Varias han sido las alertas que se han levantado en los últimos días por el segundo retiro en rentas vitalicias que aprobó la semana pasada la Cámara de Diputados y que inicia esta semana su tramitación en el Senado.

Y este lunes, en un acto inédito, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) publicó la minuta que presentó el pasado viernes ante el Consejo de Estabilidad Financiera (CEF), donde analiza los potenciales impactos de un nuevo anticipo de rentas vitalicias, y que fue aprobado en condiciones muy distintas del primer retiro, “ya que afecta directa y materialmente la solvencia de las compañías de seguros de vida”, dice el documento.

Así, este concluye que “genera el mayor escenario de riesgo que el sistema financiero haya enfrentado en los últimos 35 años”. Esto es, desde los años 80, es decir, desde la crisis financiera donde la Superintendencia de Bancos liquidó 16 instituciones financieras entre 1982 y 1986.

La minuta plantea que esta iniciativa “afectaría severamente el patrimonio de las compañías de seguros de vida”. De hecho, señala que en el caso de que se retire el máximo legal posible, las compañías perderían entre el 30% y 60% de su patrimonio.

Es más, indica que del total de 15 compañías de seguros de vida que hoy dan rentas vitalicias en el país, un mínimo de tres y un máximo de nueve de ellas (nacionales e internacionales) quedarían bajo el mínimo de capital regulatorio. Adicionalmente, advierte que en el escenario de máximo anticipo, siete compañías enfrentarían problemas de liquidez en un horizonte de un año.

Dado lo anterior, alerta que “esta iniciativa pondría en riesgo la solvencia de las compañías de seguros de vida y, por tanto, el pago de las pensiones de todos los jubilados con rentas vitalicias en estas entidades”.

La CMF añade en la minuta que “los efectos fiscales potenciales son sustanciales, tanto por la eventual activación de las garantías estatales a las rentas vitalicias, como por las acciones que enfrentaría el fisco chileno en tribunales nacionales e instancias internacionales”.

Además, estima que los pensionados tardarían 20 años o más en reintegrar el monto adelantado, mismos años en los que verán una baja del monto de la pensión.

La CMF también señala que “la iniciativa puede tener consecuencias reputacionales para el país, pues se está afectando la naturaleza del contrato de seguro (renta vitalicia), con el consecuente incremento de su riesgo, lo que también impactará negativamente sobre su precio”.

Por lo mismo, concluye que “los anticipos de rentas vitalicias deberían ser tratados en forma independiente del cuarto retiro”.

La CMF hizo dos cálculos. Uno de ellos es un escenario base, que considera que para el primer y segundo retiro se mantiene el comportamiento observado hasta ahora, es decir, que la mitad de los pensionados hace el retiro solicitando el monto máximo.

El segundo es un escenario de riesgo, y considera que el 100% de los pensionados hace el retiro por el máximo permitido. Pero la CMF estima que es más probable que se concrete el escenario de riesgo, ya que “considerando que las nuevas condiciones del anticipo disminuyen el impacto en pensión, existen fuertes incentivos a anticipar, tanto para el primero como para el segundo anticipo”.

Y sea cual sea el escenario a analizar, hay un deterioro patrimonial para las aseguradoras. En el escenario base el monto a retirar es de US$3.210 millones, y en el escenario de riesgo serían US$6.419 millones. En ambos casos el patrimonio total que usarían las aseguradoras para pagar sería de US$5.108 millones, pero en el escenario base el costo total sería de US$1.447 millones y en el escenario de riesgo serían US$2.894 millones.

De esta manera, en el escenario base el efecto sobre el patrimonio neto de las aseguradoras se situaría en 28,33%, y en el escenario de riesgo estaría en 56,65%.

“La probabilidad de que las CSV con déficit de capital concurran a hacer aportes adicionales son reducidas”, dice la CMF.

La diferencia que existe entre este segundo anticipo y el primero que ya se aprobó, es que en este caso el proyecto plantea que el adelanto de 10% se pagará con cargo a los montos que inicialmente los pensionados traspasaron a las compañías de seguros; y no con cargo a la reserva técnica, que era lo que se establecía en el primer retiro. Hay un monto máximo de UF150 a retirar.

“Por lo tanto, existirán casos en que el monto adelantado supere la reserva técnica mantenida en la póliza al momento del adelanto, circunstancia en la que esa parte del anticipo deberá ser financiada con recursos de la respectiva compañía de seguros”, dice la CMF en la minuta.

Una vez efectuado el adelanto, las compañías podrán descontar un 5% de las rentas mensuales de los pensionados hasta que se devuelva la totalidad del adelanto, momento en el cual la renta vitalicia debe volver al monto originalmente pactado. Esto se hace retroactivo para el primer retiro. En cambio, en el primer proyecto, si el pensionado retiraba 10%, su pensión bajaba 10% de por vida.

“Considerando que el porcentaje límite del descuento de pensión es de 5%, si las personas adelantan el máximo permitido, existirán casos (cuando el monto adelantado sea mayor al 5% de la prima) en que parte del monto adelantado deberá ser financiado con recursos de la compañía respectiva”, alerta la CMF.

Como tercer costo, la CMF menciona que “la compañía tendrá que volver a pagar la pensión original una vez que se entienda devuelto el valor adelantado por el pensionado. Esto conlleva otro costo adicional que deberá ser financiado con recursos de la compañía respectiva”.