Tiene que haber un “efecto espejo”. Así describen en el Tribunal Constitucional (TC) lo que debería pasar con la medida cautelar que presentó el fundador del PRO, Marco Enríquez-Ominami, que busca declarar inconstitucional la norma de la Ley sobre el Sistema de Inscripciones Electorales, que le impide por un lado votar y, por el otro, inscribir una candidatura presidencial por el solo hecho de haber sido acusado por el Ministerio Público por delitos que tienen pena de cárcel, como es el caso del exabanderado, quien por estos días enfrenta los últimos días de juicio oral del denominado caso OAS. Dicho efecto lo daría el triunfo que hace algunos días asestó en la misma judicatura su exbrazo derecho, el periodista Cristián Warner, quien recuperó sus derechos políticos tras un fallo unánime del “guardián de la Carta Fundamental”.
Este miércoles 18, entonces, será clave, ya que el pleno del TC se reunirá a eso de las 9.30 horas para resolver una situación que tiene en ascuas a ME-O. El cineasta tiene hasta el lunes 23 de agosto para inscribir lo que será su eventual cuarta aventura presidencial y poder sellar así su nombre como candidato del Partido Progresista a La Moneda en la papeleta de noviembre. La resolución del caso se pospuso 24 horas luego que el ministro Nelson Pozo (cercano al PS) solicitara más tiempo para estudiar los antecedentes. Pero, dicen al interior del organismo, no hay plazo que no se cumpla y durante las próximas horas ya habrá una resolución al respecto.
La queja del exdiputado es que aún no ha sido condenado, por lo que quitarle sus derechos políticos, a votar y a ser aspirante a algún cargo de elección popular, contravendría los derechos que le asegura la Constitución. Ahora, en paralelo, se están viviendo en el Cuarto Tribunal Oral de Santiago las últimas jornadas del juicio oral en que el Ministerio Público pide cuatro años de cárcel como autor del delito de fraude de subvenciones. Esto por sus rendiciones de gastos ante el Servel en su última candidatura de 2013.
Esta semana, la jefa de Alta Complejidad Centro Norte, Ximena Chong, dio inicio a los alegatos de clausura y durante esta semana tomará la palabra el Consejo de Defensa del Estado y el Servicio de Impuestos Internos. Se espera entonces que a mediados de la próxima semana ya exista un veredicto que podría ser condenatorio o absolutorio. Con todo, de darse el primer escenario adverso para el fundador del PRO, dicha resolución podría ser objeto de un recurso de nulidad, lo que mantendría el estatus de ME-O de inocente ante el sistema penal, ya que aún no habría sentencia firme en su contra.
Prohibición absurda
Hace algunas semanas, cuando presentaron el requerimiento, la defensa de ME-O, encabezada por Ciro Colombara, explicó la estrategia judicial de acudir al TC. En esa oportunidad sostuvo a La Tercera que “es una situación absurda y que no tiene paralelo en otros países. Esto es, que se permita -pura y simplemente- por una decisión del Ministerio Público, en cuanto a deducir acusación en contra de una persona, que se suspenda o prive de derechos políticos a esta persona, es decir, que no pueda votar ni ser candidato. Desde esa perspectiva, obviamente es contrario a los tratados y convenciones internacionales que expresamente regulan la situación de los derechos políticos, toda vez que solo pueden ser suspendidos -o alguien puede ser privado de ellos- en virtud de una sentencia penal condenatoria después de un juicio”.
El profesional agregó que “acá no ha habido juicio, simplemente hay una investigación y una acusación y, por lo tanto, no es posible que, por ese solo hecho, por la sola voluntad unilateral del Ministerio Público, sin la intervención de los tribunales de justicia, se prive de derechos políticos en este caso al señor Marco Enríquez-Ominami. Y en caso de que el Tribunal Constitucional así lo entienda, entonces -de ser su decisión-, él podrá inscribir una eventual candidatura a cualquier cargo público, hasta el 23 de agosto, conforme a la ley”.
*Esta nota fue modificada y actualizada a las 13:30 horas.
