Fue en el almuerzo de bancada de los martes en la Cámara de Diputadas y Diputados que el comité del Partido Republicano adoptó una decisión: impulsar una acusación constitucional contra el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson (RD). Hasta el comedor llegaron los diputados y el director ejecutivo de Ideas Republicanas y brazo derecho de José Antonio Kast, el abogado Cristián Valenzuela. Si bien la tienda había anunciado el pasado 4 de julio que iba a “estudiar los antecedentes” de un posible libelo contra Jackson y el ministro de Vivienda, Carlos Montes, la serie de hechos conocidos desde la semana pasada dieron pie al anuncio de la acción acusatoria.

Primero fueron los antecedentes de que la directora de la Dirección de Presupuestos, Javiera Martínez, habría “flexibilizado” las glosas para permitir mayor facilidad en las transferencias, y luego vino un artículo de La Segunda, en que se daba cuenta de que el Consejo de Auditoría -que depende de la Segpres en momentos en que Jackson era ministro- acotó los criterios respecto de los reportes de transferencias.

Sin embargo, la gota que rebasó el vaso, dicen en republicanos, fue que el ministro reconociera este martes -tras participar en la subcomisión de presupuestos del Senado- la existencia de irregularidades en traspasos desde su ministerio en las regiones de Antofagasta y Atacama.

Así, durante la tarde, en un punto de prensa en la Cámara Baja, el jefe de bancada, Benjamín Moreno, flanqueado por todos los diputados del comité anunció que “hemos llegado a la conclusión de que existe el mérito suficiente” para el libelo. El escrito ingresará este lunes 14 de agosto y rápidamente tras el anuncio desde la UDI y RN se plegaron a apoyarlo.

Así lo anunciaron los respectivos jefes de bancada, Guillermo Ramírez (UDI) y Frank Sauerbaum (RN). “Durante la semana le hemos pedido al Presidente Boric que asuma la responsabilidad política que le cabe a este gobierno por estos hechos. Y se ha negado a hacerlo (...). La UDI va a apoyar con fuerza este libelo”, dijo Ramírez, cuya tienda viene pidiendo la salida del exdiputado RD desde hace al menos dos semanas.

Mientras que Sauerbaum por su parte agregó: “Vamos a firmar esta acusación constitucional con nuestro apoyo jurídico primero, para poder dilucidar si efectivamente existe una responsabilidad (...). Vamos a prestar apoyo en esta iniciativa y vamos a votar a favor”.

La UDI y RN incluso comentaron que colaborarán con abogados para la redacción del escrito.

Desde Evópoli -partido que no apoyó la acusación constitucional contra el titular de Educación, Marco Antonio Ávila-, afirmaron que primero quieren estudiar el mérito de la acusación constitucional. Pero más tarde comprometieron su apoyo.

Desde la bancada de los republicanos comentaron que la serie de acontecimientos ocurridos durante los últimos días otorgaron el argumento jurídico que faltaba respecto de lo contemplado en la Constitución para las acusaciones: “Haber comprometido gravemente el honor o la seguridad de la Nación, por infringir la Constitución o las leyes o haber dejado éstas sin ejecución”.

Así lo comentó el propio Moreno en el punto de prensa. “La mayoría de los chilenos sabe que el ministro Jackson es el rostro de la corrupción en nuestro país”, dijo.

Si bien desde RN afirmaron que no apoyarán la acusación en caso de que Jackson renuncie antes, desde el Partido Republicano aseguraron estar dispuestos a seguir promoviendo el libelo aunque se vaya del gabinete. De aprobarse, provocaría que Jackson esté inhabilitado para ejercer cargos públicos durante un periodo de cinco años.

El anuncio se dio en el marco de la serie de investigaciones por los líos de platas en convenios de reparticiones estatales con fundaciones. El caso cero de la crisis impactó a Revolución Democrática, el partido que fundó Jackson.

Todo comenzó a mediados de junio cuando se cuestionó un convenio por $426 millones que se estableció entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva, que involucró a tres militantes de RD. De ahí que la oposición se volcó en su conjunto contra Jackson.

En esa línea, el viernes 21 de julio la UDI anunció que suspendía cualquier diálogo con La Moneda hasta que el gobierno sacara a Jackson, mientras que la derecha completa aprobó un proyecto de resolución que le pidió al Presidente Gabriel Boric que le solicitara la renuncia al secretario de Estado.

