La promesa de una transformación profunda a los distintos sectores que componen a la sociedad colombiana que el Presidente Gustavo Petro hizo durante su campaña fue descrita como ambiciosa en su momento por analistas. Y no necesariamente por lo radical o progresista de las ideas, sino por los amplios apoyos que necesitaría en el Congreso para lograrlo, considerando que no le bastan los votos de su coalición -el Pacto Histórico- para alcanzar las mayorías.

Es por eso que la reunión del lunes por la noche realizada en la Casa de Nariño se transformó en una instancia clave para las aspiraciones del primer mandatario izquierdista de Colombia, espacio en el que se reunió con los presidentes de los partidos Conservador y la U para negociar matices en la reforma de salud impulsada por Petro, pilar de sus transformaciones estructurales.

La necesidad de modificar algunos aspectos del proyecto presentado el 13 de febrero se daba por la advertencia de las dos colectividades nombradas de que, pese a ser parte de la coalición de gobierno, no aprobarían ni acompañarían el texto tal como había sido propuesto por la administración Petro, pues iba a arrasar los logros del sistema actual, consignó el diario El Tiempo.

A la reunión asistió el senador Efraín Cepeda y la exgobernadora Dilian Francisca Toro, cabezas del Partido Conservador y de La U, respectivamente, donde, según dijeron a medios locales una vez finalizado el encuentro, salió humo blanco.

“Fue una reunión muy conciliatoria, muy buena, porque logramos expresar lo que nosotros creemos que podemos construir sobre lo construido, y que podemos lograr lo que el presidente está queriendo hacer con la reforma a la salud, siempre y cuando lo hagamos bajo consenso, pero además beneficiando a los pacientes”, dijo Toro a la prensa.

Inicialmente, la reforma a la salud contemplaba un sistema netamente público, donde no existieran las Entidades Promotoras de Salud, más conocidas como EPS, cuya finalidad era afiliar, registrar y atender a los afiliados al sistema de salud, además de recaudar el dinero de las cotizaciones laborales, detalló CNN. La propuesta fue desestimada luego de que surgieran críticas advirtiendo la incapacidad de los grandes hospitales -que hubieran quedado a cargo de la atención- para aceptar a una nación completa, compuesta por más de 50 millones de habitantes.

Uno de los logros de las partes reclamantes al interior del oficialismo durante la reunión fue la mantención de un sistema mixto, con participación tanto pública como privada. En el caso público, las instituciones con esa característica que ya existen en el país se agruparán, mientras que las del nivel uno pasarán a ser Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS). Para solventar los altos costos fiscales que significaría la creación de uno de estos espacios por cada 25.000 habitantes, como proponía el gobierno en su búsqueda por subsanar la compleja atención de salud en sectores alejados de las grandes urbes, se acordó poner a muchos hospitales públicos ya funcionando a cubrir esa función, informó El Tiempo.

En las instituciones privadas, por otro lado, las EPS pasarán a ser Entidades Gestoras de Salud y Vida, perdiendo de todos modos algunas de las funciones que antes tenían, detalló el diario El Espectador, pero manteniendo su calidad de encargadas de las afiliaciones y el manejo de sus planes de salud.

“El privado va a hacer una articulación de una Gestora de Salud y Vida que van a ser diferentes, porque no van a recibir los recursos, no van a tener integración vertical ni van a tener posición dominante, eso es muy importante”, explicó Toro a los medios colombianos.

De todos modos, se mantendrá la voluntad del gobierno de que las entidades prioricen la atención primaria, poniendo trabas a la citada integración vertical -donde, según El Tiempo, se trataba de EPS creando instituciones prestadoras de salud con las que contrataba sus necesidades de atención- y reduciendo los atrasos en el pago que las EPS debían realizar a los institutos prestadores de salud (IPS), instituciones privadas que entregan servicios médicos de consulta hospitalaria y clínica.

Otro de los puntos clave de la reforma, dedicado a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, o Adres, también sufrió modificaciones. En el sistema actual, este ente es el que recibe la factura de cobro que una EPS emite tras prestar servicios de salud, como lo son citas a un médico general, por ejemplo. Además, se preocupa de recolectar el dinero, incluido el que llega a través del Estado en forma de impuestos, para luego repartir los montos con los que se pagaba a todo el personal de salud. Hecho que, desde el punto de vista de Gustavo Petro, significaba un traspaso directo de dineros públicos hacia privados.

