El gobierno quiere subir el tope imponible, igualándolo al que se usa para el seguro de cesantía, es decir, desde las actuales UF81,6 ($2.792.000) a UF122,6 ($4.195.000), es decir, un alza de 50%. Eso comentan fuentes conocedoras de la propuesta que prepara el Ejecutivo para modificar el sistema de pensiones, lo cual también va en línea con la recomendación que hizo la Comisión Bravo en 2015.

El tope imponible corresponde al límite que establece el monto máximo de la remuneración que será sujeto a cotización previsional, el cual se reajusta de forma anual. Actualmente quienes tienen un sueldo mayor a UF81,6, en realidad solo cotizan su 10% obligatorio para pensión sobre este último monto, y todo lo que ganan por encima de eso, va a su bolsillo, aunque previamente deben descontar impuestos.

Si bien un alza del tope imponible se traduce en una baja del sueldo líquido que reciben aquellas personas que tienen salarios superiores a UF81,6, como el ahorro para jubilación es antes de impuestos, se podría producir una menor disminución de la esperada, comenta la directora de Brain Invest, María Eugenia Jiménez.

También aclara que el efecto sería una baja del sueldo líquido producto de la cotización del 10%. Pero como el empleador será quien deberá aportar el 6% de cotización adicional que propone el gobierno, será el empleador quien tendrá que desembolsar más dinero en estos casos. Lo mismo ocurre con el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS).

De acuerdo a un análisis hecho por Ciedess en base a los últimos datos de la Superintendencia de Pensiones, “a junio de 2022 existía un total de 5.875.184 cotizantes en el sistema de pensiones, de los cuales el 7,2% aportaban por el tope imponible (UF81,6). De este modo, un aumento en el tope imponible afectaría directamente a este último segmento, es decir, a 423.109 cotizantes”.

Asimismo, el departamento de estudios de la Cámara Chilena de la Construcción señala que, según información del seguro de cesantía, “para igual mes se tiene un total de 5.079.069 cotizantes, de los cuales 135.364 aportaban por el tope imponible (122,6 UF). De este modo, asumiendo que este último grupo sería el que mantendría un tope imponible de 122,6 UF, se estima un total de 287.745 cotizantes cuyo imponible estaría entre las 81,6 UF (tope actual) y las 122,6 UF (nuevo tope)”.

El gerente general de Ciedess, Rodrigo Gutiérrez, señala que “pese a que el eventual aumento en el tope imponible sería significativo (50,2%), en términos de aportes la variación sería más acotada. Se estima que la renta imponible promedio crecería un 6,5%. De este modo, considerando las cifras de junio de 2022, la renta imponible promedio pasaría de $991.774 (situación vigente) a $1.056.249 (con el nuevo tope)”.

Gutiérrez añade que pese a lo anterior, “el incrementar el tope imponible implicaría mayores aportes por parte de quienes actualmente están limitados con el tope, impactando positivamente en sus futuras pensiones autofinanciadas. Adicionalmente, dentro del contexto de la reforma previsional, tendría un efecto solidario, considerando la cotización del 6% que tiene como destino el fondo colectivo. Lo anterior se explica por la mayor cotización de los 423.109 cotizantes ya señalados, dado que, según los trascendidos, el 25% de esta mayor cotización iría en directo beneficio de aproximadamente 3,8 millones de cotizantes, con aportes mensuales que pasarían de $17.135 millones (25% del 6% de cotización con el tope actual) a $22.817 millones (25% del 6% de cotización con el nuevo tope), equivalente a un alza en lo recaudado de un 33,2%”.

La idea de subir el tope imponible se viene debatiendo desde hace ya largo tiempo en el país, incluso antes de que lo propusiera la Comisión Bravo en 2015. Así por ejemplo, ya en 2013 el entonces consejero del Banco Central, Joaquín Vial, proponía ajustar de forma gradual el tope imponible de ese momento, a las 60 UF de 1981, lo que significaba pasar de $ 1,6 millones a $ 4,3 millones.

En 2016, el superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, comentó que “lo lógico es que el tope sea igual para todos”, en referencia a que existe un tope imponible diferenciado para el seguro de cesantía y el resto de las cotizaciones.

Más recientemente, a fines de julio de 2020, la entonces oposición entregó al anterior gobierno del expresidente Sebastián Piñera su propuesta de reforma previsional con 8 ejes. Uno de ellos planteaba ir hacia un sistema de pensiones mixto en el pilar contributivo, el cual debía conformarse a partir de la creación de un componente público, de ahorro colectivo solidario, al que se destine una cotización adicional de 6% de cargo del empleador. Y ahí pedían que todo eso fuera sin tope imponible.

El gobierno anterior analizó esta y otras propuestas hechas por la centroizquierda, pero decidieron no avanzar en modificar el tope imponible dadas las complejidades que veían que podría tener. Entre ellas, analizaron que disminuiría la recaudación de impuestos, considerando que las cotizaciones se pagan antes de impuestos. Asimismo, aumenta el costo para la empresa, ya que el empleador deberá pagar un mayor monto por cotizaciones. En tercer lugar, aumenta el costo para el Estado en licencias maternales, porque el subsidio se calcula en base al salario imponible, y es pagado por el Estado. Y como cuarto punto, aumenta el gasto de licencias comunes.