“Chile es tranquilo, un buen lugar para vivir”. Esa es la impresión que tienen los palestinos Mustafa Hamlawi (19) y su padre, Khalil Hamlawi (49). Ellos llegaron al país en 2008, tras las gestiones del gobierno, la Vicaría de Pastoral Social y la agencia de refugiados de la ONU (Acnur).

El padre, con su hijo de apenas seis años, dejaron atrás tiempos dolorosos. De violencia y de miedo. De mucha inseguridad. Y desde un campamento ubicado entre la frontera de Siria e Irak fueron recibidos en La Calera, en la Región de Valparaíso, junto a otros 37 refugiados, en el marco de un programa de reasentamiento.

Todos obtuvieron la nacionalidad chilena y, tras aprender el idioma y las costumbres, rehicieron su vida. Solo una familia permanece aún en la comuna. El restó migró, varios al Gran Valparaíso y a la Región Metropolitana, en busca de mejores oportunidades.

Los Hamlawi aprovecharon sus aptitudes y, honrando su herencia culinaria, inauguraron el primer local de shawarmas que tuvo La Calera. El negocio prosperó, así que pensaron replicarlo en Viña del Mar y lo hicieron. Ahora viven cerca del mar y atienden un pequeño restaurante, pintado de rojo, con un cartel que reza “Shawarmas King. Comida árabe”. Está en pleno centro de la ciudad, es uno de los favoritos del sector y los clientes no faltan.

“Chile es un buen país para personas refugiadas. Hasta ahora estamos bien”, cuenta Hamlawi, quien pese a los 13 años que han pasado desde su llegada, mantiene su lengua materna. Y es su hijo, Mustafá, quien va traduciendo. “Nos trataron bien, nos aceptaron”, le dicta el padre.

Mustafá, en cambio, es un chileno más: viste y habla como cualquier viñamarino. Apenas un tenue acento lo delata.

Una historia similar es la de Omar Rahma Kdiemati (66), de origen sirio. Él llegó en 2012 a Viña del Mar, también como refugiado, escapando de la guerra civil desatada tras el levantamiento contra el expresidente Bashar al Asad.

Kdiemati ya conocía Chile. Había viajado en 1985 a dar clases de árabe. Y así estuvo, yendo y viniendo, por varios años, enseñando en colegios árabes de Viña del Mar, Santiago, Concepción, y en las universidades de Chile y Playa Ancha.

En 2010, el docente había regresado a Siria, donde permaneció por casi dos años. Pero un año después estalló el conflicto. Kdiemati cuenta que pidió asilo a la embajada de Chile, pero no tuvo respuesta. “Solo después de escribir un correo electrónico al Presidente Piñera y a su mujer (Cecilia Morel), recibí ayuda de la ONU y su gobierno”, explica el profesor de árabe y cultura.

El sirio planteó en su solicitud que, además de la inseguridad social y temor por su vida, estaba aquejado de varias enfermedades crónicas: presión arterial, diabetes tipo 2 y arritmia. “Acá me operaron los ojos; hace tres meses, la próstata. Gracias a Fonasa no pagué nada”, relata.

Pero el proceso de inserción social, recuerda Kdiemati, “fue difícil”. Acostumbrarse a una nueva vida, con nuevos códigos y costumbres, no se le hizo fácil. Por eso considera que quienes deban migrar desde Medio Oriente es mejor que lo hagan a “Arabia Saudita, Qatar, Baréin o Dubái. Es mucho más fácil, pues allí tienen una vida y cosas similares”.

El sirio detalla que tiene una renta vitalicia de una compañía de seguros y que, en su caso, no recibió aportes económicos del Estado. “Solo en el camino el cónsul me pasó 100 dólares. Sí obtuve el beneficio de acceso a la salud. Creo que el Estado debería apoyar económicamente a los refugiados o no traer a esa gente. Si no, ¿qué van a comer?, ¿dónde van a dormir?”.

Con todo, sostiene que para los afganos “Chile siempre será un buen país. Si las familias llegan bien, le daremos las gracias al gobierno de Chile”.

