Esta podría ser una semana clave para la reforma previsional. La idea del gobierno es lograr un acuerdo antes del próximo 14 de agosto con los diputados oficialistas, la DC, Demócratas, y ojalá tratando de incorporar a parte de la oposición: Evópoli y RN.
Los temas que se tratarán en este acuerdo serán la reorganización industrial y el destino del 6% de cotización adicional. Es por eso que la idea sería ingresar una indicación sustitutiva al proyecto donde estén reflejados estos acuerdos, en un proyecto que busca ser de menor extensión que el actual, para así acelerar la tramitación.
Eso fue lo que el gobierno comunicó la semana pasada al oficialismo en el palacio presidencial de Cerro Castillo, donde detallaron el cronograma que tienen pensado para el proyecto en la Cámara de Diputados, y que contempla despachar la iniciativa al Senado antes de Fiestas Patrias.
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, dijo este lunes en radio Duna que considera que se puede alcanzar a aprobar el proyecto en la Cámara antes de Fiestas Patrias: “Creo que si existe la voluntad de entrar a la sustancia del proyecto, creo que eso es posible, porque los elementos están sobre la mesa, los planteamientos están, el gobierno ha demostrado disposición y flexibilidad, ha señalado algunas cosas que podrían hacerse. Pero el gobierno no puede resolver un proyecto de ley solo, aquí hay poderes colegisladores”.
Por eso mismo el gobierno ya está en conversaciones, al menos con el oficialismo y la DC. En paralelo, desde Chile Vamos señalan que por el momento no hay tratativas sobre este asunto con el Ejecutivo. Con el PDG tampoco hay reuniones en marcha, pero el Ejecutivo acordó conversar, aunque no han fijado fecha.
En su paso por la Cámara, el Ejecutivo está dispuesto a ceder un 2% a cuenta individual, para dejar un espacio y seguir negociando en el Senado, donde esperan que la fórmula termine en un 3% a cuenta individual y 3% a seguros sociales, señalan fuentes al tanto del asunto.
Hoy, tal como van las negociaciones, el gobierno sí cuenta con los votos que necesita para aprobar el proyecto en la Comisión de Trabajo, sin el respaldo de Chile Vamos, pero el gran desafío es lograr aprobar la idea de legislar en la sala de la Cámara, para que no se repita lo ocurrido con la reforma tributaria. El proyecto ya se aprobó en general en enero en la Comisión de Trabajo, pero no obtuvo el respaldo de Chile Vamos en esa ocasión.
Las líneas rojas en la semana de los acuerdos
En esta, la semana que podría ser clave para los acuerdos, hay partidos que han ido flexibilizando sus posturas, mientras que otros se mantienen firmes en lo que han venido sosteniendo desde hace tiempo. ¿Cuáles son los transables e intransables de cada uno?
Entre los primeros está el diputado integrante de la Comisión de Trabajo y presidente de la DC, Alberto Undurraga, quien está de acuerdo con que el gobierno apure el tranco en este proyecto. “Nos parece positivo que se ponga un plazo, porque esta reforma lleva mucho tiempo sin acuerdo, y el plazo presiona para que haya un acuerdo. Segundo, me parece que es viable hacerlo en septiembre solo si el gobierno acorta el proyecto y lo deja en las tres cosas principales: el 6%, la separación de la industria, y el aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU)”. Eso implicaría que no se derogue el DL 3.500.
Undurraga asegura que desde la DC “vamos a contribuir a un acuerdo en que respecto al 6%, una parte vaya a solidaridad y otra parte a cuentas individuales. Nuestra preferencia es 3%-3%, pero estamos abiertos a otros números. Y vamos a participar de un acuerdo donde haya una separación de la industria, pero donde se asegure que haya competencia efectiva, y que el inversor público no sea y un servicio, sino que sea una empresa. Además, somos partidarios de que por el lado del soporte se licite la gestión”.
