Con epicentro en Bogotá, la capital de Colombia, pero con un llamado a todas las grandes ciudades para que se movilicen, el gobierno de Gustavo Petro convocó a cerca de 30.000 personas durante este miércoles 27, según reportaron medios locales. El objetivo: apelar al apoyo ciudadano para impulsar en el Congreso las reformas claves de su mandato que, hasta ahora, no ha podido concretar.

De ahí la duda instalada en la nación sudamericana sobre si el desarrollo de las manifestaciones ayudará o enlodará su promesa de cambios estructurales, hasta ahora truncadas por una coalición fracturada y la ausencia de votos en el Congreso.

Bajo el nombre de la “Gran movilización por la paz, por la vida, por la justicia social”, la instancia contó con la venia del propio Ejecutivo. Pero no solo fueron llamados a marchar -y presionar a los legisladores para que se avance en las propuestas oficialistas, critican opositores a Petro-, sino que también entregaron apoyo financiero. Incluso surgió una denuncia que investigará la Procuraduría General de la Nación por la supuesta entrega de internet a una organización a cambio de su participación en la marcha.

Más de 10.000 indígenas provenientes de Cauca, Catatumbo, La Guajira, Putumayo y Amazonas llegaron a la capital entre el lunes y miércoles, a los que se sumaron gremios como la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). Junto a ellos, se plegaron cerca de 50 organizaciones sociales.

“Esta movilización tiene un fin: defender las reformas democráticas que se han presentado al debate nacional, a las fuerzas políticas y a la sociedad colombiana”, dijo Petro a sus adherentes desde el palco del Palacio de Nariño, una vez finalizada la marcha. En la instancia también aprovechó de anunciar una nueva reforma a los servicios públicos, la que se suma a la de salud, pensiones y trabajo, todas en el Congreso.

“Este es el cambio por el que votaron once millones y medio de personas, y que nosotros pretendemos volver realidad a pesar de las dificultades. El cambio es fundamental para Colombia, hoy en todos los rincones del planeta se impone el cambio”, agregó el mandatario.

Pero la duda entre analistas colombianos consultados por La Tercera y por medios locales era la suma final de la jugada del mandatario. Mientras algunos plantean que el músculo político demostrado por Petro le servirá como “energizante político”, otros ven muestras de debilidad y de un gobierno que no puede aprobar sus reformas.

La pregunta sobre cómo esto afectará los próximos meses de la discusión sobre las reformas parece dividida entre quienes lo ven como un gesto de robustez y quienes lo reducen a poco manejo político en el Parlamento.

No es la primera vez que se une a una marcha en defensa de sus proyectos ni la primera que personalmente convoca. Según el medio El Espectador, esta es, de hecho, la séptima.

Consultado por La Tercera, Vicente Torrijos, profesor colombiano de Ciencia Política, planteó que las manifestaciones incitadas por el Ejecutivo se podrían leer como “una mezcla de caudillismo, demagogia y carisma, es decir, una especie de populismo y bonapartismo al mismo tiempo”.

Pero hace la precisión: “En este caso, las marchas no están destinadas a evadir el trámite parlamentario sino, más bien, a fortalecerlo, dándole a la coalición de gobierno una especie de legitimidad moral para aprobar las reformas”, es decir, intentan comunicar que “finalmente, están avanzando a pesar de los esfuerzos de la oposición por bloquearlas”.

Contraria a esa postura se mostró la periodista y excongresista colombiana María Isabel Rueda, quien en una columna en la revista Semana aseguró que “un mandatario que necesita invertir millones para garantizar unas movilizaciones a su favor, a favor de su gobierno, garantizando pan y circo hasta con grupos musicales para que la gente no se aburra, demuestra más debilidad que fortaleza”.

La referencia al dinero guarda relación con los costos relacionados con las marchas convocadas por Gustavo Petro. Según la misma revista, el gobierno debió pagar cerca de 58 millones de pesos chilenos por la tarima, el sonido y las pantallas instaladas en el centro de Bogotá con motivo de la marcha. El pago se hizo a la misma empresa que anteriormente ha entregado sus servicios a la administración Petro en movilizaciones sociales. Una investigación de El Espectador aseguró que el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) ha firmado dos contratos por una suma mayor a los $15.800 millones de pesos colombianos, o 3.500 millones de pesos chilenos.

Otro crítico de las marchas convocadas por el mandatario es el candidato a la Alcaldía de Bogotá, Diego Molano, quien aseguró que “Bogotá está bajo amenaza”, puesto que “inicia la toma del presidente Gustavo Petro y su gobierno a partir de manifestaciones para que se apoyen las nefastas reformas que quieren cambiar la salud, las pensiones y lo laboral en la capital y en Colombia”.

