A más de un año desde que entró a cumplir prisión preventiva en Capitán Yáber, el dueño de la empresa de luminarias led Itelecom, Marcelo Lefort, decidió empezar a entregar más nombres de funcionarios públicos que habrían recibido coimas. El ingeniero fue formalizado por pago de sobornos a empleados municipales y del Ministerio de Energía, a cambio de adjudicarse millonarias licitaciones en municipios.

El 1 de abril, la defensa del empresario ofreció entregar “una nueva declaración de este imputado, sobre hechos atingentes a otros municipios mencionados por el Ministerio Público en audiencias como objetos de investigación”. Así lo plantearon sus abogados a través un escrito enviado al tribunal el 19 de mayo. Específicamente, aseguraron que detallaría “hechos ocurridos en las comunas de San Carlos, Coyhaique, Puerto Natales, San Miguel y Nueva Imperial”. Junto a esto, entregaron al tribunal seis minutas sobre cada uno de los hechos de presunta corrupción que Lefort quería declarar en relación a estos municipios, excluyendo otros que también han sido mencionados por exejecutivos de la firma, como Puente Alto y Recoleta.

Y el jueves y viernes pasado Lefort fue trasladado desde la cárcel a las dependencias del Ministerio Público, donde declaró por varias horas.

La Tercera accedió a estas minutas. En ellas, Lefort reconoce por primera vez pagos que exejecutivos de Itelecom ya habían detallado a la fiscalía, específicamente en relación a coimas a alcaldes en ejercicio.

Esta licitación fue adjudicada a Itelecom en 2016 por $1.800 millones. Lefort dice que “para este proyecto recibimos la asesoría externa de Álex Fuenzalida, a quien expresamente se le encargó la promoción de la tecnología que empleaba la empresa al interior del municipio, trabajo por el cual le pagábamos un honorario mensual”.

Según el dueño de la empresa de luminarias, antes y durante el proceso de licitación en Coyhaique “no tuvimos contacto alguno con funcionarios de la municipalidad”. Sin embargo, señala que luego de firmar el contrato, “Ricardo Rodríguez (director comercial de Itelecom) recibió la información, no sé de quién, que Álex Fuenzalida, a nuestras espaldas, le habría ofrecido pagos al alcalde Huala, para asegurar la adjudicación de la licitación”.

Sobre este punto, ahonda que “él (Álex Fuenzalida) reconoce que había pactado por su cuenta los pagos que nos reclamaban y alegó problemas financieros en su empresa que le impedían pagar el compromiso con los funcionarios municipales y nos traspasó el problema a nosotros”.

Señala que la coima se hizo a través del secretario de planificación (Secpla) del municipio, Julio Villaroel, por $ 8 millones. “Este mismo funcionario se apersonó ante Ricardo Rodríguez reclamando que los pagos ofrecidos no se habían concretado de la manera prometida, lo que generaba un conflicto entre la municipalidad y la empresa Itelecom”, asegura Lefort. De esta forma, detalla el empresario, “es el propio Ricardo Rodríguez quien entrega (la coima) al funcionario, pero según entendía destinados al alcalde” de Coyhaique, Alejandro Huala (PS).

Asegura que “en este contrato mi participación fue tangencial, pues solo estuve involucrado en temas de definición de precios y plazos de nuestra propuesta”.

Al final de la minuta, señala que luego de ejecutar el proyecto, Rodríguez se reunió con el alcalde Huala para “liquidar todos los temas, ya que entre ellos surgió una amistad que incluso los llevó a juntarse en casa del alcalde y a planificar vacaciones en la zona. Unas semanas después, nos reunimos los dos con el señor alcalde, previa coordinación de Ricardo Rodríguez y como respuesta a la cortesía que había tenido el alcalde con su recepción en esa ciudad”.

Según declaró el 29 de octubre Ricardo Rodríguez, acompañado de su abogado Gonzalo de la Cerda, fue él mismo junto a Pedro Guerra, a cargo del área de licitaciones de Itelecom, quienes realizaron la coima al jefe comunal: “Una vez que se había adjudicado la empresa, nos llamó el alcalde y Lefort nos dijo que viajáramos con Pedro Guerra. Nos recibió el alcalde Alejandro Huala y nos señala que tiene un problema, porque Ureta no le había entregado $ 8 millones por el proyecto (...). Le pagamos al alcalde en otro viaje con Pedro, $ 8 millones en efectivo en una caja corrugada de vino, el dinero nos lo pasó Lefort. Le pagamos en un restaurante en el centro, en el segundo piso, que tenía un privado. Llevamos el dinero en la caja de vino porque así lo sugirió Lefort”.

