La exenfermera a cargo del vacunatorio de Clínica Las Condes (CLC) Carla Garrido Ortiz, despedida por divulgar la tercera dosis contra el Covid aplicada al presidente del recinto médico, Alejandro Gil, presentó una demanda de tutela laboral, acusando una grave vulneración a sus derechos fundamentales, en especial a su integridad síquica y al derecho a un trato digno.

Según el recinto de salud privado, la profesional redactó un documento interno, denominado “N° Incidente: EA-21-00011187″, en el que detalló uno de los episodios más polémicos desde que el 10 de diciembre de 2019 la pareja de Cecilia Karlezi asumiera la presidencia de CLC.

En la carta de desvinculación se alude a dicho informe y acusa que fue de “libre acceso al personal y, en consecuencia, a terceros distintos a los médicos tratantes”. El caso es que según la CLC la enfermera “reveló antecedentes privados sobre su condición de salud y tratamiento dispuesto, vulnerando de esta manera los derechos del paciente e incumpliendo gravemente sus obligaciones de no divulgar información de carácter reservada de la ficha clínica”.

Por el contrario, la enfermera -en su ofensiva judicial- sostiene que “si hubo algún incumplimiento del contrato, de la Constitución, de la ley y de los reglamentos, fue de parte de la clínica y de su alter ego, el Sr. Alejandro Gil Gómez, quien, en su calidad de presidente del directorio de la clínica, haciendo abuso de dicha posición, exigió se le inoculara una tercera dosis de vacuna (Pfizer), en contra de todos los protocolos ordenados por el Ministerio de Salud, haciendo uso indebido de dicha dosis, destinada a esa fecha exclusivamente a niños, niñas y adolescentes, la cual no era ni es propiedad de la clínica, ni menos del Sr. Gil. Con su deliberado actuar vulneró el principio constitucional de la igualdad al anticiparse a todos los habitantes del país para asegurarse una vacuna que al resto de los habitantes les estaba vedada”.

La enfermera exige ser indemnizada en $ 109.660.338, considerando solo por concepto de daño moral $ 50.000.000.

Todo comenzó cuando el sábado 3 de julio del presente año, cerca del horario de cierre de turno, a eso de las 13.30 horas, y cuando ella se encontraba de descanso en su hogar, le escribió por WhatsApp la funcionaria tens del vacunatorio, Maritza Soto, y le dijo que habían tenido que inocular a Alejandro Gil, presidente del directorio de CLC, con la tercera dosis de vacuna Pfizer. Luego, ella le envió un mensaje de audio en donde especificaba que: “Acude con un examen de anticuerpos de Covid y le salió que no tenía, entonces el médico lo envió de inmediato a vacunarse, se fue a colocar la dosis de Pfizer y en 25 días más se tomaría anticuerpos, el lunes le entrego los antecedentes y le cuento todo, pero tuvimos que vacunarlo, nosotros le dijimos que no, pero qué quiere que hiciéramos, no le puedo decir que no, me mata”.

Frente al hecho, la enfermera informó a su jefatura directa, Leticia Ortiz, jefa de Servicios Ambulatorios, a las 14.35 del mismo día sábado, con quien acordó revisar la situación el lunes siguiente (5 de julio) a primera hora y que solicitaría los antecedentes de esta irregularidad a las tens y que se los entregaría a la brevedad.

Ese día, alrededor de las 8.00 AM Garrido citó a su oficina a la tens Michelle Bernazar para que le explicara lo sucedido. En su oficina esta última le indicó que al mediodía del pasado sábado se encontraban Maritza Soto en el punto llamado de simulación donde se concentraba desde un comienzo la vacunación Covid, cuando Gil acudió acompañado por la gerenta de Enfermería de CLC, Andrea Gaete. “En vista de tratarse del presidente de la clínica, y que se encontraba acompañado de la enfermera gerenta, ellas no tuvieron otra alternativa que vacunarlo y Maritza procedió a tomarle fotografía al Registro Nacional de Inmunizaciones (RNI) y a la cédula de identidad del señor Gil, con el fin de guardar sus datos, ya que no pudo concretar el registro en RNI y por tal motivo no le cuadraría el stock de vacunas al finalizar el turno (vacunas físicamente inoculadas vs. las registradas y administradas). Cabe agregar en esta parte que el control de stock del día lunes 5 de julio fue cuadrado absolutamente, salvo la dosis del señor Gil”, se consigna en la demanda a la que tuvo acceso La Tercera PM.