Pese a que la acción acusatoria no la consensuaron previamente con Chile Vamos, sabían que estos se iban a sumar. Primero, porque la UDI ha sido la principal promotora de una salida de Jackson. Segundo, porque RN mostró apoyo al anuncio de los republicanos de estudiar los antecedentes de una acusación. A eso se sumaba que Evópoli también han endurecido su postura ante el gobierno e incluso anunció que se restaban de la convocatoria del gobierno por un pacto fiscal.

La acusación iba a ir “sí o sí”, dicen en el partido de Kast, pero en esta oportunidad -agregan- el timing político era el ideal por los últimos acontecimientos.

El libelo es el segundo que se hace contra Jackson, convirtiéndose de esta manera en el único ministro en la historia en ser acusado constitucionalmente dos veces. El primero se votó el 19 de enero de este año, y también fue impulsado por los republicanos. Sin embargo, fue rechazado por la Cámara de Diputados. Y es la quinta acusación constitucional que impulsan desde la oposición contra un ministro de Estado de la administración Boric.

Aunque la derecha llega con el fantasma del fracaso en la Cámara Baja de la acusación constitucional en contra del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, en el análisis del Partido Republicano prevalece la idea de que esta vez es difícil que se vote en contra del libelo, pues Jackson es una figura resistida en el Congreso. Eso se refleja en las críticas que incluso despierta en sectores oficialistas, como los senadores del PS, mientras que durante la votación del proyecto de resolución en que se solicitaba su renuncia, el diputado Raúl Soto (PPD) votó a favor.

Con todo, parte de la estrategia del Partido Republicano involucraba forzar a un cambio del equipo de ministros. En ese sentido, desde la derecha son conscientes de que Jackson está “debilitado” y que una acusación constitucional podría impulsar una inminente salida del gabinete, por medio de una renuncia que podría incluso derivar en un ajuste ministerial mayor y una sentida derrota para el Ejecutivo y el Presidente.

Desde el Congreso Nacional, el ministro Jackson comentó que el anuncio “nos toma por sorpresa” y defendió que la acción se presenta “sin ningún tipo de fundamento hasta ahora. Y por supuesto que yo voy a seguir trabajando (...) Todo intento de desviar el foco de atención a los proyectos, es la función que muchas veces promueven este tipo de acciones. La verdad es que a mí me encantaría que una pizca de esa energía en las acusaciones constitucionales se pudieran en llegar a acuerdos en las urgencias que se requieren”.

Añadiendo que “lo que ha sido sistemático por parte del Partido Republicano es tratar de frenar la agenda del gobierno”.

Minutos más tarde, desde La Moneda la vocera de gobierno, Camila Vallejo, dijo que “esto parece ser ya una práctica premeditada y habitual, que lo que finalmente hace y genera es descuidar las verdaderas preocupaciones de nuestros compatriotas e impedir que estemos conversando de los temas que verdaderamente importan a la ciudadanía (...). La permanencia de un ministro de estado no depende de un chantaje de la oposición”.

La acusación constitucional se daría cuenta la semana del 21 de agosto, considerando que la próxima semana es distrital en el Congreso.

Así, con casi un empate entre el oficialismo y la oposición, la acusación se resolverá mediante el voto de aquellos parlamentarios que no se identifican con ninguno de los bloques, como la Democracia Cristiana, el Partido de la Gente, Amarillos por Chile, Demócratas y los independientes.

Lo cierto es que son varios los que se inclinan por, al menos, estudiarla. Así, por ejemplo, la diputada del Partido Humanista Mónica Arce sostuvo que “nos vamos a mantener en reflexión, vamos a estudiar muy bien esa acusación constitucional. Yo al menos puedo decir que en términos de desempeño, en las dos carteras, deja mucho que desear su gestión”.

Por su parte, Miguel Ángel Calisto, de Demócratas, dijo que “si es que se corroboran los antecedentes de que hubo una falta a la Constitución y a la ley, vamos a concurrir a la acusación”. Y agregó: “En ningún caso nosotros descartamos (a priori) apoyar la acusación”.

En tanto, el jefe de bancada de la DC, Eric Aedo, sostuvo que “antes de pronunciarme a favor o en contra (de la acusación), mi llamado es a que el Presidente reflexione muy bien si es el momento de pedir a sus ministros que den un paso al costado por el bien del país y para que esta situación no se siga polarizando”.

El representante del PDG Gaspar Rivas, en tanto, se mostró de acuerdo con la acusación. “Espero que la Cámara de Diputados esté a la altura (...) y no se permita que una de las personas que más daño ha hecho a la política chilena en los últimos años todavía se mantenga”.