Rafael Caviedes: “Fonasa requiere cambios profundos, mientras no se hagan no se puede pensar en una reforma”
El exdirector del Fondo Nacional de Salud y expresidente de la Asociación de Isapres observa la crisis de las aseguradoras y la eventual reforma del sistema sanitario. En ese contexto, afirma que la mejor opción es un modelo que asegure una colaboración entre el sector público y privado, tanto para las prestaciones como el aseguramiento.
La discusión sobre un nuevo sistema de salud está sobre la mesa. Al mismo tiempo que el proyecto de la nueva Constitución establece la creación de un Sistema Nacional de Salud universal, público e integrado sin las isapres, como se les conoce hasta hoy, las aseguradoras han levantado varias alertas durante los últimos meses sobre la compleja situación financiera que atraviesa la industria y que podría ponerles fin antes de la reforma que propone el gobierno.
En ese contexto, Rafael Caviedes, exdirector de Fonasa y expresidente de la Asociación de Isapres, afirma que la quiebra de una de estas empresas tendría un impacto grande en los afiliados: “El principal problema es para las personas que tengan una condición de salud que les impida elegir, son ellos los más complicados. Una persona que está sana, que es joven va a poder optar a otra isapre si la suya quiebra”.
¿Es tan compleja la situación de las isapres?
Las autoridades han señalado que la situación sí es compleja y eso se refleja en la relación que tienen las isapres con los prestadores y por la evaluación de riesgo que están haciendo las entidades financieras. Yo creo que hay una tensión, pues la situación que enfrentan las aseguradoras es delicada.
Y en ese contexto, ¿es necesario un reajuste del precio de los planes?
Sí, pues los costos de la salud aumentan, tanto en el sector público como privado. Todos los sistemas de salud del mundo, no solo de Chile, tienen un incremento muy importante de los costos, especialmente con la pandemia. Los costos aumentan porque cambia el perfil epidemiológico y el perfil etario de los afiliados. Además, hay un desarrollo científico de la medicina que hace que sea más caro. Por lo tanto, los costos de salud crecen por sobre el crecimiento de las riquezas de los países, eso es una realidad. Hay un dato que no les gusta mostrar, pero los costos en el sistema público han crecido en los últimos 20 años el doble que en los sistemas privados. Es decir, el sector privado de la salud ha desarrollado criterios de contención de costos más efectivos.
¿Qué le parecen los dictámenes de la justicia en favor de los afiliados, incluyendo el de la Corte Suprema?
Es un dictamen muy complejo, pues el fallo no se aplica solo a quienes han reclamado por el alza, sino que a todos los afiliados. Además, aun habiéndose dictado una ley que establece un procedimiento para el ajuste de tarifas, la superintendencia ha hecho una interpretación que, a mi opinión, no se debería haber hecho. La norma era suficientemente clara y estableció un procedimiento para el ajuste de precio, le dio facultades a la superintendencia y la institución hizo los cálculos. A nadie le gusta que se aumenten las tarifas, es una situación muy incómoda, pero hay una realidad que enfrentar. Si no hay equilibrio entre los gastos que tienen las isapres y las tarifas que pagamos todos los afiliados, evidentemente el sistema se hace inviable. Eso sí, el tribunal ha reconocido que se debe aplicar un ajuste de precio, pero modificando el procedimiento, eso es positivo.
¿Qué pasaría si una isapre quiebra?
Las isapres tienen que responder a parámetros de liquidez, de patrimonio y de garantía. Hay ratios financieros que están definidos en la propia ley y que las isapres tienen que cumplir, pues si no lo hacen, la superintendencia tiene la obligación de intervenir a la isapre y darle un tiempo para presentar un plan para resolver el problema de incumplimiento. Si no lo hace, la superintendencia puede liquidar esa isapre y ofrecer la cartera a otra aseguradora, y si no hay una empresa interesada, los afiliados tendrían que trasladarse a Fonasa.
¿Cómo afectaría a las personas?
La mayor preocupación que existe en estos momentos, no solo por la quiebra, sino que por el cambio del modelo, es qué pasa con las personas que tienen una preexistencia y los adultos mayores. Esas personas no van a tener posibilidad de contratar un seguro complementario o de cambiarse de isapre, si es que estamos hablando de quiebra. Por lo tanto, el principal problema es para las personas que tengan una condición de salud que les impida elegir, son ellos los más complicados. Una persona que está sana y que es joven va a poder optar a otra isapre si la suya quiebra. Según estimaciones que ha hecho la propia superintendencia, el 40% de los afiliados de las isapres tienen una enfermedad preexistente o son adultos mayores. Entonces, de los 3,5 millones de afiliados, 1,4 estarían obligados a estar en Fonasa, pues no serían recibidos ni en seguros complementarios ni en otra isapre.
Para usted, ¿cuál es la solución? ¿Las isapres deben modernizarse?
Estamos en un momento en el que el sistema de salud requiere, sin duda, una reforma, tanto el sector público como el privado. Tienen que eliminarse las barreras entre ambos sistemas para que las personas puedan transitar libremente entre ambos. Para mí eso es lo esencial, que exista libertad para elegir.
¿Qué opina sobre la propuesta constitucional y que se eliminen las isapres del modelo sanitario chileno?
La propuesta constitucional no se debería haber inclinado a una opción en particular. Hay dos grandes modelos que se pueden aplicar y que son los que se están aplicando en distintos países. Uno es un modelo multiseguros, donde de alguna forma los seguros compiten para entregar y garantizar a las personas un plan universal de salud, entonces las personas pueden elegir su seguro, el cual está sujeto a las políticas públicas. La otra opción es la de crear un fondo único de salud con un administrador estatal y que consiste en que el Estado garantiza, generalmente a través de impuestos, un sistema de salud a toda la población. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Que el primero tiene la ventaja de que es un sistema con una profunda colaboración público-privada. En mi opinión, ese sistema es más cercano a lo que tenemos en Chile y es más fácil de adaptar a la idiosincrasia que tenemos, pues es un modelo que permite la libre elección. Sin embargo, ese sistema se ha descartado y la propuesta constitucional se ha inclinado por el segundo modelo, el del sistema único de salud. Eso sí, este tiene problemas y es que generalmente entregan un servicio peor que el que ofrecen los del multiseguros y las personas están capturadas, y solo las que tienen más recursos pueden comprar un seguro voluntario.
Hay quienes dicen que podemos tener un fondo único en unos años más. ¿Qué opina usted?
Aquí existe una base de fondo único de salud que es Fonasa, pero Fonasa y su red de prestadores no está en condiciones de recibir a 3,4 millones de personas, porque tiene una estructura de gestión obsoleta y requiere cambios muy importantes y profundos. Mientras eso no se haga, no se puede pensar en una reforma que implique la atención a una población mayor. Las prioridades están un poco invertidas, es decir, se tuvo que haber comenzado por hacer una modernización profunda de la red estatal y una vez que eso esté funcionando se puede pensar en cuál de los dos modelos se puede utilizar para Chile.
Si de usted dependiera, ¿cuál debería ser el modelo?
Creo que la solución para Chile es un sistema que permita la colaboración entre el sector público y privado, con un mecanismo de compensación de riesgo para las personas que lo necesiten y que puede ser administrado por un ente único. Otro requisito que tiene que tener el sistema es que no existan barreras para la movilidad.
Comenta
Por favor, inicia sesión en La Tercera para acceder a los comentarios.