La ola de investigaciones judiciales no parece darle tregua al Presidente de Perú, Pedro Castillo, quien promedia una nueva causa cada dos meses de gobierno, considerando que lleva un año en el poder. El martes, la justicia lo rozaba al allanar el Palacio de Gobierno en busca de su prófuga cuñada, Yenifer Paredes, quien al día siguiente se entregó a las autoridades del Ministerio Público. Pero este jueves, Castillo no pudo escapar a un nuevo requerimiento de la fiscalía, al ser notificado de la apertura de una sexta investigación en su contra.

El anuncio lo hizo el Ministerio Público a primera hora, cuando comunicó que iniciaría una investigación preliminar contra Castillo y Geiner Alvarado, su ministro de Vivienda, “por presunto delito contra la tranquilidad pública, en la modalidad de organización criminal”. De las seis investigaciones contra el mandatario, solo una guarda relación con un período previo a que asumiera la dirección del país. Las otras cinco apuntan a su ejercicio como mandatario.

La razón de esta última investigación es “por adjudicación de obras en las provincias de Chota-Cajamarca y Cajatambo-Lima”, indicaron desde la Fiscalía de la Nación.

Alvarado será objeto del escrutinio legal en su función como ministro de Vivienda, pues hace menos de una semana oficiaba como jefe de cartera del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. La fiscalía acusa a ambos de cometer irregularidades en dos lugares distintos: en el departamento norteño de Cajamarca, específicamente en el distrito de Anguía, donde nació Castillo, y en el departamento de Lima, en la provincia de Cajatambo.

Según la tesis del fiscal Hans Aguirre Huatuco, esta presunta organización criminal tendría una estructura que estaría liderada por Castillo. El carácter de investigación criminal imputado por la justicia le otorga a la investigación un amplio plazo para las diligencias preliminares, el que alcanzará los 36 meses.

Castillo, quien es el primer mandatario en funciones en ser investigado por la fiscalía peruana, suma otras cinco pesquisas, referidas al caso ascensos en las Fuerzas Armadas, el tráfico de influencias en Petroperú, el presunto plagio de su tesis, caso Puente Tarata III y por el presunto delito de encubrimiento personal.

La situación judicial de la empresa de petróleo estatal, Petroperú, ha sido una montaña rusa. Abierta inicialmente por la representante del Ministerio Público, Zoraida Ávalos, esta causa busca esclarecer las presuntas reuniones entre el exgerente general de la empresa estatal Hugo Chávez, el miembro de la Junta Nacional de Palmicutores, Gregorio Sáenz; la empresaria y actual colaboradora eficaz Karelim López (también nombrada en otra investigación contra el mandatario), el Presidente Pedro Castillo y el dueño de Heaven Petroleum Operators (HPO), Samir Abudayeh, empresa proveedora de Petroperú, reportaron medios peruanos.

En la irregular reunión, acusan desde el Ministerio Público, HPO se habría visto beneficiada con una licitación de más de 70 millones de dólares por la compra de biodiésel durante enero de 2021.

Cuando la información salió a la opinión pública, se canceló la licitación y se inició una investigación contra el mandatario por el presunto delito de tráfico de influencias y colusión. Las empresas de Abudayeh y López se habrían visto beneficiadas por las reuniones. Tras anular el contrato, el representante del Ministerio Público ordenó la nulidad de la investigación, posponiéndola hasta que terminara el mandato de Castillo, recién en 2026.

Sin embargo, la nueva fiscal de la nación, Patricia Benavides, reinició el proceso junto al equipo especial contra “la corrupción del poder”, por lo que las diligencias se mantienen en curso.

Luego de la inesperada remoción a principios de noviembre de 2021 del jefe del Ejército, general José Vizcarra, así como al jefe de la Fuerza Aérea, general Jorge Chaparro, una nueva arista se abrió en contra del mandatario.

Tras enterarse por la prensa, informó la cadena RPP, Vizcarra denunció que el entonces secretario presidencial Bruno Pacheco (quien luego se daría a la fuga, entregándose semanas atrás a la policía), el exministro de Defensa Walter Ayala y el propio Castillo le habrían pedido ascender de forma irregular a dos coroneles.

“Yo sí recibí algunos pedidos, que me hicieron conocer antes del proceso. A través del secretario Bruno Pacheco, el ministro de Defensa y los mensajes a través del edecán del ministro de Defensa. Eran varios los recomendados y en diversos grados”, reconoció en aquellos días Vizcarra, según medios locales.