Leticia Ortiz reunió en su oficina a Michelle Bernazar y a Carla Garrido para saber lo sucedido, alrededor de las 9.00 del lunes 5, y le solicitó a esta última que preparara una notificación sobre el incidente producido y posteriormente lo envió su correo para que ella como jefatura lo despachara a los canales habituales: Andrea Gaete como gerenta de Enfermería y al director médico de la clínica y, luego de eso, al Ministerio de Salud.

Ese mismo día lunes 5 de julio, a las 15 horas, la exjefa de Servicios Ambulatorios de CLC Leticia Ortiz solicitó una reunión formal con la gerenta de Enfermería Andrea Gaete. Iniciada la reunión, Carla Garrido y Leticia Ortiz le solicitaron que les explicara por qué motivo requirió una tercera dosis de vacuna Covid al equipo de vacunación el día sábado para Alejandro Gil, y ella explicó que no tuvo otra opción, señalando que estaba al tanto de la normativa. “Andrea Gaete, entre otras expresiones casi textuales de una larga conversación, les dijo que efectivamente esta vacuna no estaba autorizada por el Minsal y que estaban al tanto de que esta vacuna no estaba autorizada por calendario (...). Se alertó de todos los problemas que esto podía generar”, se lee en el libelo.

Según relata la demandante en la tutela, la propia gerenta de Enfermería advirtió ya a esas alturas que todo estaba mal: “(Andrea Gete dijo) ‘aquí lamentablemente estuvieron metidos los médicos, yo traté de frenarlo’, dijo, impotente”. Asimismo, sostuvo que esta misma funcionaria en algún momento advirtió “ojo con lo que escriben en la ficha. Leticia Ortiz le preguntó: ¿En qué sentido, Andrea? No hubo respuesta a esa pregunta”.

Luego de esto, según la versión de Garrido, la gerenta les solicitó que le dieran un tiempo para revisarlo con sus superiores, la Administración de Clínica Las Condes, pero reconoció que claramente sí había que notificar como corresponde a la autoridad. Ante lo anterior, Ortiz envió de inmediato, en la misma oficina de la gerenta y desde su notebook, la notificación del Formulario ESAVI/EPRO al director médico Rodrigo Mardones con copia a Andrea Gaete, y posteriormente lo envió a Verónica Leiva, referente en el Minsal del Programa Nacional de Inmunización.

El día 7 de julio, la gerenta de Enfermería, Andrea Gaete, citó a Carla Garrido a su oficina y acompañada del gerente de personal le informó que se encontraba despedida y, al preguntarle el motivo, le lee la causal: “Incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato de trabajo”.

La demanda de tutela exige que sea indemnizada, ya que “su conducta debe ser objeto de reconocimiento y no de condena, de modelo para quienes se desempeñan en este ámbito profesional por su integridad y valentía, acorde por lo demás a premios otorgados por la clínica con anterioridad, como, por ejemplo, cuando en el año 2019 la señora Carla Garrido fue objeto de un reconocimiento explícito de la gerenta de Enfermería de la época, la señora Macarena Güel Allamand, en que certificó que fue elegida como el personal de enfermería que mejor representa los valores de Florence Nightingale durante el último año en el servicio”.

Finalmente, el libelo que ahora es tramitado por la justicia laboral expone que la profesional “lamentablemente se enfrentó a una clínica cuyo presidente, al parecer, desprecia el valor de los bienes sociales y quien impuso su poder plenipotenciario y obligó en ausencia de la señora Carla Garrido que el personal técnico le aplicara una vacuna, incumpliendo todo protocolo de la autoridad de salud, lo que ha significado un sumario sanitario en contra de la clínica, con una importante sanción, y la interposición de una denuncia penal en contra del señor Gil, por parte de las subsecretarías de Salud y de Prevención del Delito”.