La crisis sanitaria ha provocado estragos en diversos rubros de la economía, pero pocos lo han pasado tan mal como el turismo y, en particular, el negocio aeronáutico. La menor frecuencia de vuelos, producto de las restricciones sanitarias -entre ellas, el cierre de fronteras- y la menor demanda de los usuarios, han desplomado los ingresos de aerolíneas y concesionarios aeroportuarios.

Esta situación elevó la temperatura de la disputa entre Nuevo Pudahuel, concesionaria del aeropuerto de Santiago -el más grande del país- y el Ministerio de Obras Públicas (MOP), que encabeza Alfredo Moreno. Según acusa la empresa, el MOP busca que sea la concesionaria la que absorba todo el costo de la crisis, lo que derivó en un requerimiento ante el Ciadi para que defina esta discrepancia.

Pero ahora hay otro aeropuerto que entra en conflicto con el MOP. Se trata de la sociedad concesionaria Aeropuerto del Sur, que lleva adelante la ampliación y administra el terminal El Tepual en Puerto Montt, y que pertenece a Sacyr y Agunsa, esta última ligada a la familia Urenda. La empresa ingresó este miércoles un requerimiento ante el Panel Técnico del MOP solicitando una compensación de poco más de medio millón de UF (equivalente a unos US$20 millones al cambio actual), o bien, el término anticipado del contrato de concesión, previo pago de 729.335 UF (unos U$29 millones).

¿La razón? La compañía prevé que, dadas todas las medidas que han sido tomadas para frenar la crisis del Covid-19 y que han provocado una brusca caída de sus ingresos, la actividad que existía hasta 2019 -sin pandemia- recién se recuperará en 2024, cuando la concesión del terminal aéreo ya haya concluido.

Según el documento, firmado por los abogados Ramiro Mendoza Zúñiga, Matías Mori Arellano y Pedro Aguerrea Mella, en el caso particular de este aeropuerto la concesión tiene una duración de solo seis años, venciendo en mayo de 2024, a diferencia de otros contratos firmados por el Estado, como es el caso del de Santiago (20 años de duración), Concepción o Arica (15 años en cada caso).

”Además, tiene un modelo distinto a Santiago y Concepción ya que se financia a través de los ingresos por pasajeros embarcados, ingresos comerciales y subsidios de la DGAC, a diferencia de los primeros que comparten ingresos con el Estado a través del sistema de caja única”, señala el escrito.

Se añade que, desde que se decretara la alerta sanitaria el 8 de febrero de 2020 en todo el territorio nacional, se han dictado 103 actos de autoridad “que han implicado restricciones a la movilidad de las personas contenidas en el cierre de fronteras, prohibición de viajes interregionales, aduanas sanitarias, cuarentenas locales y otras, las que han afectado los flujos de pasajeros y demás servicios del aeropuerto”.

La empresa asegura que el reclamo no objeta esas decisiones, pero sí repara en el impacto económico que ello genera.

“En el año 2020 el número de pasajeros embarcados disminuyó un 57,9% respecto del 2019, así como los ingresos comerciales bajaron un 49,8% respecto del mismo año. Si sólo se compara de abril a diciembre de 2020 (pandemia), los pasajeros embarcados disminuyeron 83,4% y los ingresos comerciales 63,0%.

El número de pasajeros salidos el 2020 son similares a los salidos el año 2010, es decir, se retrocedió una década”, complementa el texto firmado por los abogados de la empresa.

“Este impacto, unido a la obligación de seguir cumpliendo los hitos del contrato (más de 50% de avance), una suspensión de los desembolsos por el acreedor financiero, el término de 41 contratos de subconcesión por problemas de pago, los 3 años y 3 meses que quedan de concesión, han configurado una verdadera tormenta perfecta para el proyecto”, agrega la empresa.

Por ello, se pide al organismo recuperar la inversión vía compensación o término anticipado del contrato. De no cumplir con su objetivo, la concesionaria cree que alrededor de la mitad de la nueva obra no tendrá retribución alguna para la compañía ligada a Sacyr y a Agunsa.

Desde el MOP, en tanto, declinaron realizar mayores comentarios. “Se encuentra en análisis la discrepancia presentada hoy y se responderá en la instancia que corresponde”, señalaron mediante una declaración emitida por la Dirección General de Concesiones del MOP.