Tampoco fue fácil para el afgano Alí Akbarzada (24). En 2001, desde Pakistán sus padres solicitaron ayuda a Acnur en busca de algún país que pudiese recibirlos. Lo común era refugiarse en Estados Unidos, Europa o Australia, pero después del 11-S, “muchos procesos se truncaron”, dice Akbarzada. Hasta que surgió la posibilidad de trasladarse a Chile. Y la tomaron.

El egresado de Derecho, quien llegó con 10 años, cuenta que “fuimos la primera familia afgana en Chile”, con apoyo de un programa de reasentamiento que contó con recursos económicos: una pensión mensual para la familia, pero solo durante el primer año. “Después de eso no hubo ningún otro tipo de ayuda. Ni del Estado de Chile ni de Acnur”, señala el joven.

Actualmente sus padres tienen un minimarket, a “casi a dos cuadras de Baquedano. Así que imagínate lo que es estar casi dos años en movilizaciones por el estallido y tener la problemática de la pandemia. Estamos en una situación bien complicada”.

Sobre la próxima recepción de 10 familias afganas que anunció el gobierno, Akbarzada considera que el gobierno “debiese tener una relación con las comunidades, eso es importante para el proceso de adaptación. Si no, les costará mucho (...). Y establecer un mecanismo para que dentro del año en que reciben apoyo, los afganos puedan alcanzar un nivel de español que les permita encontrar trabajo”.

Por eso, agrega, “yo recomendaría venir a Chile si las comunidades chilenas y entes políticos establecen mecanismos de acción y de trabajo con los refugiados. Si no, no lo recomendaría, porque para nosotros fue difícil. Pero sí, Chile es una oportunidad muy buena, es un país recomendable (para refugiados) dada la situación que presenta Afganistán actualmente”.

En el país, hasta diciembre de 2020 existían 2.060 personas reconocidas como refugiadas y más de 8.000 solicitantes de refugio -ya estando en Chile- a la espera de una respuesta que puede tardar hasta dos años. A estas personas, Acnur entrega orientación e información y, en algunas oportunidades, asistencia humanitaria y alojamiento de emergencia.

Desde 1999 la agencia de la ONU ha trabajado con el gobierno y la sociedad civil para facilitar la integración y asegurar la protección de las personas refugiadas a través de los programas de reasentamiento. Así, ha sido enlace con yugoslavos, afganos, colombianos, palestinos y sirios, apoyando su acceso a clases de español y al arriendo de viviendas.

Sobre los procedimientos que dificultan la inserción de los inmigrantes al país, Delfina Lawson, oficial de Protección de Acnur en Chile, dijo que “nunca es fácil irse del hogar y, con mayor razón si se realiza de forma forzada (...). En ese sentido, lo que es necesario apuntar aquí es que los procesos de integración de las personas refugiadas son complejos, emocionalmente hablando, ya que es un duelo que viven las personas y que requiere de mucho tiempo para aceptar la nueva realidad”.

En esta línea, Lawson agregó que “sabemos que existen muchos factores que facilitan y van ayudando a las personas refugiadas a sentirse cada vez más integradas, por ejemplo, el encontrar un empleo que les permita mantenerse económicamente y ser independientes, pero también sociabilizar con más personas (...). En general, la buena acogida de la población nacional es clave. La discriminación y xenofobia juegan, por supuesto, un rol muy negativo en la vida de muchas personas refugiadas que llegan a los países con sueños de salir adelante y vivir tranquilos, pero se ven frenados por este tipo de situaciones”.

Hasta fines del año pasado, 82,4 millones de personas en todo el mundo se habían visto obligadas a dejar sus hogares por persecuciones, conflictos o violencia. También por violaciones a los derechos humanos en su lugar de origen o debido a eventos que perturbaron gravemente el orden público.

Según datos de Acnur, el 86% ha sido acogidos por países en desarrollo, y el 68% provino solo de cinco países: Siria, Venezuela, Sudán del Sur, Myanmar y Afganistán, donde, estos los últimos días el número de desplazados ha ido en aumento.

Tras el retorno de los talibanes al poder, cientos de afganos comenzaron a huir del país por temor a las represalias que podría tomar el nuevo régimen. A raíz de esta crisis política, la ONG Front Line Defenders solicitó al gobierno chileno recibir familias. En respuesta, el canciller Andrés Allamand confirmó que el país recibirá a mujeres afganas y defensoras de DD.HH. junto a sus familias.