Según el opositor al presidente colombiano, Petro está utilizando dinero “de nuestros impuestos para esas movilizaciones, pagándoles seguramente a algunos de estos demoniacos de la primera línea que quieren destruir”.

Independientemente de la crítica política, considerando que el próximo domingo 29 de octubre se celebran las elecciones regionales de Colombia, la Procuraduría General de la Nación mostró preocupación por supuestas irregularidades dentro del Ministerio del Interior luego de que se denunciara la entrega de internet a las Juntas de Acción Comunal de Cundinamarca como pago por su participación en las movilizaciones de este miércoles, consignaron numerosos medios locales.

“Estas marchas también son una especie de energizante político para tratar de superar el derrotismo electoral que invade al oficialismo, a juzgar por las encuestas”, señaló a este periódico Vicente Torrijos.

“#NosMovemosPorLaVida | Participa este 27 de septiembre en el movimiento por la Vida del #GobiernoDelCambio. Somos una Colombia que resiste y se mueve por la lucha de sus derechos. ¡Cuidemos la Vida!”. Así iniciaba un llamado a marchar. No se trataba de un dirigente político, ni un seguidor del Gobierno. El mensaje en X (antiguo Twitter) era publicado por la cuenta oficial de la Presidencia de Colombia.

“Con el pueblo de Colombia nos movilizaremos por la educación, el trabajo digno, la cultura, el cambio y, sobre todo, por la vida con justicia social. Vente pa la plaza y súmate a nosotros”, escribió también el mandatario en la red social.

Recientemente, el izquierdista se definió como un “demócrata radical” que cree que, además, “Colombia debe sufrir una transformación radical”, planteó en una entrevista con The Washington Post. Misma instancia en que criticó el papel de Estados Unidos en el golpe de Estado en Chile de 1973 y la política antidrogas del país norteamericano en Colombia.

La propia vicepresidenta y ministra de la Igualdad, Francia Márquez, llamó a manifestarse bajo la premisa de la movilización: “El gobierno del cambio y el pueblo colombiano nos movemos juntos por la vida, por la paz, por igualdad, por justicia social y por los derechos de todas y todos. Unámonos este #27SPorLaVida”, planteó según medios locales.

La revista Semana incluso aseguró que el Presidente Petro dio instrucción a miembros de la Cámara, senadores y representantes de su coalición, Pacto Histórico, de que salieran a marchar este miércoles.

No es el único motivo tras la marcha. Mientras desde Fecode plantearon que “los enemigos del cambio no han cesado en su empeño de derrocar al presidente, acudiendo a un posible golpe blando, pero sin descartar por los sectores militares un golpe duro” en referencia a la nula materialización de las reformas prometidas por el gobernante colombiano, consignó El Espectador, los movimientos indígenas también se mostraron preocupados por el espiral de violencia en regiones como el Cauca, la autonomía de los pueblos y el asesinato de sus líderes.

Dichos grupos indigenistas se quedarán hasta el jueves 28 en la capital, a la espera de reuniones con el Gobierno ya pactadas, agregó El Espectador.

Con las reformas de salud, trabajo y pensiones virtualmente congeladas en el Congreso, y una séptima movilización invocada o apoyada por Petro, surge la duda sobre la verdadera capacidad de estas marchas para modificar la balanza en el órgano legislativo.

En los meses previos, el mandatario debió ceder en aspectos claves de su reforma de salud, como lo fue con la situación de las Entidades Promotoras De Salud, más conocidas como EPS. Dicha crisis fue justamente la que fracturó la alianza de Pacto Histórico con el Partido Liberal.

En opinión de Vicente Torrijos, las manifestaciones podrían tener un efecto positivo “solo si no resultan violentas, y si el Presidente no da muestras de intervención indebida en política, las manifestaciones podrán servirle al gobierno para vigorizar a esa coalición que se está reconstruyendo con guante de seda en el Congreso”, explicó a La Tercera.

El propio Petro hizo una alusión a esto en su discurso, asegurando que “justicia social y paz son sinónimos en Colombia. Por eso, desde esta plaza llena, desde las plazas llenas en Colombia, en las grandes ciudades, donde el pueblo nos ha acompañado, yo interpelo a la oligarquía colombiana, al establecimiento, a quienes han gobernado tradicionalmente este país, a quienes tienen poderes que no son elegidos por el pueblo, pero que a veces tienen más poderes que el presidente mismo”, planteó en referencia a sus fallidos intentos para que se aprueben sus proyectos.

La respuesta llegó antes de las movilizaciones de mano del senador colombiano Miguel Uribe Turbay, quien planteó el martes 26 al medio Nuevo Siglo que, además de que la manifestación era “antidemocrática e ilegal”, que no cree que la marcha “afecte el transcurso de las reformas”. “El éxito del país es evitar que se aprueben o que salgan como están contempladas, ya que hacen mucho daño”, sentenció el parlamentario.