En una etapa clave entró la reorganización de PJ Chile SpA, sociedad que opera la franquicia de Papa John’s.

Se trata de la empresa más grande de su categoría, con una participación de mercado en torno a 56% y con 145 locales en todas las regiones del país, de acuerdo a la solicitud presentada al 26° Juzgado Civil de Santiago. Por lo mismo, cobra relevancia la próxima junta de acreedores fijada para el martes 9 de mayo a las 11 horas en dependencias del tribunal, pues en la reunión se votará la aprobación o rechazo de la propuesta de reorganización judicial.

La propuesta de reorganización tiene por objeto iniciar un proceso de venta de las acciones de PJ Chile SpA y de los activos de la compañía, con autorización de la Comisión de Acreedores y de PJ Internacional. En efecto, el accionista de Drake Food Services International (DFSI) otorgó un mandato a LarrainVial para que, “lo antes posible y no más allá del del 10 de noviembre de 2024″, se produzca el ingreso de un nuevo controlador.

Bajo ese contexto, la semana pasada el veedor del proceso, Enrique Ortiz, presentó un informe en el que respaldó la propuesta que presentó PJ Chile, compañía controlada por DFSI, ligada al empresario Nicolás Ibáñez.

El escrito, que cuenta con 39 páginas, detalló que en un escenario de quiebra se pagaría la totalidad de los créditos preferentes, pero sólo un 7,93% de los créditos valistas que suman $ 59.433 millones. En este grupo figuran una serie de empresas y personas que exigen el pago de cuantiosas deudas. Entre ellos están: los saldos a trabajadores ($ 512 millones); proveedores nacionales ($ 2.273 millones); proveedores extranjeros ($ 3.497 millones) y acreedores bancarios ($ 53.150 millones). A su vez, en este último segmento están: Banco BTG Pactual Chile, Banco Santander-Chile, Banco de Chile, Banco BICE, Banco Security y Banco de Créditos e Inversiones (BCI).

“Este monto podría verse alterado teóricamente para el caso que el acreedor prendario BTG Pactual liquide sus garantías exógenas correspondientes a las acciones de la Empresa Deudora, y como consecuencia de ello, rebaje el monto valista que hemos determinado. Sin embargo, no hemos establecido un precio a dichas garantías, las que suponemos muy depreciadas en la hipótesis de liquidación concursal de la proponente que estamos desarrollando”, explicó en su informe Ortiz, al que tuvo acceso Pulso.

En caso de caer en liquidación la compañía, el veedor proyectó recaudar $ 18.049 millones, pero sus egresos ascenderían a $ 13.333 millones, lo que dejaría como saldo sólo $ 4.715 millones.

Según consignó el informe, la disminución de los fondos que ocurriría en una liquidación se debe a una fuerte carga de “egresos”, vinculados al cumplimiento del artículo 2.472 del Código Civil, el cual establece la primera clase de los créditos.

De acuerdo al reporte, el veedor estableció cuatro tipos de créditos como bajo la línea de egresos, siendo el mayor el que corresponde al inciso octavo, referido a indemnizaciones por años de servicios de los trabajadores. En efecto, sólo por dicho concepto en caso de caer en liquidación, PJ Chile debería pagar $5.865 millones. Al 23 de diciembre de 2022, PJ Chile contaba con 4.800 colaboradores y 1.200 estaban a su cargo.

La cifra del informe se trata de una proyección de finiquitos para trabajadores vigentes al 30 de abril de 2023. En el cálculo se considera para los topes, el sueldo mínimo anunciado por las autoridades a contar del mes de mayo de 2023, de $440.000.

Por otro lado, el informe proyectó, bajo el escenario de una liquidación, los ingresos que se obtendrían en caso de vender los locales de la compañía.

En el documento, el veedor detalló el número de locales y proyectó el monto de venta por cada local. Bajo ese esquema, PJ Chile SpA cuenta con ocho locales de 90 mts2 y por cada uno estimó un precio de $ 25 millones. Luego siguen 51 locales de por hasta 150 mts2 ($ 30 millones). A ellos se suman 81 locales, por hasta 300 mts2 ($ 35 millones), y otros 10 de hasta 500 mts2, por $ 40 millones. Pero sin duda, la joya de la corona es un local que tiene más de 500 mts2 y cuyo precio asciende a $ 45 millones.

“Como consecuencia de lo anterior, hemos estimado de recuperación por la venta de los locales comerciales una suma no inferior a $ 5.010 millones”, concluyó el informe.

Además, la venta de los bienes muebles, vehículos y equipos computacionales de las oficinas centrales, realizado en un remate a través de un martillero concursal, con una proyección de recupero del 30% sobre el valor comercial establecido por la proponente, entregaría un resultado aproximado de $149.163.675.