El año pasado la Unidad de Análisis Financiero (UAF) recibió 11.400 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de los sujetos obligados privados y públicos, lo que significa un alza de 17,1% versus 2021. Así lo revela el informe estadístico anual que realiza la UAF, donde muestra las principales actividades que desarrolla para prevenir y detectar los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT).

Este incremento “se explica, principalmente, por el mayor reporte de los bancos, las cajas de compensación y las corredoras de bolsas de valores, y por un mayor nivel de reporte de sujetos obligados que, año tras año, usualmente son intensivos en el envío de ROS”, dice el reporte anual.

Ahí se detalla que, en promedio, la UAF recibió cerca de 45 ROS por cada día hábil del año, esto es, siete adicionales versus el año previo. En tanto, puntualiza que los meses con mayor recepción de ROS fueron marzo (1.482 reportes), noviembre (1.166), septiembre (1.020) y octubre (1.004).

“Respecto de los reportados en los ROS, de aquellos que presentaban causas (vigentes o terminadas) en el Poder Judicial (alrededor del 14% de reportados y vinculados), los principales delitos asociados correspondieron a estafas, drogas y defraudaciones”, señala el informe.

También explica que son siete los sectores económicos que concentraron cerca del 91% del total de ROS enviados a la UAF. Lideran los bancos con 5.881 ROS, un 51,6% del total. Le siguen las AFP (1.551 ROS, 13,6%), cajas de compensación (979 ROS, 8,6%), corredoras de bolsas de valores (589 ROS, 5,2%), empresas de transferencia de dinero (522 ROS, 4,6%), emisoras u operadoras de tarjetas de crédito, de prepago u otro similar (442 ROS, 3,9%), y otras entidades facultadas para recibir moneda extranjera (388 ROS, 3,4%).

Durante 2022, el registro de entidades reportantes de la UAF cerró el año con 8.379 personas naturales y jurídicas inscritas, un alza de 3%, o 242 entidades inscritas adicionales respecto a 2021. De ese total, 7.918 pertenecen a las 38 actividades económicas que supervisa la UAF y 461 son instituciones públicas.

Por otro lado, el documento da cuenta de que en 2022 “los procesos permanentes de inteligencia financiera que realiza la UAF permitieron detectar indicios de LA/FT en 1.132 ROS, equivalente a un alza de 120,2% respecto del año anterior”. El informe puntualiza que esta información fue enviada al Ministerio Público, que es la única institución responsable de investigar y perseguir penalmente tales delitos en el país.

Y agrega que “al examinar los 122 informes enviados al fiscal nacional entre 2021 y 2022, se tiene que la corrupción, el contrabando, el narcotráfico y la estafa concentraron el 84,4% de los eventuales delitos base de lavado de activos identificados. Un 13,1% abarca los delitos tributarios, de asociación ilícita, uso fraudulento de tarjetas de pago, trata de personas, administración desleal, apropiación indebida, fraude de subvenciones, tráfico de armas, fraude y tráfico de migrantes. El 2,5% restante corresponde a información sobre ilícitos probables que no fueron posibles de clasificar en una categoría concreta”.

Asimismo, el Ministerio Público también puede solicitar a la UAF información relacionada con sospechas de actividades de LA/FT durante las investigaciones que realiza. Ello, mediante oficio reservado. Bajo este escenario, el año pasado la Fiscalía envió a la UAF 90 requerimientos de información, asociados a 1.210 personas naturales y jurídicas. Esto se traduce en una baja de 16,7% en el número de comunicaciones, pero también implica un aumento de 36,3% en los consultados.

Con todo, las entidades privadas que supervisa la UAF informaron 2.535.809 operaciones en efectivo superiores a US$10.000, o su equivalente en pesos chilenos, a través de los Reportes de Operaciones en Efectivo (ROE). Ello implica una baja de 7,6% versus 2021.

Al ver las Declaraciones de Porte y Transporte de Efectivo (DPTE) que hizo el año pasado el Servicio Nacional de Aduanas, se obtiene que envió 9.646 a la UAF, un alza interanual de 227%. Dicho Servicio debe mandar a la UAF las DPTE de todos quienes portan o transportan moneda en efectivo (o instrumentos negociables al portador) desde y hacia el país, por un monto superior a US$10.000 o su equivalente en otras monedas.

La UAF explica que cuando “detecta incumplimientos de las obligaciones legales establecidas en la Ley N°19.913 y/o en la Circulares UAF para prevenir el LA/FT, inicia procesos sancionatorios administrativos que pueden terminar con amonestaciones y multas a beneficio fiscal”.

Así, sostiene, “tras un año 2021 en que este Servicio no pudo iniciar procesos sancionatorios a personas naturales o jurídicas del sector privado por la imposibilidad de notificarlas personalmente (como lo establece el artículo 22 de la Ley N°19.913), a raíz de las restricciones y consecuencias derivadas de la pandemia de Covid-19, durante el 2022 la UAF inició 52 procesos. De estos, el 75% fue por incumplimientos asociados al envío de los ROE por sobre US$10.000 (sea de plazo o de forma) y el 25% con faltas detectadas durante las fiscalizaciones en terreno”.

Finalmente, la UAF precisa que en 2022 cerró 168 procesos sancionatorios que estaban en curso, esto es un 44,8% más que en 2021.