Tal como lo establece el auto acordado de la Corte Suprema que regula el proceso para reclamar una vulneración a las reglas del procedimiento, la presidenta del Consejo Constitucional, Beatriz Hevia (republicana), fichó al abogado Alan Bronfman para que la represente ante el máximo tribunal.

Bronfman será el abogado que se hará cargo de desvirtuar el reclamo realizado por los consejeros de izquierda, quienes argumentan que las enmiendas de la derecha que crean nuevos capítulos al anteproyecto vulneran las reglas fijadas en el reglamento que rige al proceso constitucional.

El abogado es un reconocido constitucionalista cercano a las ideas de derecha. Fue decano de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y actualmente es profesor de las cátedras de derecho constitucional y derecho parlamentario en esa casa de estudios.

Ese último antecedente fue la clave para que los republicanos optaran por su nombre para alegar contra el reclamo del oficialismo. Bronfman es un especialista en el derecho parlamentario y en el proceso de formación de la ley.

Actualmente es el director del Centro de Estudios y Asistencia Legislativa del plantel universitario del cual es académico. Bronfman conoce a varios de los consejeros que hoy forman parte del órgano redactor. De hecho, le tocó ser ministro suplente del Tribunal Constitucional junto con el consejero Christian Suárez (Ind.-PS).

Hevia constituirá el mandato judicial de Bronfman al momento de enviar el informe que debe presentar ante la sala especial de la Corte Suprema -integrada por los ministros Andrea Muñoz, Jorge Dahm, María Cristina Gajardo, Arturo Prado y Mario Carroza- que está a cargo de resolver la reclamación.

Ese informe recibirá como insumo un documento que ha estado preparando durante estos días la Secretaría Técnica del proceso constitucional. Los secretarios, tal como lo saben los delegados oficialistas, es de la opinión de que el reglamento sí permite que el Consejo pueda crear nuevos capítulos.

El objetivo de ese informe, según el auto acordado del máximo tribunal, es para que “quien presida el Consejo Constitucional indique lo pertinente respecto del vicio que se reclama, su carácter esencial o no, y se refiera a los efectos del acto impugnado”.

El plazo para que ingrese ese documento vencerá este martes. Bronfman se enfrentará al abogado William García, quien representa a los 14 consejeros oficialistas que firmaron la reclamación. Una vez que se reciba el informe, el máximo tribunal procederá a fijar una audiencia pública para los alegatos, los cuales no podrán durar más de 30 minutos.

La sala tendrá que resolver el reclamo esta semana, ya que el fallo deberá estar listo, a más tardar, el viernes. Luego de que la sala declarara el recurso inadmisible y luego, ante una reposición del oficialismo, la mayoría de la sala se diera vuelta, dejara sin efecto su primera decisión y procediera a declarar admisible el reclamo, el máximo tribunal entrará al fondo del asunto para resolver la pugna y determinar si los consejeros tienen la potestad para crear nuevos capítulos.

Toda esta pelea está centrada, principalmente, en las indicaciones que crean nuevos acápites centrados en materias de seguridad, Fuerzas Armadas, de orden y de seguridad.