En lo que se pensaba que iba a ser una maratónica jornada marcada por las votaciones de los 91 artículos que componen el tercer informe de la comisión de Sistemas de Justicia este jueves, el pleno de la Convención Constitucional rechazó en general dicho informe por completo, tras casi cuatro horas de debate.

La votación fue de 55 votos a favor, 20 rechazos y 65 abstenciones. Con esa cantidad de votos el tercer informe vuelve a la comisión. Originalmente, para que las normas no fueran desechadas, se requería la mitad más uno del pleno, es decir, 78 votos. Sin embargo, luego de un cambio en el reglamento, se necesitan sólo 38 votos para que un conjunto de normas pueda retornar a su comisión y revisarse nuevamente.

En el informe votado estaban contempladas las normas que regulan el funcionamiento y atribuciones de diversos órganos autónomos de control, justicia electoral y de justicia constitucional, como el Ministerio Público o la Defensoría Penal Pública.

Sobre el rechazo completo del informe, el coordinador de la comisión, Christian Viera, señaló que ya se advertía dicha posibilidad.

Respecto al porqué del rechazo, Viera argumentó que “este informe contenía infinitas materias a tratar y no alcanzamos a contar con el tiempo suficiente para que, sobre todo en el diseño de las instituciones, pudiera madurar el texto para ofrecer una mejor propuesta”.

Junto con la materias ya referidas, una de crucial importancia económica contenida en el informe se refiere al funcionamiento del Banco Central, cuyos ocho artículos también fueron rechazados, al igual que el resto.

Ahí, el artículo 40 del informe señala que “el Banco Central es un órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, de carácter técnico, encargado de formular y conducir la política monetaria”.

En relación al objeto del ente emisor -siendo este uno de los puntos sobre el cual se generó más debate-, el informe especifica que le corresponderá al Banco Central, “contribuir al bienestar de la población, velar por la estabilidad de los precios y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos, en coordinación con las principales orientaciones de política económica definidas con el gobierno”.

Es precisamente sobre este último punto que distintos convencionales manifestaron preocupación.

En ese sentido, el convencional Ruggero Cozzi (Vamos por Chile) comentó en el pleno que “se le está dando una autonomía con letra chica” al ente emisor, ya que, recordó que la Ley Orgánica Constitucional del Banco Central ya establece que este ha de tener presente la política económica del gobierno, pero no una coordinación con este.

Previamente, esta discusión estuvo marcada también por un oficio que envió la semana pasada el Banco Central, en el cual le manifestó a la Convención ciertos reparos sobre lo que se estaba discutiendo. En ese sentido, el ente rector señaló que se “estima confuso agregar (...) la mención a una coordinación con las principales orientaciones de la política económica definidas con el gobierno”.

Lo anterior, ya que el objeto del Banco, dijo en el oficio, es velar por “la estabilidad de los precios y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos”, sin perjuicio de que el organismo tenga presente la orientación general de la política económica del gobierno, señaló.

Otro de los artículos a los cuales se refirió el Banco Central en su oficio fue el 45, en el cual se establece que ”los integrantes del Consejo podrán ser destituidos de sus cargos por resolución de la mayoría de los integrantes del pleno de la Corte Suprema, previo requerimiento de la mayoría de quienes ejerzan como consejeros o de un tercio de los congresistas, conforme al procedimiento que establezca la ley”.

Sobre aquello, el ente emisor reparó en que “expone a la institución a una situación compleja que puede afectar su actuación ante escenarios de stress económico en que las decisiones de política no son obvias”.

Tras el revés en el pleno, desde ahora los convencionales de la comisión tienen por reglamento un período de 15 días para presentar un texto de reemplazo. En relación al consenso que se necesita en esta materia, el constituyente Mauricio Daza (independiente) catalogó el rechazo del informe no como un fracaso, sino que como “un acto de seriedad para poder entregar un informe que sea consistente y que cuente con los consensos que nos han permitido, en informes anteriores, obtener holgadas mayorías para la aprobación de los artículos”.

En ello concuerda Cozzi, a quien, además, le parece que hay buena disposición de los constituyentes a considerar e incluir varias de las observaciones que hizo el Banco Central. “Así que yo esperaría que la segunda propuesta que salga sea la adecuada. No podemos darnos el lujo de embarrarla con una institución que lleva 30 años funcionando bien, controlando la inflación y que en estos días, además, vamos a ir viendo lo importante que es de cara a que el costo de la vida no siga subiendo”, concluyó.

Por su parte, el abogado constitucionalista Javier Couso, señaló que, a su juicio, la comisión está cerca de llegar a un acuerdo que logre los dos tercios, ya que “las piedras de tope son mucho menores que en otras comisiones, como la de Sistemas Políticos”.

A ello agregó que ve en este rechazo el objetivo de que “se perfeccionen no demasiados asuntos que generen conflictos alrededor del grupo que ha estado dando los dos tercios de la mayoría de las normas de la Convención, me refiero a los grupos que van desde independientes o neutrales hacia la izquierda. Cuando ellos se ponen de acuerdo, llegan a los dos tercios y creo que este rechazo no es indicativo de que estén tan lejos de llegar a un consenso”.