“¡No nos van a parar nunca, no nos van a doblegar!”, gritó Pablo Hasél la mañana del martes, mientras la policía lo escoltaba fuera de la Universidad de Lérida, en Cataluña. El rapero de 32 años estaba atrincherado en el edificio acompañado de un grupo de simpatizantes, luego de que el viernes pasado decidiera no entregarse voluntariamente para cumplir una condena de nueve meses dictada en 2018 por publicar una serie de tuits en contra de la monarquía y la policía española.

“Tendrán que venir ellos a secuestrarme y también servirá para que el Estado quede retratado como lo que es: una falsa democracia”, dijo el rapero el viernes en una entrevista telefónica con France Presse.

La encarcelación de Pablo Rivadulla Duró -su verdadero nombre- ha provocado dos noches de protestas y manifestaciones en diferentes ciudades de Cataluña y en Madrid. Hasél fue condenado por enaltecimiento del terrorismo e injurias contra la Corona e instituciones del Estado español debido a 64 mensajes publicados en su cuenta de Twitter entre 2014 y 2016 y por el lanzamiento de una canción donde ataca directamente al rey emérito Juan Carlos I.

“¿Matas a un policía? Te buscan hasta debajo de las piedras. ¿Asesina la policía? Ni se investiga bien”, es uno de los tuits por los que fue sentenciado. En otros acusó a las fuerzas del orden de ser “torturadoras y asesinas” y caracterizó a la familia real como “criminal”, “medieval”, “parásitos” y “mafiosa”.

La fiscalía determinó que esas palabras “atentan a la dignidad” de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. Por otro lado, el fiscal Daniel Campos Navas argumentó que son “de todo punto impertinentes e innecesarias”.

Además de los nueve meses de prisión, estará inhabilitado de ejercer un cargo público por seis años y deberá pagar casi 30.000 euros de multa. Este jueves, la Audiencia de Lérida confirmó otra condena de dos años y medio por amenazar a un testigo del juicio, que podría sumarse a la sentencia que está cumpliendo actualmente.

Oriundo de Lérida, a 150 kilómetros de Barcelona, Hasél, quien adoptó ese nombre artístico en honor a un cuento árabe que trata sobre un guerrillero que derroca una monarquía, se transformó en un verdadero símbolo de la libertad de expresión en España tras la sentencia. Es hijo de un exdirigente de un club de fútbol de su ciudad y antes del revuelo ocasionado por su detención, no gozaba de tanta popularidad.

Empezó su carrera artística en la escena underground del rap y el hip hop español en 2005, con el lanzamiento de su demo Esto no es el paraíso. Esta es la primera vez que el rapero es encarcelado, a pesar de haber sido condenado en varias oportunidades en el pasado.

En 2014, la Audiencia Nacional lo condenó a dos años de cárcel por enaltecimiento del terrorismo, debido a que en las letras de sus canciones y en sus redes sociales se refería a Al Qaeda, al grupo terrorista nacionalista vasco ETA y a otras organizaciones. Pero como no contaba con antecedentes penales, en 2019 finalmente la medida fue suspendida y no fue encarcelado.

En 2017 fue condenado por resistencia y desobediencia a la autoridad y en 2018 por allanamiento de local. Ese mismo año, la Audiencia Nacional lo volvió a sancionar por enaltecimiento del terrorismo con agravante de reincidencia, tras la publicación de los 64 tuits en contra de la Corona y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. A eso se le agrega la publicación de la canción Juan Carlos el Bobón, donde acusa al rey emérito de ser “el heredero de Franco” y de malgastar dinero público. La sentencia fue rebajada a nueve meses de prisión.

Además, el año pasado fue sentenciado a seis meses de prisión tras insultar, empujar y rociar con líquido de limpieza a un periodista en una conferencia de prensa en la Universidad de Lérida. Fue obligado a indemnizarlo con 12.150 euros.

Tras su detención, la madrugada del martes, reinó el caos. Durante las últimas tres noches, miles de manifestantes en diferentes ciudades catalanas se tomaron las calles abogando por la libertad de expresión en el país y exigiendo el indulto del rapero. En Barcelona, un grupo incluso prendió fuego a contenedores de basura y saqueó tiendas. La policía catalana tuvo que reforzar la seguridad en toda la región.

En la primera jornada, el martes, hubo 15 detenciones y 33 heridos, 17 de ellos agentes de la policía catalana. Durante la noche del miércoles se contabilizaron a 48 personas detenidas a nivel nacional: 29 en Cataluña y 19 en Madrid. Este jueves, las protestas se saldaron con, al menos, seis detenidos en Barcelona, según El País.

El escándalo por la detención del rapero ha sido tal que el gobierno del socialista Pedro Sánchez prometió que haría “una revisión de los delitos relacionados con excesos en el ejercicio de la libertad de expresión” en el Código Penal para imponer condenas “disuasorias” y no de cárcel en estos casos. Además, se busca que solo se castiguen los comportamientos que “claramente” supongan “la provocación de algún tipo de conducta violenta”.

Lo que el gobierno de Sánchez busca revisar es la nueva Ley de Seguridad Pública, conocida como “ley mordaza”, que desde el 2015 ha sido criticada por limitar la libertad de expresión en nombre de la protección al Estado y las instituciones religiosas. Esta nueva ley busca condenar los delitos de odio, las injurias a la Corona y a la bandera española, y el enaltecimiento del terrorismo.

El caso de Hasél ya complica al gobierno, luego de que uno de los partidos de gobierno, el izquierdista Unidas Podemos, se negara a condenar los disturbios y que incluso algunas figuras, como el portavoz parlamentario de la colectividad, Pablo Echenique, lo alentara.

“Todo mi apoyo a los jóvenes antifascistas que están pidiendo justicia y libertad de expresión en las calles”, tuiteó el diputado de Unidas Podemos. Sus dichos fueron rechazados por la vicepresidenta primera, la socialista Carmen Calvo, quien lo llamó a ser responsable con su cargo.

Por otro lado, la portavoz del opositor Partido Popular (PP), Cuca Gamarra, le pidió al presidente del gobierno Pedro Sánchez que destituyera a su vicepresidente segundo Pablo Iglesias (líder de Unidas Podemos) por su responsabilidad en “alentar” y “promover” las protestas tras promover el indulto al rapero. Tanto el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) -de Sánchez- como el PP han salido en defensa de la policía.

Unos 200 artistas, entre los que se incluyen el director de cine Pedro Almodóvar, el actor Javier Bardem, el cantante Joan Manuel Serrat y la actriz que interpreta a Nairobi en La casa de papel, Alba Flores, expresaron su apoyo a Hasél en un manifiesto en su defensa, donde reclaman la liberación del rapero.

“El Estado español ha pasado a encabezar la lista de países que más artistas ha represaliado por el contenido de sus canciones”, dice el escrito. “Somos conscientes de que si dejamos que Pablo sea encarcelado, mañana pueden ir a por cualquiera de nosotros, así hasta conseguir acallar cualquier suspiro disidente”, agrega.