fue trasladada a Lima para que quede en manos de Vanessa Díaz, de la fiscalía supraprovincial especializada en delitos de corrupción de funcionarios.

Tras conocer el traslado del proceso judicial a la capital peruana, Cerrón aseguró en sus redes sociales que “por nosotros, no hay problemas ni temores”. La justicia estableció que el también secretario general de Perú Libre deberá entregar una declaración indagatoria el 26 o el 31 de agosto, siendo la “segunda y última citación” oficial.

El impacto de las pesquisas pone contra las cuerdas al Presidente Castillo, que ha debido enfrentar una serie de reclamos por el nombramiento de Bellido, que incluso puso en jaque la asunción de su ministro de Economía, Pedro Francke. Con una bancada de tan solo 37 congresistas -que no supera los 50 legisladores si se suman sus aliados-, la estabilidad del nuevo gobierno podría ser puesta a prueba ante la arremetida judicial.

La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, hizo un llamado el domingo para que el mandatario convoque a un Consejo de Estado para dar un “mensaje de estabilidad al país y garantizarle a nuestro pueblo que el Estado enfrentará los temas urgentes”. Además, la congresista de Acción Popular solicitó a Castillo “evaluar la necesidad de los cambios sugeridos públicamente por diversos congresistas y podamos viabilizar la confianza al gabinete por el bien del país”.

En las últimas horas, el diario peruano Expreso señaló que “no se descarta que más adelante la fiscalía o la procuraduría disponga la incorporación de la señora Dina Boluarte, quien además tenía, de alguna forma, las cuentas y el control del dinero en el partido”. La actual vicepresidenta y ministra de Desarrollo habría sido la encargada de juntar los aportes reunidos para Cerrón, por lo que admitió que 104 personas le depositaron US$ 3.800 cada una, aunque Boluarte negó que el dinero fuera para “Los Dinámicos del Centro”.

Entre los golpes que deja hasta ahora el caso aparece también la fuga de parlamentarios. Según IDL Reporteros, al menos 13 congresistas de PL estarían ad portas de abandonar el partido para formar una agrupación independiente, “por los desacuerdos en cuanto al manejo político y tomas de decisiones por parte del Ejecutivo”. Este grupo es denominado la facción “del magisterio”, que incluye a docentes y cercanos a Castillo.

En medio de las dificultades del gobierno entrante, el Ejecutivo trabaja con la mirada puesta en el próximo 28 de agosto, cuando deberán presentar su propuesta de equipo ministerial ante el pleno del Legislativo. La ley establece que si el Congreso rechaza dos veces al gabinete, Castillo podría avanzar en disolver la Cámara.

Por otro lado, la oposición necesita 87 votos para eventualmente sacar a Castillo bajo la normativa de “incapacidad moral”. El sábado, cientos de peruanos protestaron en Lima, en la primera marcha contra el mandatario izquierdista.