El nuevo ministro argentino de Justicia, Martín Soria, que es considerado por los sectores opositores un representante del kirchnerismo más duro, ya comenzó a dar luces de lo que será su gestión. Ayer, en una entrevista señaló que su objetivo es terminar con la supuesta persecución de sectores judiciales a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y sus allegados, procesados en varios casos de corrupción.

Soria, un diputado peronista cuya designación fue anunciada el lunes por el Presidente Alberto Fernández, indicó en una entrevista con Radio 10 que busca terminar con el lawfare, en referencia al uso de procedimientos judiciales irregulares con fines políticos y “desarmar la mesa judicial que atendía en el despacho” del exmandatario y actual opositor Mauricio Macri (2015-2019).

“Hay personajes del Poder Judicial que se pasaron de la raya... Nosotros no vamos a hacer lo que hizo el macrismo. No vamos a llevar a cabo una cacería de brujas”, sostuvo al cuestionar el avance de las investigaciones judiciales a la vicepresidenta y exmandataria (2007-2015) durante el gobierno de Macri.

El Presidente argentino designó a Soria, explicó la agencia The Associated Press, con el propósito de llevar adelante una reforma del Poder Judicial que es considerada por jueces y opositores como una injerencia del Ejecutivo en el funcionamiento de los tribunales y un intento de proteger a la vicepresidenta y otros funcionarios y allegados procesados por la justicia.

El designado ministro defendió la inocencia de Fernández de Kirchner, acusada de delitos como lavado de dinero y administración fraudulenta. “Ella, que no tuvo nada que ver, que es inocente, que la acusaron mediática, judicial y políticamente porque eso es el lawfare, quiere que sea la misma justicia la que la libere de culpa y cargo, que es lo que corresponde cuando uno no hizo nada”, dijo Soria.

El nuevo ministro era miembro de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, cargo que utilizó para empezar a acercarse al kirchnerismo. El abogado de 45 años es hijo del fallecido gobernador de Río Negro y diputado por la misma provincia. Entre 2011 y 2019 ejerció como intendente de la ciudad de General Roca.

“Nadie lo conoce. Es un político del interior, que fracasó en 2019 en su intento por ser gobernador de Río Negro. Quienes lo conocen ya lo han criticado por su carácter confrontativo”, explica a La Tercera José Ángel Di Mauro, analista argentino y biógrafo de Cristina Fernández.

“Soria no es un político tan conocido. No ganó las elecciones de gobernador en su provincia. Proviene de Río Negro, en la Patagonia, provincia donde vive solo el 1,5% de la población argentina”, comenta a La Tercera el analista argentino Julio Burdman.

La reforma al Poder Judicial

El propósito de designar a Soria como nuevo ministro de Justicia es impulsar una ambiciosa reforma al Poder Judicial, que busca modernizarlo en temas relacionados al fuero federal, una situación que es rechazada por la oposición y los jueces.

“El tema de la reforma judicial luce central en la estrategia del gobierno, y daba la impresión de que la ministra Losardo no estaba en sintonía con las expectativas de Alberto Fernández y Cristina Kirchner”, explica Burdman. “Si bien Soria no es un kirchnerista ‘puro’, está alineado con Cristina Fernández y Alberto Fernández en esta cuestión, y va a “apretar el acelerador” en materia de reforma judicial”, dice.

En sus años como diputado, Soria no se ha mostrado como una persona del entorno de Alberto Fernández, pero sí cercano a la vicepresidenta. De hecho, es considerado por la oposición como un representante del lado de Cristina.

Según el diario La Nación, Soria ya trabaja en la gestión de una nueva estrategia y buscará como un objetivo clave nombrar a un nuevo procurador. En ese sentido, el lunes en la noche se reunió con el secretario de Justicia, Juan Martín Mena, y con el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, Gerónimo Ustarroz, el hermano del ministro del Interior, Wado De Pedro. En el encuentro revisaron la situación del área, hablaron sobre cómo será la nueva “lógica” de organización y repartieron tareas, informaron fuentes al tanto del encuentro. “Distribuir y avanzar. Todo muy pragmático”, dijo un funcionario que será parte de la nueva gestión. “Ahora sí hay comunión de intereses. Tiramos todos para el mismo lado”, afirmó otro kirchnerista sobre lo que viene en Justicia.

Para Di Mauro, la designación de Soria es “una señal de Alberto a su vicepresidenta y jefa política. Una señal para que el kirchnerismo pueda confrontar al Poder Judicial con una figura dispuesta a hacerlo, más allá de que nadie espere resultados inmediatos”, explica. “Martín Soria tiene un espíritu confrontativo que el kirchnerismo duro considera ideal para esta instancia. No tiene mayores contactos con el Poder Judicial, no es un conocedor de los Tribunales de Comodoro Py, pero para el gobierno ese es un dato menor, pues para eso está el número dos del ministerio, Juan Martín Mena, quien tenía el poder formal antes y seguirá teniéndolo ahora”, afirma.

Los cuestionamientos a Soria por sus primeras declaraciones después de haber sido anunciado por el Presidente no tardaron en llegar, indicó diario Clarín. La presidente del Pro, Patricia Bullrich, sostuvo que el todavía diputado llega al Ministerio de Justicia para “convertir las causas del saqueo kirchnerista en persecución política”.

El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, calificó de preocupante la designación de Soria como nuevo ministro de Justicia. “No conozco al ministro actual, pero vi unas declaraciones suyas atacando fuertemente a algunos jueces. Yo no estoy de acuerdo con eso y creo que es exactamente lo contrario a lo que Argentina necesita. Tenemos que respetar las instituciones, la Constitución y la división de poderes”, dijo a Todo Noticias.

Mientras que el diputado Federico Angelini, de la alianza opositora Juntos por el Cambio, señaló que supone “el avance del kirchnerismo duro en cada una de las áreas de gobierno” e “implica la intervención directa sobre la justicia, que constituye una obsesión para la vicepresidenta, quien actúa bajo un objetivo que no tiene que ver con dotar de transparencia y mejorar su funcionamiento, sino claramente con beneficiar a los propios”.