En 2020, Itelecom se adjudicó una licitación por $ 1.590 millones en la Municipalidad de Puerto Natales. De acuerdo a Lefort, el proyecto fue íntegramente tramitado por Guerra y Rodríguez, con la asesoría externa de Cristián Ureta, desde inicios de 2018: “Durante ese periodo, ambos viajaron a esa ciudad más de una vez y se reunieron con el alcalde (Fernando Paredes, UDI) y otros funcionarios municipales. Según me informaron, como consecuencia de esas reuniones, ese proyecto sería ‘limpio’, es decir, sin estar dirigido a ninguna empresa en particular, lo que se había logrado gracias a la intervención de Cristián Ureta, que había hablado con el alcalde”.

Detalla que además de esas reuniones, hicieron otras en las oficinas de Itelecom en Santiago, en donde Rodríguez, Guerra y Ureta recibieron al alcalde para ver detalles del proyecto.

“No se me informó por Ricardo (Rodríguez) ni Pedro (Guerra) de eventuales pagos a funcionarios de esa municipalidad (...). Solo se me dijo que Ureta pedía como compensación por su ayuda que nuestra empresa le asignará los servicios de instalación del proyecto, que los ejecutaría a través de Servilux, considerando un sobreprecio por esos servicios, que sería usado para pagar dinero a alguien de la comuna, solo se me informó que existía un sobreprecio por $ 50 millones”, dice Lefort.

Agrega que Rodríguez tenía suficientes atribuciones para acordar pagos de municipios y que este le comentó que Ureta “tenía una relación muy estrecha con el alcalde Paredes y que suponía que tenía un acuerdo con él”. Asegura que habló con el alcalde en abril de 2020 para coordinar la firma del contrato.

Sobre estos hechos, Pedro Guerra declaró el 19, 20 y 26 de agosto, acompañado de su abogado César Ramos, que “Ureta se consiguió las bases con el alcalde y nosotros se las comentamos para una primera licitación que después se bajó. Ya habíamos presentado la oferta y recibí un llamado del alcalde, posterior a eso adjudicamos. El contrato se firmó, pero no se ejecutó ningún pago al alcalde. Se canceló de mutuo acuerdo entre la municipalidad y la empresa. Como no hubo pago al alcalde para acreditar el ofrecimiento que Ureta le hizo y el alcalde aceptó, deben existir pantallazos que Ureta nos mandaba por Signal”.

En el caso de San Miguel, se trató que un proyecto de recambio de luminarias por un monto total de $ 2.500 millones que fue adjudicado a Itelecom el 31 de marzo de 2020.

De acuerdo a Lefort, este proceso fue “transparente y competitivo”. Sin embargo, sostiene que “contactaron a Carlos Bazaletti, empleado del gobierno regional, que hacía de contraparte del municipio para la aprobación de los fondos para el proyecto”.

Dice que Rodríguez le comentó que habían acordado con Bazaletti que si Itelecom lograba adjudicarse la licitación, le pagarían $ 5 millones para garantizar la aprobación de los fondos. “Las pocas veces que Rodríguez logró reunirse a solas con Bazaletti, según me contaba el mismo Ricardo, lo hacían en una bencinera de San Bernardo, donde simulaban un encuentro casual de propósito de la compra de combustible (...). No recuerdo si Rodríguez pagó finalmente a Bazaletti, pues tenía autonomía para tomar esa clase de decisiones y las gestionaba directamente con Leonardo Bustos (socio de Itelecom)”, indica Lefort.

En el caso de Putaendo, el proyecto fue adjudicado a Itelecom en marzo de 2019. Lefort asegura que por tratarse de un proyecto pequeño de $ 558 millones, no tuvo mayor información sobre la manera en que Guerra y Rodríguez condujeron la participación de Itelecom en el proceso. Solo señala saber que sus ejecutivos “contaron con la ayuda de Cristián Ureta desde 2018″.

El empresario dice que luego se enteró que “los servicios necesarios para la fase de ejecución habían sido encomendados a la empresa de Ureta, de lo cual podía presumir que Rodríguez y Guerra habían acordado alguna clase de pagos vinculados al municipio”.

Sobre San Carlos, señala que “no tuve antecedentes con anterioridad a mi formalización en Chillán de alguna actividad ilícita con personal municipal relativo al algún proceso licitatorio en esta comuna”. En ese sentido, apunta a que “no es verdad lo que dice Guerra , que yo le haya encomendando realizar alguna gestión a través de algún funcionario y con la ayuda de Felipe Letelier (exdiputado PPD)”.