A dos semanas de estallar el caso en que se indagan supuestos delitos de corrupción entre la fundación Democracia Viva y la Seremi de Vivienda de Antofagasta, la causa amenaza con transformarse en un profundo dolor de cabeza para el oficialismo y -en particular- para Revolución Democrática (RD), que no sólo tendría implicancias en el norte del país.

Es que a pocos días de que el Ministerio Público abriera una investigación por presuntos delitos de fraude al Fisco y tráfico de influencia por traspasos -por trato directo- de más de $ 420 millones desde la Serviu a Democracia Viva -representada por Daniel Andrade, exmilitante RD y expareja de la diputada RD Catalina Pérez-, el ente persecutor puso el radar en otra ONG similar: Urbanismo Social.

La ONG fue creada en septiembre del 2009 y en 2019 recibió su primera gran donación. Allí se desempeñaba como director jurídico Rodrigo Hernández, también militante RD, quien hasta abril del 2022 trabajó en la fundación. Luego, daría el “salto” para ser seremi de Vivienda en la Región del Maule.

Según denunció públicamente el senador PS Fidel Espinoza, esta fundación recibió millonarios aportes: “¿Ministro Montes? ¿Subsecretaria? De verdad uds. no sabían nada de estas sinvergüenzuras. Acá hay nuevo caso. Este señor asume de seremi de Vivienda y comienza a traspasar dineros a la fundación de la que era su Gerente. ¿Cuánto más fue? ¿Hasta dónde llegaremos?”, escribió en su cuenta de Twitter el 22 de junio.

Este mensaje encontró respuesta en Hernández, quien le respondió: “Senador hace referencia a adjudicación hecha por licitación. Como ud sabe, no puedo prohibir a ninguna entidad participar, pero si debo cumplir con abstenerme de cualquier acto administrativo q pueda verse como conflicto de interés. En mi caso, además, me inhabilité formalmente”.

La Fiscalía comenzó a reunir antecedentes, pues había indicios de irregularidades, principalmente, por el nexo entre Hernández, Urbanismo Social y su rol como seremi, entre ellos, una publicación del medio Ex-Ante, en que retrató que entre octubre y diciembre de 2022 la Seremi de Vivienda de Antofagasta realizó ocho donaciones a Urbanismo Social, por un total de $ 577 millones.

Seis días después, el Ministerio Público decidió iniciar una investigación de oficio, formalmente. Según informaron desde el ente persecutor, este miércoles 28 se derivaron los antecedentes a la Fiscalía Regional de Antofagasta para iniciar una indagatoria en conjunto.

El fiscal regional de El Maule, Julio Contardo, confirmó la decisión. “Confirmamos el inicio de investigación de oficio a la luz de los antecedentes que ha recogido el Ministerio Público de esta fundación, fundamentalmente de información de prensa, redes sociales y la confirmación de la seremi de El Maule”, dijo. Agregó que decidieron enviar los antecedentes a Antofagasta porque allá ya está radicada la primera investigación por hechos similares.

El domingo, en Tolerancia Cero, el senador Espinoza advirtió que “tenemos datos de que hay otras fundaciones, como Urbanismo Social, que tienen que ser investigadas desde mi punto de vista. Es imposible que una fundación que obtenga $ 804 millones de pesos, que está lleno de militantes de RD en todo Chile, 804 millones en Antofagasta, la misma región de Democracia Viva. $ 84 millones del Fosis, $ 200 millones del Gobierno Regional, sólo en esa región. Más de $ 534 millones en convenios en la región del Biobío, donde están todos los amigos desde la delegada para abajo. Van a tener que dar respuesta”.

El avance del caso, en su inicio, generó la renuncia del seremi de Vivienda de Antofagasta, el RD, Carlos Contreras; de la subsecretaria de Vivienda, RD, Tatiana Rojas, y la suspensión a la vicepresidencia de la Cámara de la diputada RD Catalina Pérez. El tiempo y el avance de las pesquisas determinará si habrá más caídos en un partido que sigue en estado de alerta.