En septiembre se cumplirán siete años desde que la Comisión Asesora Presidencial sobre el sistema de pensiones, que presidió David Bravo en 2015, entregó su informe final. Sin embargo, el país aún no realiza una reforma estructural al sistema.

El gobierno que asumirá el próximo 11 de marzo espera poder concretar la tan ansiada reforma, pero alcanzar finalmente un acuerdo no promete ser tarea fácil, con un Parlamento que tendrá equilibrio de fuerzas.

Justamente en esa Comisión Asesora participaron tres integrantes que ahora serán parte del futuro gobierno: Christian Larraín, que será subsecretario de Previsión Social; Claudia Sanhueza, que será subsecretaria de Hacienda; y Andras Uthoff, que integrará el gabinete de Larraín. Todos ellos suscribieron la propuesta B de la Comisión Bravo, e incluso fueron algunos de sus principales ideólogos, según recuerdan quienes integraron la instancia.

Eso sí, no fue la idea más votada en esa ocasión, pues consiguió 11 votos, contra los 12 votos que logró la propuesta A.

¿En qué consistió esa propuesta global B? En palabras simples, impulsaba un sistema mixto, con un componente de capitalización individual, y otro solidario. La idea era darle legitimidad al sistema de pensiones y moverse en línea con los principios de seguridad social al crear un componente de seguro social, basado en la solidaridad inter e intrageneracional.

Allí se incorporaban temas que han sido planteados en el último tiempo por la oposición en el marco del debate que hubo durante este gobierno por la fallida reforma previsional; y también incluye algunos temas que quedaron plasmados en el programa del presidente electo.

Pero hay diferencias con el programa. Tal vez una de las principales, es que ahí no se eliminaba del todo a las AFP, pero sí se proponía una división de la industria, donde las AFP pueden gestionar la rentabilidad de una parte de los fondos, pero la recaudación quedaba en manos de un ente estatal. En líneas generales, era un sistema bastante similar al de Uruguay. Pero también tiene similitudes con el de Suecia, al incorporar cuentas nocionales.

La separación de la industria también fue una de las propuestas de la oposición en el último tiempo, y ha sido uno de los temas que ha planteado en el pasado el futuro ministro de Hacienda, Mario Marcel. Eso sí, fue hace casi diez años.

El profesor de seguridad social UC y UDP, Hugo Cifuentes, comenta que Larraín y Uthoff “hacen una dupla espléndida, y todos, desde la perspectiva en que estamos, quisiéramos colaborar con ellos, para que en el momento oportuno, que esperamos no sea en mucho tiempo más, podamos tener un proyecto de reforma, que dentro de las condiciones actuales, pueda cumplir con el objetivo que nos movió en la Comisión Bravo”.

Cifuentes recuerda que en esa ocasión, “11 personas estuvimos por una reforma importante: que el sistema se acercara más plenamente a lo que es la seguridad social en pensiones, y que avancemos a mecanismos que incluyan una participación más potente del Estado. En ese sentido, creo que el equipo es relevante, competente, preparado, y en lo personal, dentro de mi espacio, si puedo, voy a colaborar gratamente con ellos”.

En lo concreto, la idea de la propuesta B era transformar el actual esquema de pensiones solidarias en un seguro social que pasaría a ser la parte central del sistema, con financiamiento tripartito, es decir, aporte de trabajadores, empleadores y recursos del Estado.

Ahí se señala que se organizaría a través de cuentas ciudadanas de seguridad social, o cuenta nocional. También se mantenía la Pensión Básica Solidaria, pero con una mayor cobertura (hasta el 80%) y monto. Asimismo, se mantenía el componente de capitalización individual para quienes tienen ingresos sobre $ 350 mil.

El nuevo seguro social se financiaba con la cotización obligatoria del 10%, con un tope de $350 mil, y un pareo de estos aportes de cargo de los empleadores y aportes fiscales, asociados al esfuerzo contributivo de los trabajadores.

Al jubilar, los afiliados reciben el equivalente a lo que aportaron, y con los recursos pareados se les asigna otro monto “basado en un criterio de elegibilidad diferenciado para hombres y mujeres de distintos niveles de ingresos salariales. Se introduce así un incentivo a la cotización y solidaridad entre cotizantes”, dice el informe de la Comisión Bravo.

Para quienes coticen sobre $350 mil, el monto se destina a la AFP. “Estas hacen la gestión financiera en forma similar al sistema actual y reportan el valor de la cuota individual a una entidad previsional encargada en forma centralizada de la afiliación, recaudación y registro. Las AFP son responsables de la gestión de los fondos, permitiendo a los afiliados optar entre alterativas de AFP y fondo que administran”, señala el informe.

Así, proponían crear dos nuevas instituciones. Una entidad de previsión que se encarga de afiliar y recaudar cotizaciones; asignar los aportes que son menores a $350 mil a un fondo solidario encargado del seguro social, y repartir los aportes que son superiores a $350 mil a la AFP correspondiente. Este ente también llevaría el registro e informaría a los afiliados sobre el estado de sus cuentas.

Pero también se crea el fondo colectivo de pensiones, encargado de invertir los aportes de los trabajadores que son parte del seguro social, y de administrar los aportes que se obtienen del pareo.

La propuesta señala que este esquema “permitiría bajar los costos asociados a la administración de los fondos. En Suecia, por ejemplo, esta tiene costos de 0,41% del salario″.

El programa del presidente electo propone un nuevo sistema de pensiones público, y sin AFP. También establece una Pensión Básica Universal de $ 250 mil. Asimismo, propone un pilar contributivo que se financiará con cargo a las cotizaciones obligatorias de trabajadores y una nueva cotización de cargo de los empleadores del 6%.

Ese pilar contará con un componente de contribución en cuentas de ahorros personales (dos tercios del flujo de contribución en régimen) y el tercio restante de irá a un componente de reparto.

La idea es que las AFP puedan seguir administrando el dinero que tienen actualmente los afiliados, si así lo desean las personas, mientras que todo el nuevo flujo de cotizaciones será administrado por un ente público. Así, las administradoras dejarían de administrar fondos obligatorios en algunas décadas.