“Hemos concluido que nosotros no vamos a impulsar ni respaldar una acusación constitucional al Presidente de la República en el evento de que este ejerza sus atribuciones de ir al TC. Primero, porque constitucionalmente no hay falta, pero lo más importante es que cuando tenemos a un gobierno que está en el piso, abandonado por sus propios adherentes, con las bancadas parlamentarias de la derecha completamente divididas, darles un factor de unidad es como resucitar un muerto”.
Con esas palabras, el jefe de la bancada socialista, Marcelo Schilling, desechó este martes en el Congreso la opción que pocas horas antes había levantado desde sus propias filas el diputado Leonardo Soto. El lunes, el parlamentario había amenazado en su cuenta de Twitter que firmaría un eventual libelo en caso de que el Mandatario llevara el proyecto del tercer retiro de fondos previsionales -que hoy se encuentra en la Comisión de Constitución del Senado- al Tribunal Constitucional (TC), decisión que La Moneda materializó este martes en la tarde.
El anuncio del legislador ya había sido deslizado en una línea similar por otros parlamentarios del sector, como Jaime Mulet (FRVS), el jefe de bancada del PPD, Raúl Soto, Gabriel Silber (DC) y Marcelo Díaz (Unir).
La idea, sin embargo, no convenció al resto de la oposición. De hecho, al igual que en el PS, el jefe de bancada de la Democracia Cristiana, Daniel Verdessi, manifestó que “hemos tomado la decisión de no judicializar los procesos en los que buscamos beneficiar a las personas. No vamos a apoyar una acusación constitucional como bancada, pero estamos preocupados de que se tomen las acciones necesarias para enfrentar la pandemia y la tremenda crisis económica que están viviendo los ciudadanos”.
Los parlamentarios de esa colectividad -cuyos votos son considerados como “claves” para el devenir de este tipo de acciones- se reunieron a abordar la iniciativa junto al timonel, Fuad Chahin. Tras esa cita, los legisladores tomaron la decisión de salir a desmarcarse formalmente de esa acusación.
La apertura de los diputados a presentar la acción no cayó bien en algunos sectores de la centroizquierda. Esto, porque el análisis mayoritario que se instaló es que impulsar una jugada de esa naturaleza solo traería costos para el sector. De hecho, fueron varios los que recordaron el fracaso de esta misma iniciativa en diciembre de 2019, cuando el PC y sectores del Frente Amplio impulsaron un libelo que terminó siendo desestimado por la Cámara de Diputados.
Y las razones que se ponderaron son al menos cuatro: la primera de ellas, dicen en el sector, es que “no es el momento”. Desde distintos partidos de la ex Concertación, e incluso entre quienes se habían manifestado abiertos a la idea, admiten que hoy no habría consenso político para impulsar una acción de esta naturaleza, especialmente en el crítico momento que atraviesa el país por la pandemia. “La gente está sufriendo y no está interesada en estos debates”, dice un parlamentario que, además, subraya que el hecho de impulsar una acusación contra el Mandatario no ampliará la cobertura de las ayudas que está pidiendo la ciudadanía.
Así lo expone el diputado socialista Luis Rocafull: “Hoy los tiempos no dan para pensar en una acusación constitucional. Chile está viviendo un momento muy complicado con la pandemia, eso ha traído tremendas consecuencias económicas y justamente hoy las familias lo que quieren es que nos preocupemos en cómo apoyarlas para enfrentar la cuarenta. Pensar estas ideas, a veces innovadoras o creativas, no nos conducen a nada”.
El segundo factor que destacan en la centroizquierda es que no habría un sustento jurídico claro para que se configure alguna de las causales por las que el Presidente puede ser destituido de su cargo. Estas son: que hubiera comprometido gravemente el honor o la seguridad del Estado o infringido abiertamente la Constitución. Este análisis, sin embargo, está abierto a interpretaciones, dado que en la oposición apuntan a que se podría recurrir a los mismos argumentos con los que se acusó constitucionalmente al exministro de Salud Jaime Mañalich. En ese libelo se acusó al exsecretario de Estado de poner en riesgo la vida y salud de la población y dejar leyes sin ejecución, además de un ocultamiento de datos y faltas a la probidad.
