Seguridad. Esa es una de las palabras que más se repite en el proyecto de Ley de Presupuesto 2024 anunciado por el Ejecutivo. La iniciativa que actualmente está siendo revisada por el Congreso, aumenta en un 5,7% los recursos para orden y seguridad en comparación con el 2023, según lo informado por el Presidente Gabriel Boric en cadena nacional el pasado 28 de septiembre.

La mayoría de los recursos que van destinados a la seguridad se concentran en el Ministerio del Interior, el cual para el 2024 contempla un presupuesto total de 3,1 billones de pesos, lo que representa un aumento del 8,4% respecto al erario fiscal pasado. Sin embargo, aquello también considera instituciones no necesariamente vinculadas a la seguridad, como es el caso de Bomberos, Senapred o la Subsecretaría de Desarrollo Regional.

Pese a eso, según el detalle de la “glosa 5″, el presupuesto de Interior se divide en siete líneas programáticas, de las cuales tres están relacionadas directamente con la protección y lucha contra el crimen. Una de estas es la de “seguridad pública”, en la cual se considera el presupuesto de instituciones como Carabineros o la Policía de Investigaciones (PDI). Dicha línea, aumenta un 2,7% respecto al año en curso, llegando a un monto de 2,1 billones de pesos. La segunda línea destinada a la “prevención” y la tercera, sobre víctimas, crecen un 5,2% cada una.

El resto de los aumentos contemplados en el promedio del 5,7% anunciado por el Mandatario, corresponde a otras reparticiones como el Ministerio Público, Ministerio de Justicia, entre otros.

En detalle, la Subsecretaría del Interior contempla para el próximo año un presupuesto de $ 141.032.970.000, lo que representa un aumento del 35,9% respecto al actual periodo del erario fiscal. En la repartición dirigida por el subsecretario Manuel Monsalve es donde se concentran gran parte de las iniciativas contempladas en la línea programática de “seguridad pública”.

Uno de estos es el Plan Nacional Contra el Crimen Organizado (PNCO), el cual para el próximo año contempla un presupuesto total de más de $ 78 mil millones, 15,8% más que este año, y los cuales se transferirán a una serie de instituciones como Carabineros y la PDI. Sin embargo, a diferencia de este año, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) se queda sin presupuesto en esa iniciativa. Ante el Congreso, el subsecretario Monsalve explicó que dicha institución requería incrementos en la capacidad del personal más que en herramientas o tecnología, que es lo que busca el plan.

Uno que llega a la Ley de Presupuestos es el programa Calles Sin Violencia, el que contempla un presupuesto de $ 24.251.318.000 que son destinados también a las policías y al Ministerio Público. Para esta última institución, por ejemplo, se contempla la contratación de 200 nuevos profesionales para investigación de homicidios.

Pese a eso, en la Subsecretaría del Interior hay otros programas que disminuyen sus recursos, como es el caso del Programa Estadio Seguro, el cual cae un 10,8% su presupuesto. Consultados al respecto, desde dicha repartición explicaron que aquello se debe a que funcionarios pasan de ser honorarios a contrata, por lo que los recursos se cambian de partida presupuestaria.

A juicio del diputado Jaime Naranjo (PS), miembro de la cuarta subcomisión mixta que analizó este ítem del presupuesto, “la propuesta del gobierno en materia de seguridad es continuadora a la del año 2023 en términos que aumentan los recursos tanto para Carabineros y la PDI. De tal manera que el tema de la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico y la delincuencia en general sigue siendo una de las primeras prioridades del gobierno. Como también aborda la situación de violencia de la Macrozona Sur y Norte”.

El Servicio Nacional de Migraciones (Sernamig) también dependiente del Ministerio del Interior, cuenta con un presupuesto de $ 21.791.294.000 para el 2024, que corresponde al 17,2% más respecto al año en curso. Aquello, según el proyecto, se verá reflejado en el incremento del 215% del erario para la compra de equipos informáticos, además de recursos destinados a la creación de una unidad para cobrar multas, y la continuación del proceso de regulación de solicitudes migratorias. Pero sobre todo por el aumento de más de $ 2.219 millones para financiar mil expulsiones judiciales y administrativas de extranjeros.

Este último punto generó cuestionamientos en el Congreso. Y es que los parlamentarios de oposición sostuvieron que aquellos montos no eran suficientes para las expulsiones. El exdirector del Sernamig, Álvaro Bellolio asegura que no le hace mucho sentido que se destinen “$ 3 mil millones en expulsiones, más del doble del presupuesto de los años anteriores, pero su meta sea solo expulsar a 1.000 personas, es decir, casi la mitad de lo que se expulsaba al año en el periodo 2018 a 2021″. Sin embargo, desde la institución explican que alcanzará para más de mil expulsiones.