Por su parte, el diputado PPD integrante de la Comisión de Trabajo, Héctor Ulloa, afirma que “es vital que exista un elemento de solidaridad en el sistema de pensiones, en el que si bien el gobierno lo ha traducido en 4 puntos porcentuales del 6%, lo relevante para nosotros es su existencia y que al mismo tiempo permita aumentar pensiones premiando los años cotizados y que, por tanto, la solidaridad no solo se encuentre expresada en el aumento de la PGU, sino que en la parte contributiva de la reforma. Por otro lado, es necesario vía separación industrial bajar los costos y comisiones, permitiendo mayor competencia en la inversión que hagan los privados, permitiendo mayor monto de pensiones por esta vía en el largo plazo”.
El diputado Juan Santana (PS), presidente de la Comisión de Trabajo, comenta que “más que transables e intransables, nuestro respaldo va a estar en lo que defina la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, en las negociaciones que está llevando adelante para sacar adelante la reforma previsional. A diferencia de otros partidos, como la UDI por ejemplo, nuestra posición es facilitar que se pueda alcanzar un acuerdo. No seremos un obstáculo para el gobierno, ni para el país, ni para los adultos mayores: necesitamos mejores pensiones, necesitamos solidaridad y necesitamos una vejez digna y en paz”.
Desde el PDG, el diputado Rubén Oyarzo, señala que están esperando a ver qué proyecto sale de la Comisión de Trabajo para evaluar si aprueban o no la idea de legislar. “Para aprobar el proyecto, primero, no deben existir cuentas nocionales. Segundo, tiene que haber libre competencia, creemos que no hay problema en que haya una entidad estatal”, detalla. También dice que se debe considerar el autopréstamo.
Sobre el 6% de cotización extra, Oyarzo afirma que son de la idea de que todo vaya a cuenta individual, “pero sabemos que también tiene que haber solidaridad. Ahí lo que hemos presentado como propuesta, es que un 2% o 3% sea un préstamo para mejorar las pensiones a los jubilados actuales, pero que eso esté registrado en la cuenta individual de las personas, cosa que se reintegre eso que se les sacó”. También están disponibles para debatir otras fórmulas.
Desde Demócratas, el diputado Miguel Ángel Calisto espera que haya “aumento de la PGU vía impuestos, al menos 3% de la nueva cotización a cotización individual y el restante a solidaridad, pero para quienes cotizaron”. Estima que la PGU debe ser “universal y suficiente para que asegure una base de pensiones a todos las personas”. Y enfatiza: “Hay que ser muy claros, la PGU se debe mejorar vía impuestos no a través de la reforma tributaria”. Agrega que “el seguro de longevidad debe estar en sintonía con una baja en las tablas de mortalidad”.
El diputado Andrés Giordano (Ind-FA) señala que ”es fundamental la desintegración de la industria, la implementación de un seguro social que se haga cargo de las brechas de género por salario, tablas de mortalidad, labores de cuidado no remunerado, de subir las pensiones de los actuales pensionados y pensionadas, y una arquitectura que sea capaz de adquirir la legitimidad propia de un instrumento tan relevante como el sistema de pensiones. Con AFP, solo con capitalización individual, con un negocio sin riesgos y socialmente fracasado, eso no es posible. No se trata solo de subir las pensiones, sino de hacerlo sustantivamente, bajo un criterio de suficiencia que ponga en el centro a las y los jubilados”.
El diputado Luis Cuello (PC) espera que “la oposición deje la intransigencia. Lo principal es que esta reforma cree un seguro social. Para ello, hay que tener conciencia que cada punto del 6% que se destine a ahorro individual significa menor pensión para los actuales jubilados”.
El jefe de bancada de RN, Frank Sauerbaum, dice que “no estamos en condiciones de entregar ningún porcentaje del 6% a reparto”, y que todo eso debe ir a capitalización individual, así como debe existir “una libertad de elección. Si el gobierno quiere establecer un organismo público, no hay ningún problema, pero sí que existan muchos inversores y administradores para que mantener la libertad de las personas. Y los fondos deben ser de propiedad de los trabajadores, heredables”.
El jefe de bancada del Partido Republicano, Benjamín Moreno, considera que algunos de los mínimos que se requieren para llegar a acuerdos son: “propiedad del 6% (y a cuentas individuales). Heredabilidad; inexpropiabilidad; no generar monopolios estatales en ningún ámbito de la reforma; aumentar la competencia; sostenibilidad en el tiempo; bases de cálculo claras, precisas, transparentes y bien sensibilizadas”.