Actualmente, los dos funcionarios no forman parte del gobierno y son investigados por “la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad y patrocinio ilegal, previstos y sancionados en el Código Penal”, detalló la Fiscalía Nacional de Perú en un documento.

Acusado de ser el presunto líder de una organización criminal al interior del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), la fiscal Benavides persigue judicialmente al mandatario por recibir “cien grandes” como pago ilegal por adjudicar contratos con el MTC.

Presentando como prueba audios en los que se escucha a Zamir Villaverde explicando el método del delito, este empresario fue encarcelado y luego liberado tras convertirse en colaborador eficaz para la causa judicial. Según la tesis de la fiscalía, Castillo estaría detrás de la adjudicación de proyectos para favorecer a empresarios que lo apoyaron durante su campaña presidencial y sería su sobrino, Fray Vásquez –hoy prófugo de la justicia– quien concretaba la operación.

Junto al mandatario y su sobrino, el exministro Juan Silva y el ya mencionado exsecretario presidencial Bruno Pacheco están siendo investigados por la fiscalía, pese a que Silva también se encuentra prófugo de la justicia. Su abogado dijo que se entregará “máximo los primeros días de septiembre”, cuando acabe el peritaje.

De los siete ministros de Interior que han pasado por el cargo durante la administración de Castillo, el que más problemas le ha ocasionado ha sido Mariano González. Estuvo solo 15 días en el puesto, y cuando el mandatario anunció su salida el 19 de julio pasado, el exministro no esperó mucho tiempo para asegurar en medios locales que estaba convencido de que Castillo estaba obstruyendo la justicia deliberadamente.

“Yo no tengo hoy ninguna duda del compromiso que tiene el señor (Pedro Castillo) con la corrupción. Y no tengo ninguna duda de que esta salida abrupta tiene como fin obstruir la administración de justicia”, dijo a Panamericana Televisión con relación a los prófugos cercanos a Castillo.

Para el 20 de julio, González declaraba ante la fiscalía. El 22, la fiscal de la nación, Patricia Benavides, ordenaba la apertura de una nueva investigación contra el Presidente de Perú.

La única causa abierta contra el mandatario que no guarda relación con su gestión a la cabeza del país lo incluye a él y a su esposa, Lilia Paredes. El Ministerio Público lleva adelante pesquisas para determinar si efectivamente Castillo y Paredes plagiaron su tesis para obtener el grado de Magíster en la Universidad César Vallejo.

Actualmente, la Fiscalía Provincial Mixta de Tacabamba lleva el caso que investiga a la pareja “por el presunto delito contra los derechos intelectuales, en su figura de delitos contra los derechos de autor y conexos, en modalidad de plagio agravado”, afirman las autoridades en un documento.

Si bien la trama relacionada con la corta fuga de Yenifer Paredes no es una investigación directa contra el mandatario, por lo que no se considera dentro de las seis causas que lo involucran, el tema podría salpicarle tras la información revelada por el diario El Comercio sobre una posible obstrucción a la captura de la hermana de su esposa.

Cuando la fiscalía ordenó la captura de Yenifer Paredes este martes, la cuñada del mandatario se habría encontrado en la residencia de Palacio de Gobierno. Pero, según el organismo, el propio Castillo fue quien dio la orden para que retrasara el mayor tiempo posible el ingreso al recinto por parte del equipo especial de la fiscalía y de la Policía Nacional de Perú, detallaron fuentes del periódico limeño.

El jefe de la Casa Militar, José Mariscal Quiroz, habría recibido instrucciones de Castillo para obstaculizar el trabajo de la policía y así darle tiempo de escapar a la hermana de la primera dama. “Si hay alguien que más hizo por obstaculizar el trabajo, fue el general Mariscal, aunque finalmente lo que hacía era cumplir órdenes”, afirmaron testigos del momento a El Comercio.

Designado en abril de este año, el jefe de la Casa Militar habría mantenido retenidos por una hora y 15 minutos a los funcionarios de la fiscalía y la policía, alegando que no contaban con la autorización para ingresar a la residencia y que no podían ingresar si no estaban los dos abogados del mandatario. Ninguno de los dos es defensor de la imputada. Finalmente, Paredes se entregó a la justicia este miércoles. Un nuevo prófugo de la justicia cercano a Castillo se ponía a disposición de la fiscalía.