Desde el lunes que el comandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez, tenía pensado ir sí o sí al Congreso. Fue -una vez más- un domingo ajetreado, luego de que la institución publicara en sus redes sociales la carta que la entidad castrense envió al director de La Red, rechazando las alusiones al personal militar en un programa de humor.

Martínez recibió llamados, mensajes, correos electrónicos y participó de más de 10 reuniones con sus asesores para preparar su concurrencia a la Comisión de Defensa de la Cámara, donde había sido citado para dar explicaciones sobre la carta enviada al canal privado. Pero el comandante en jefe del Ejército tenía otro tema que saldar antes. Despejar, quizás, el asunto que originó todo: la Operación Topógrafo.

El caso -revelado por La Tercera en agosto de 2019- es indagado actualmente por la Fiscalía Centro Norte, donde se investiga si la intervención de los teléfonos de cuatro exfuncionarios de la institución, y también del periodista Mauricio Weibel, se ajustaron o no a la Ley de Inteligencia.

Ciper publicó, el 29 de marzo de este año, documentos en que se detallaba que el nombre de Weibel no venía en el documento -firmado por el director de Inteligencia del Ejército en 2017, Schafik Nazal-, en que se solicitaba intervenir su teléfono. Solo estaba su número telefónico, pero no estaba identificado con nombre y apellido.

En base a esta información, la Comisión de Control del Sistema de Inteligencia del Estado de la Cámara de Diputados citó a los exjefes de Inteligencia del Ejército en 2017, los generales Schafik Nazal y Guillermo Paiva. También invitó al ministro de la Corte de Apelaciones Juan Antonio Poblete, quien, cuando integraba el tribunal de alzada de Santiago, autorizó las interceptaciones telefónicas. Y Martínez también quiso ir.

Para el Ejército y los diputados la declaración clave era la del juez Poblete, dado que él era quien podía decir si fue o no engañado por la institución castrense para autorizar la cuestionada diligencia. Y el ministro, hoy presidente de la Corte de Copiapó, entregó su versión.

Al menos tres participantes de la instancia reconocieron a La Tercera que el juez Poblete sostuvo que “no fui engañado” y que ”estaba en pleno conocimiento de la diligencia que se me solicitó”, como también de los nombres de cada uno de los investigados. Según algunos presentes, al juez se le vio tranquilo y con su declaración, a los militares presentes, se les dibujó un leve gesto de conformidad. Con esto el miembro del Poder Judicial descartaba maniobras del Ejército para realizar una escucha ilegal, ya que aseguró que siempre supo contra quiénes iban dirigidas las diligencias y había antecedentes que las permitían.

“Los de la comisión quedamos sorprendidos. Es decir, si el principal testigo de cargo cierra filas con el Ejército y nos dijo que no fue engañado, que todo estaba en regla, que eran cuatro los investigados y que él sabía perfectamente que tres eran exuniformados y el cuarto un periodista (Weibel), entonces no hay nada más que hacer”, dijo uno de los diputados presentes en la comisión.

El parlamentario agregó que el juez indicó que “quería aclarar todo esto que se estaba inventando, porque él asumía todo, la operación estaba acorde a la Ley de Inteligencia y por eso, de hecho, viajaba desde Copiapó a dar la cara”. Sobre las explicaciones de los uniformados, estos habrían señalado que todo estaba en regla y que si bien en el documento que publicó Ciper el nombre de Weibel estaba tachado, esto era para “evitar que se filtrara este nombre en el Poder Judicial”.

Terminada la comisión fue el propio presidente de la instancia, el diputado UDI Osvaldo Urrutia, quien abordó la situación. “Aquí ha quedado claramente establecido que la petición del Ejército se hizo apegada a la Ley de Inteligencia y nunca se engañó al ministro de la corte. Por lo tanto, fue una petición hecha a lo que establece la Ley de Inteligencia”, señaló.

En esa misma línea, el general (R) Nazal explicó a La Tercera que “estoy tranquilo. Esperamos que esto ahora quede claro, porque acá no se engañó a nadie y todo se ajustó a la Ley de Inteligencia”. La defensa del exuniformado, representada por el abogado Mario Vargas, ya pidió que el juez Poblete también declare ante el fiscal Jaime Retamal, persecutor a cargo de esta indagatoria en sede penal.