El último Boletín Estadístico de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir) detalló que entre enero y julio 705 empresas han pedido su quiebra en el país, registrando un alza del 15% respecto de igual periodo del año anterior, cuando ingresaron 613 procedimientos de liquidación de activos.

Las cinco regiones que más aumentaron el número de empresas en quiebra en los primeros siete meses del presente año en comparación con el mismo lapso de 2022 fueron: Arica y Parinacota (167%); Los Ríos (91%); La Araucanía (66%); Ñuble (56%) y Valparaíso (40%).

Mientras que las cinco regiones que más quiebras registraron en enero-julio fueron la Metropolitana (330); Valparaíso (70); La Araucanía (58); Bíobío (48) y Coquimbo (32).

Por su parte, en julio 112 procedimientos de liquidación de activos de firmas deudoras fueron ingresados a la Superir. En el mes de junio el número de compañías en quiebra llegaron a 120 y, por lo tanto, las cifras reflejaron una caída en comparación con el mes anterior del orden 7%

Luis Felipe Castañeda, socio de Castañeda, Chadwick & Pino, explicó a Pulso que “la mala situación económica que enfrenta el país ha sido bastante transversal, afectando a diversos sectores productivos y de servicios. Sin embargo, los sectores agroindustrial y de retail con venta directa al público son los que han mostrado un comportamiento más complejo”.

“Por otra parte, se ha producido un fenómeno en el cual muchos de esos deudores, afectos a procesos de reestructuración financiera, no se acogerán a la Ley Concursal. En efecto, nuestro estudio, por ejemplo, se encuentra trabajando con varias empresas que forman parte de un grupo económico y con otras tres firmas en forma individual, que se reestructurarán mediante negociaciones directas; contando para ello con el acuerdo de sus acreedores, incluidos los bancarios”, añadió. Con ello, dichos procesos no quedan contabilizados en las cifras que informa la Superir.

En tanto, Cristián Gandarillas, socio de Gandarillas, Montt & Del Río, sostuvo que “habrá liquidaciones masivas en el sector de la agricultura, que es algo que las autoridades no parecen estar viendo, y tampoco se han diseñado políticas que permitan prorrogar créditos a estas empresas o agricultores que tienen necesidades especiales de capital que tienden a concentrarse en momentos cercanos a la cosecha. Si a esta industria no se le inyecta capital de trabajo, las garantías de los acreedores se verán severamente perjudicadas, porque el activo residual va a valer muy poco o nada”.

A su vez, las reorganizaciones de empresas durante los primeros siete meses del año subieron 25% en comparación con el mismo periodo de 2022. En julio hubo ocho compañías que solicitaron su reorganización, versus junio en que hubo sólo cuatro procesos de este tipo.

Por otro lado, el informe de la Superir detalló que las personas en renegociación subieron 237% entre enero y julio frente a igual lapso del año anterior. Durante los primeros siete meses de 2023 hubo 377 personas que solicitaron este tipo de procedimiento a la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, versus 112 de enero-julio de 2022.

Además, en lo que va de 2023, julio fue el mes en el que un mayor número de personas inició un proceso de renegociación por sus deudas para evitar la quiebra (67).