El juez de California, Thomas Hixson, ordenó al expresidente peruano Alejandro Toledo a que se entregue a las autoridades este viernes a las 9 horas para iniciar su proceso de extradición a Perú.

La decisión ocurre después de que la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de California rechazara el pedido del exmandatario -que gobernó desde 2001 a 2006- para suspender su repatriación a Perú.

“Esta corte ordena que Alejandro Toledo se entregue a los Marshall el 7 de abril a las 9 am en el 450 de la Avenida Golden Gate, en San Francisco”, indicó el fallo judicial al que accedió el portal de la emisora RPP Noticias.

Si bien el juez Hixon había mencionado que no había posibilidad de darle otros plazos al exmandatario peruano, fuentes citadas por el mismo medio confirmaron que la defensa legal de Toledo presentó dos nuevos recursos contra su extradición.

Toledo es requerido por la justicia peruana para que afronte una acusación por lavado de activos y colusión. La fiscalía peruana solicitó 20 años y seis meses de cárcel para el exmandatario por haber recibido una presunta coima de US$ 35 millones de empresas brasileñas, entre ellas Odebrecht, a cambio de beneficiarlas con la licitación de los tramos II y III de la carretera Interoceánica Sur.

Con el fin de detener su extradición, Toledo argumentó que Perú no había presentado documento alguno ni mostrado causa probable. Pero la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito en San Francisco dijo en su fallo que la fiscalía peruana presentó documentos con imputaciones suficientes que sustentan la extradición.

El panel de tres magistrados indicó que las declaraciones de dos testigos en el caso de corrupción contra Toledo bastaban “para establecer una causa probable en una audiencia de extradición”.

“Además, Toledo admitió que US$ 21 millones en sobornos fueron transferidos a cuentas controladas por su jefe de seguridad, US$ 17,5 millones terminaron en la compañía de su suegra y US$ 500.000 fueron depositados en una cuenta bancaria a su nombre o utilizados para adquirir bienes raíces a su nombre”, detalló la corte.

La Corte de Apelaciones reconoció las serias consecuencias que tendría en la salud de Toledo que lo encerraran en una prisión peruana donde las condiciones fueran malas. Pero los jueces dijeron que basaron su fallo en la improbabilidad de que Toledo lograra impedir su extradición en tribunales.

“El panel confirmó que Estados Unidos atenderá el interés público acatando una solicitud válida de extradición, porque el cumplimiento adecuado fomenta las relaciones entre ambos países y fortalece los esfuerzos para establecer un Estado de Derecho internacional”, dijo la corte.

Latina Noticias contactó al exmandatario para recoger sus descargos, pero no quiso hacer declaraciones. “No voy a hacer ningún comentario”, afirmó Toledo.

El 21 de febrero pasado, el Departamento de Estado concedió la extradición de Toledo a Perú, luego de un proceso de varios años. Días después, el fiscal superior Rafael Vela, coordinador del Equipo Especial Lava Jato, comunicó que Toledo no iba a entregarse voluntariamente a las autoridades de Estados Unidos. El exmandatario decidió cuestionar la orden y se respaldó en que debían resolverse algunas apelaciones pendientes.

“El señor Toledo, luego de haber tenido contacto con las autoridades norteamericanas, ha decidido no ponerse a derecho, es decir, ha decidido más bien cuestionar la decisión del propio gobierno de Estados Unidos en el sentido de que existiría una apelación pendiente por el habeas corpus que dirigió contra el juez de la Corte de San Francisco, Thomas S. Hixson. En ese argumento es que él (Toledo) se niega a entregarse voluntariamente”, indicó Vela entonces.

El exmandatario fue detenido en 2019 en California, donde ha residido durante los últimos años, y estuvo ocho meses en prisión por riesgo de fuga, aunque pudo salir de la cárcel al serle concedida la libertad bajo fianza por la pandemia.

El juez ordenó su libertad bajo fianza en marzo de 2020 y que fuera confinado de inmediato en su casa en la bahía de San Francisco (había una orden de confinamiento obligatoria en aquel momento) con un sistema de vigilancia GPS.

“Ahora sí, más temprano que tarde Toledo va a responder a la justicia peruana”, afirmó el ministro de Justicia de Perú, José Tello, en conversación con Canal N. Su extradición sería “cuestión de días”, agregó.

El ministro peruano manifestó que se espera que Toledo, de 77 años, sea confinado en Barbadillo, una penitenciaria dentro de una base policial ubicada en la afueras de Lima, donde actualmente están presos los expresidentes Alberto Fujimori y Pedro Castillo.

“El penal sí tiene las condiciones de recibirlo”, aseguró Tello. Y al ser consultado si el penal puede albergar a un tercer expresidente, el ministro contestó: “En principio a tres sin ningún problema”. Sin embargo, agregó que dependerá de la calificación que realice la autoridad penitenciaria.

El ministro Tello señaló que la defensa de Toledo ha manifestado que va a presentar en Estados Unidos otro recurso legal, “pero es evidente que, además, la justicia norteamericana lo tiene claro, que cualquier recurso es dilatorio”.

El escándalo de corrupción relacionado con Odebrecht ha sacudido la política de Perú, donde casi todos los expresidentes vivos enfrentan juicios o investigaciones. El expresidente Ollanta Humala (2011-2016) está siendo enjuiciado por acusaciones de que él y su esposa recibieron más de US$ 3 millones de Odebrecht para sus campañas presidenciales en 2006 y 2011. Ambos niegan haber cometido delito alguno.

El expresidente Pedro Pablo Kuczynski, que concluyó su mandato en 2018, es investigado por el presunto delito de lavado de activos. Alan García, quien gobernó Perú en dos ocasiones, se suicidó de un disparo en la cabeza en 2019, cuando las autoridades llegaban a su casa para arrestarlo en relación con la pesquisa sobre Odebrecht.