En la negociación con los partidos, el gobierno logró mantener la sección del proyecto que le entrega a Adres dos facultades que antes cumplían las EPS: el pago de los recursos de los IPS y la auditoría de las cuentas, consignó El Tiempo.

“Eso va a tener una transición, no va a ser de hoy a mañana, a las gestoras se les va a pagar el 5% de administración en la parte de la articulación del riesgo en salud. No va a ser ahora, la Adres tiene que fortalecerse para ser pagador y auditor. Vamos a estudiar la transición para que sea lo mejor para el sistema”, dijo Toro al respecto.

“Tenemos humo blanco. La reforma a la salud coge cada vez más fuerza de manera concertada. Tendremos un sistema mixto público-privado”, fueron las palabras del presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, quien aseguró que la reforma se había salvado. Palabras que se explican por el acotado margen de votos del que dispone Gustavo Petro para aprobar su reforma, considerando que requiere de 38 votos en el Senado y 76 en Cámara, números inalcanzables sin el apoyo del bloque oficialista en su totalidad.

Desde la oposición, el congresista David Luna aseguró que “hay que estar abiertos al debate y a la crítica. No pueden pretender que su Reforma a la Salud, que además es supremamente peligrosa, pase sin ninguna modificación”.

Mientras, este martes se desató una polémica por el llamado del mandatario a las AFP de Colombia para que trajeran “al país el ahorro pensional”, debido a la crisis bancaria originada en Estados Unidos tras las quiebras de Silicon Valley Bank y del Signature Bank.

“Les solicito a las administraciones de los fondos privados de pensiones, dado el derrumbe de mercados extranjeros, traer al país el ahorro pensional. Hoy, el 55% de la cartera de los fondos pensionales, es decir, del stock del ahorro de los cotizantes, está fuera del país”, escribió Gustavo Petro en Twitter, espacio desde donde se enfrascó en discusiones con analistas y economistas debido a su posición.

Así fue el caso con el negociador bursátil, consultor de inversiones y crítico del gobierno Julio César Iglesias, quien replicó: “Será que los académicos que impulsaron en campaña la propuesta pensional de Petro ¿van a salir a corregir al presidente sobre las boberías que está diciendo sobre el ahorro y la inversión pensional en el exterior?”, escribió. Las palabras fueron rápidamente contestadas por el propio mandatario, quien volvió a afirmar que “el 55% de la cartera del RAIS (Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad) está en el exterior”.

César Tamayo, decano de Finanzas, Economía y Gobierno de la Universidad EAFIT, también se sumó a las críticas contra el Presidente, calificando su actuar como una forma de generar “pánico”, según dijo en conversación con RCN Radio. “A mí me preocupa que un presidente haga un llamado de estos. Asustarnos y generar pánico por unas pérdidas que se pueden recuperar no me parece responsable”, aseveró.

Citando un gráfico de inversiones de los fondos privados de pensiones, el mandatario aseguró que “a través de los últimos años cae permanentemente la inversión en el mercado interno, incluido los TES (títulos de deuda pública) con la nación y sube el portafolio externo al país”, escribió.

La senadora uribista Paloma Valencia también cuestionó las palabras de Petro al decir que “los administradores de riesgo sabrán evaluar técnicamente lo que conviene a los ahorros. ¿Qué confianza da el mercado interno con un presidente que se mete en la administración de los fondos?”.

La polémica por la eventual repatriación de los fondos invertidos por las AFP en el extranjero coincidió con la presentación, por parte del Ministerio del Trabajo, de los elementos principales del borrador de la reforma de pensiones, que se espera radicar este jueves ante el Congreso.

Según el periódico de negocios Portafolio, la reforma planteará un sistema de cuatro pilares. Así, el llamado pilar solidario “será para todos los mayores de 65 años, que son 2,5 millones de personas, a quienes se les dará una renta por encima de la línea de pobreza, equivalente a 223.000 pesos colombianos (US$ 47). Esto equivale a tres veces el subsidio que actualmente otorga el programa Colombia Mayor, apuntó el medio colombiano.

También se crea un pilar semicontributivo, que otorgará una renta a las personas que no se pudieron pensionar, pero que tienen el tiempo de cotización completo, ya sea por medio de Colpensiones o de los fondos privados. Un tercer pilar sería el contributivo, donde deberán aportar a Colpensiones todas las personas que devenguen hasta tres salarios mínimos y las AFP recibirán las cotizaciones por encima de este rango.

El último pilar es el denominado el de ahorro individual voluntario, en el que estarán todas las personas que tengan capacidad de ahorrar para mejorar su pensión.