Según miran en la centroizquierda, un tercer elemento responde a lo que públicamente planteó Schilling: el temor de que una acusación contra el Mandatario se termine transformando en un “factor de unidad” para el oficialismo en momentos es que la coalición de gobierno se encuentra dividida, precisamente, ante el tercer retiro de fondos previsionales. Esa situación, dicen voces en la oposición, se sumaría a un cuarto factor: que, a su vez, hoy la centroizquierda se mantiene fragmentada y no existe ninguna garantía de que pueda aglutinarse detrás de este libelo.
De hecho, Raúl Soto (PPD), quien se había mostrado abierto a analizar la posibilidad de una acusación contra Piñera, aseguró a La Tercera que “no veo consenso político en la oposición para una eventual acusación constitucional y eso la hace inviable. No cerramos la puerta, lo analizaremos en su momento, pero hoy se ve bien difícil. Por ahora estamos trabajando en la defensa del 10% ante el TC”.
Pese a todo este escenario, otros sectores de la oposición siguen evaluando presentar la acusación constitucional en contra del Mandatario, trámite para el que solo requieren de 10 firmas. De hecho, tras el ingreso del requerimiento del gobierno al Tribunal Constitucional, sus impulsores sumaron algunos apoyos en sectores como el Frente Amplio y el Partido Comunista.
El diputado Leonardo Soto (PS) sostiene que “el Presidente de la República tiene un deber fundamental, una obligación esencial, ¿cuál es? Proteger y defender los bienes de todos los chilenos y chilenas amenazados por la ruina de la pandemia. Cuando un gobierno no entrega la ayuda suficiente para que los chilenos hagan los confinamientos y además se opone a que la gente sea rescatada por sus propios recursos previsionales, a propósito del proyecto del tercer retiro, impidiendo esa ayuda, sin ninguna alternativa, nosotros creemos que está faltando a sus deberes y configurando una causal que puede iniciar un juicio de acusación constitucional”.
Y agrega: “El inicio de una acusación constitucional parte con la firma de 10 parlamentarios. Hemos tenido conversaciones con a lo menos cuatro diputados y hay otros que estarían interesados en evaluar esta iniciativa”.
FA: “La idea está sobre la mesa”
Donde el posible libelo sí tuvo mayor acogida fue al interior del Frente Amplio, desde donde si bien sostienen que aún no hay “avances” respecto de esta acción, aseguran que la idea “está sobre la mesa” y que, por lo tanto, están evaluando la posibilidad de sumarse a ese esfuerzo.
En ese sentido, la presidenta de RD, Catalina Pérez, manifestó que “si hoy se habla de una acusación constitucional en diferentes sectores de la oposición es porque la responsabilidad del Presidente en la grave situación económica y sanitaria que enfrenta el país es innegable. Desde el Frente Amplio estamos analizando seriamente su pertinencia y reuniendo antecedentes al respecto”.
En esa misma línea, el diputado Jaime Mulet (FRVS) sostuvo que “no estoy de acuerdo con que el Presidente Piñera presente el requerimiento al TC, pero no creo que ese solo hecho sea causal de una acusación constitucional, porque ese es el ejercicio de una facultad que tiene. Mi problema con el Presidente Piñera tiene que ver con el manejo de la pandemia, DD.HH. (...). Eso es lo que amerita el estudio de una acusación constitucional”.
Con todo, quienes están impulsando la opción aseguran que, más allá de los desmarques, si ellos logran reunir las firmas para ingresar la acusación, el factor electoral y la opinión pública -que se ha manifestado mayoritariamente en favor de un tercer retiro- va a pesar en parlamentarios tanto opositores como oficialistas. Así, son optimistas de que el posible libelo pueda pasar la valla de la Cámara de Diputados, donde requiere para su aprobación de la mayoría absoluta de sus miembros, es decir, 78 en caso de que participen los 155. Que luego se apruebe en el Senado, sin embargo, es casi imposible. Ahí se requieren, en cambio, 2/3 para destituir al Mandatario.
