El miércoles 23 de febrero, casi a las 19.00, los convencionales de los colectivos de izquierda y centroizquierda de la Comisión de Sistemas de Justicia se reunieron -sin los representantes de derecha- para acercar posiciones respecto de los temas que aún falta por zanjar en la discusión del primer bloque de propuestas sobre los principios de la jurisdicción.

La cita fue por Zoom y terminó pasadas la 23 horas. En la instancia, los constituyentes abordaron un punto que genera ruido y se vincula con la aprobación del artículo sobre pluralismo jurídico y la creación de un Sistema de Justicia Indígena que convivirá en paralelo y en igualdad con el Sistema Nacional de Justicia. La idea era despejar cuál será el rol de la Corte Suprema respecto de la eventual nueva jurisdicción destinada a los pueblos originarios.

El asunto se puede resumir en la siguiente interrogante que, hasta ahora, no ha sido respondida por los artículos aprobados por el pleno o la comisión: ¿Tendrá la Suprema la última palabra respecto de los asuntos que sean resueltos por el Sistema de Justicia Indígena?

El resultado de la reunión derivó en una serie de indicaciones que pretenden hacerse cargo de esa pregunta. Las enmiendas, sin embargo, no fueron de consenso: el documento solo fue firmado por los colectivos Pueblo Constituyente, Frente Amplio, Independientes No Neutrales, Coordinadora Plurinacional y Movimientos Sociales Constituyentes.

La indicación propone que respecto de lo resuelto por el Sistema Nacional Indígena -que dependerá de las costumbres y tradiciones de cada pueblo originario- existirá un recurso de revisión bajo una única causal que será la vulneración de los derechos humanos consagrados en la Constitución y en los tratados e instrumentos internacionales ratificados por Chile.

Este recurso, según esta propuesta, sí será visto por el máximo tribunal. El convencional Daniel Bravo (Pueblo Constituyente) lo resume así: “Se acordó que una sala especial de la Corte Suprema sea la responsable de resolver los eventuales conflictos de competencia y de conocer un recurso especial, equivalente a una nulidad, denominado revisión”.

Además, se incorpora la existencia de una acción para resolver problemas de competencia. Es decir, cuando haya alguna disputa por saber cuál de los dos sistemas deberá hacerse del problema. “Las partes siempre podrán ejercer una acción de competencia cuando consideren que su caso debe ser conocido por una sede jurisdiccional distinta”, dice una de las indicaciones.

La idea del recurso de revisión y de la acción de competencia es que sean vistos por una sala especial de la Suprema. Sin embargo, esta instancia no será integrada solamente por ministros. “El tribunal indígena es una sala de la Corte Suprema, plurinacional y paritaria, cuya función es resolver, con perspectiva intercultural y de manera exclusiva, del recurso de revisión por vulneración de derechos humanos, de la acción de competencia, de cualquier conflicto de competencia entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción común, y de las demás materias que la ley de coordinación contemple”, plantea la propuesta.

La integración de esa sala sería así: “Para la resolución de los asuntos sometidos a su conocimiento, sesionará en salas integradas por un juez y una jueza con especialización en derechos humanos de los pueblos indígenas, nombrados por el Consejo de la Justicia; una experta y un experto en derecho propio del pueblo de los intervinientes, nombrados por el Consejo de Pueblos Indígenas, y una o un profesional de las ciencias sociales con experiencia en diálogo intercultural, nombrado por el Consejo de la Justicia”.

Los representantes del Colectivo Socialista estudiarán esta propuesta, ya que aún no les convence del todo. Las dudas de estos convencionales apuntan a la composición de la sala especial de la Suprema y quieren que se consagre el derecho a opción, es decir, el poder elegir ser juzgado por un tribunal ordinario.

También tienen reparos respecto de que no se expliciten las materias que no serán de competencia indígena, como podría ser el ámbito penal. Además, plantearon que no queda claro cuál será el ámbito de aplicación, es decir, si la jurisdicción indígena es territorial o si será según pueblo originario independiente de los límites territoriales.

El convencional Christian Viera (Frente Amplio) también tiene sus matices. El abogado es partidario de que la sala especial sea integrada exclusivamente por ministros de la Corte Suprema. “En mi opinión, la integración de la sala especializada de la Corte Suprema debe estar integrada por jueces y juezas de la Corte Suprema. Si estamos avanzando en una mejor formación de jueces en enfoque de género, plurinacionalidad, si eso es serio, pues ellos deberán formarse en esas nuevas perspectivas”, explica Viera.

La derecha fue excluida de estas conversaciones. Sin embargo, los constituyentes van a insistir en reponer, en el pleno, las indicaciones presentadas por los convencionales de RN y también por Fuad Chahin (Colectivo del Apruebo). Estas enmiendas, que fueron rechazadas en la comisión durante esta semana, buscaban dejar a la Corte Suprema con la última palabra, con su rol de unificador de jurisprudencia y consagrar la libertad de elegir ser juzgado por los tribunales ordinarios.