En la Subsecretaría del Interior, la línea de “programas de acción social y atención a víctimas” contempla para el 2024 un presupuesto de $ 12.408.758.000, lo que representa un 0,2% menos al actual erario.

Este presupuesto se divide en cuatro iniciativas gubernamentales. Una de ellas es el programa de Violencia Rural, el cual entrega subsidios para personas afectadas por delitos rurales en las regiones de La Araucanía, Biobío, Los Ríos, Los Lagos y Ñuble. Para el 2024, dicho programa tiene un aumento del 5%, llegando a un erario fiscal de más de $ 5.655 millones. En el caso de los Centros Regionales de Atención y Orientación a Víctimas, disminuyen un 10,5% su presupuesto. Según la misma iniciativa, aquello se explica porque se traspasan funcionarios a contrata.

Pese a aquello, el diputado Miguel Mellado (RN), miembro de la subcomisión que analizó el presupuesto de Interior y representante de La Araucanía, asegura que los recursos destinados a las víctimas “es bajo, puesto que este año el gobernador de La Araucanía tuvo que suplementar en más menos $ 6.000 millones para ayudar con la lista de espera. Creo que el gobierno debe entender que a las víctimas del terrorismo en la región debe darles un trato digno y rápido, tal como lo hizo con sus pensiones de gracia a los suyos”.

En el caso de Carabineros, la institución contará para el próximo año con un presupuesto de $ 1.400.430.289.000, el cual representa un aumento del 1,1% los recursos respecto a este año.

Junto con mantener el presupuesto para la dotación de funcionarios, según las líneas programáticas de la institución se contemplan mayores gastos a raíz del aumento en la asignación de riesgo de los funcionarios y contrataciones para liberar al personal operativo. Además, se aumentarán los recursos para la compra de uniformes, construcción de nuevos cuarteles y la renovación de radios portátiles.

También se contemplan alzas de un 38% del presupuesto en la mantención de vehículos, de un 171% para mobiliario y de $ 35 millones más a invertir en equipos informáticos de la institución. A diferencia del año pasado, algo que aumenta es la “formación y perfeccionamiento policial”, el cual contempla un crecimiento del 3,7% debido al aumento de aspirantes.

Ante la Subcomisión, el subsecretario Monsalve aseguró que “una de las tareas que se ha puesto el gobierno en materia estratégica es cerrar brechas institucionales, particularmente brechas de las policías. Mucho de la discusión presupuestaria se va a explicar en virtud de esa orientación, de cerrar una brecha en materia de equipamientos, de tecnología, en recursos humanos. Brecha que si se cierra, mejora la capacidad de las instituciones policiales para prevenir el delito”.

En el caso de la PDI, el presupuesto llega a los $ 493.731.067.000, lo que representa un incremento del 1,2%. En detalle, una de las mayores alzas de la policía civil se encuentra en el 30,5% de aumento en las prestaciones previsionales de la institución, ya que según su programa se contempla “la incorporación de nuevos detectives, asignaciones de antigüedad y ascensos proyectados para el año 2024″.

Además, existe un incremento de un 7% a los más de $ 2 mil millones destinados al Plan Microtráfico Cero (MT-0), a lo que se suma un aumento en los aportes a Interpol, llegando a un presupuesto de $ 329.619.000 y un alza del 95% para la renovación de vehículos.

La Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) disminuye un 1,4%, quedando su presupuesto en $ 8.923.058.000. La caída se debe a que ya se terminó de pagar el edificio de la institución.

La Subsecretaría de Prevención del Delito contempla un presupuesto de $ 68 mil millones con un incremento del 5,2%. Estos recursos se desglosan en un alza del 241,4% en la partida de “Innovación y Transferencia Técnica Territorial” con un presupuesto de más de $ 3 mil millones para crear el “Sistema Integrado de Seguridad”, plan piloto de televigilancia con inteligencia artificial en la RM.

Otra de las iniciativas que aumenta su presupuesto es el Programa Lazos, el cual consiste en un plan para evitar que niños, niñas y adolescentes cometan delitos, la que aumenta un 30,6%. Por último, el Sistema Nacional de Seguridad Municipal, crece en un 21,7%.

En caso contrario, se ve una disminución del 39,6% en el presupuesto para la realización de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana. Aquello, según explicó el subsecretario Eduardo Vergara, se debe a un cambio en la metodología y en una aplicación más acotada de la consulta. Otro que disminuye es el Sistema de Televigilancia (ex Calle Segura) que baja un 30,6%, y que se debe a que parte de dichos recursos se cambian al plan piloto de la RM. Además, hay otras disminuciones como el caso del Programa Denuncia Seguro y Somos Barrio Comercial, debido a que funcionarios que trabajaban a honorarios pasan a ser contrata.